Sanciones y desplome cambiario avivan temores de hiperinflación en Venezuela
Venezuela vuelve a sumirse en una tormenta inflacionaria, según nuevos pronósticos que advierten que los aumentos de precios podrían dispararse en hasta un 530 % al cierre del 2025, impulsados por el colapso de su moneda, interrupciones en las exportaciones de petróleo y un creciente aislamiento político y económico.
Tras dos años de relativa calma y estabilización económica moderada, la inflación ha regresado con fuerza. Según Bank of America Global Research, la inflación mensual alcanzó el 26 % en mayo, frente al 18 % en abril, marcando el ritmo más rápido en años y despertando temores de un retorno a la hiperinflación plena.
“Los temores de hiperinflación han regresado”, afirmó Sebastián Rondeau, economista de Bank of America. “El deterioro en la estabilidad de precios es grave y se está acelerando”.
El fuerte repunte inflacionario es resultado de una tormenta perfecta de vulnerabilidades estructurales y nuevas presiones externas, sobre todo la reimposición de sanciones de Estados Unidos al sector petrolero venezolano a principios de este año y una caída simultánea en la producción de crudo.
La inflación anual de Venezuela alcanzó el 229% en abril, un aumento drástico frente al promedio interanual del 94 % en el mismo período del 2024. Si las tendencias actuales continúan, Bank of America proyecta una tasa de inflación del 530 % para 2025 —posiblemente el peor año económico del país desde el infame ciclo hiperinflacionario de 2017–2019.
Gran parte de la presión inflacionaria proviene del debilitado sector petrolero venezolano, una de las principales fuentes de divisas y de ingresos para el gobierno.
Bank of America y Bloomberg informan que la producción de petróleo cayó a 870,000 barriles diarios en abril, desde 980,000 en marzo, una disminución que los analistas atribuyen directamente a la decisión de Estados Unidos de anular las licencias clave para empresas estadounidenses e internacionales puedan operar en la industria petrolera del país sudamericano.
A fines de mayo, la administración Trump se negó a renovar la licencia que permitía a Chevron y varias firmas europeas operar en Venezuela bajo exenciones de sanciones. Como resultado, Chevron se vio obligada a suspender la exportación de casi cinco millones de barriles de petróleo, una pérdida significativa para el régimen socialista, que sufre una grave escasez de efectivo.
Para empeorar las cosas, otras operadoras extranjeras como ENI y Maurel & Prom también vieron suspendidas sus licencias. Estos cambios de política provocaron una caída brusca en los envíos de crudo y la pérdida de vitales ingresos en divisas.
Echando más leña al fuego, el presidente Donald Trump anunció en marzo que su administración impondría un arancel del 25% a los países que importen petróleo venezolano y un 15% a las importaciones directas desde Venezuela.
Las sanciones y los recortes en las exportaciones de petróleo han ejercido una presión enorme sobre el ya debilitado bolívar, que se ha devaluado a un promedio del 13% mensual en lo que va del año. Este rápido descenso sigue a un breve período de estabilidad cambiaria en 2024, cuando el régimen de Caracas intentó mantener un tipo de cambio controlado mediante intervenciones del Banco Central y reservas limitadas de dólares.
Pero esas reservas prácticamente se han agotado. Con las exportaciones de petróleo en declive, el gobierno lucha por obtener divisas y ha vuelto a recurrir al financiamiento monetario: imprimir bolívares para cubrir los déficits de gasto.
Como resultado, los precios de los bienes básicos se han disparado. Un kilo de carne de res se vende ahora entre $7 y $8 en el mercado negro, comparado con $4 hace apenas unos meses. Trabajadores públicos reportan caídas reales en sus salarios de más del 70% desde comienzos del año, y se están extendiendo huelgas entre trabajadores de la salud, docentes y pensionados.
Incapaz de frenar la tormenta económica, el régimen socialista ha centrado su atención en quienes se atreven a divulgar el colapso. En las últimas semanas, las autoridades han detenido a economistas, analistas y operadores de plataformas digitales que publican datos financieros independientes, intensificando una campaña represiva destinada a ocultar el empeoramiento de la crisis económica venezolana.
Las detenciones se produjeron tras la publicación de datos alarmantes sobre la inflación por parte del Observatorio Venezolano de Finanzas, que informó una tasa de inflación anualizada del 229% hasta mayo. El Banco Central de Venezuela, controlado por leales a Maduro, dejó de publicar cifras oficiales de inflación en octubre de 2024, cuando los precios comenzaron a dispararse nuevamente.
“El gobierno quiere eliminar el mercado paralelo sin ofrecer suficientes dólares —y eso es imposible”, dijo el economista exiliado José Guerra, quien encabeza el observatorio. “Están intentando controlar la inflación mientras imprimen dinero sin respaldo. La liquidez monetaria aumentó un 250% solo hasta mayo. Eso inevitablemente genera más inflación”.
El esfuerzo del gobierno por silenciar la disidencia también se ha extendido a plataformas populares como Monitor Dólar, que publicaba tasas de cambio no oficiales cruciales para empresas y consumidores en un país plagado de inestabilidad cambiaria. El sitio dejó de actualizarse el 27 de mayo. Poco después, las autoridades detuvieron a unas 20 personas vinculadas con la plataforma.
El exchange de criptomonedas El Dorado —utilizado frecuentemente como referencia por Monitor Dólar— también cerró sus operaciones en Venezuela tras las detenciones. Ahora, muchas transacciones cambiarias informales se están canalizando a través de plataformas como Binance en un intento de evitar la vigilancia digital y la represión del gobierno.
Con el costo en bolívares de comprar un dólar estadounidense más que duplicado desde enero, el régimen ha respondido no con reformas económicas, sino con persecución política.
