Desaparecidos sin rastro: Amnistía acusa a Maduro de usar la desaparición forzada como arma de terror
Llegaron sin previo aviso—muchas veces de noche, sin órdenes judiciales ni explicaciones. Un periodista conducía de regreso a casa. Un estudiante estaba en un punto de control fronterizo. Un abogado se reunía con líderes sindicales. Al momento siguiente, habían desaparecido—sin dejar rastro.
Desde la disputada elección presidencial de Venezuela en 2024, decenas de personas han desaparecido tras encuentros con fuerzas de seguridad. Según un nuevo informe de Amnistía Internacional, no se trata de casos aislados, sino de una campaña coordinada de “desapariciones forzadas”, una escalofriante herramienta de represión estatal que, advierte la organización de derechos humanos, podría constituir crímenes de lesa humanidad.
Se trata de una estrategia deliberada para silenciar la disidencia y aterrorizar a la población, señala Amnistía en su informe de 46 páginas, “El crimen de la desaparición forzada en Venezuela: detenciones sin rastro”. El documento cubre 15 casos emblemáticos entre julio de 2024 y junio de 2025, y documenta un patrón de detenciones arbitrarias, traslados clandestinos y encarcelamientos incomunicados—muchas veces sin que las víctimas vuelvan a aparecer.
Muchos de los objetivos eran periodistas, defensores de derechos humanos, opositores y ciudadanos extranjeros. Entre los casos más destacados:
Rory Branker, editor del portal La Patilla, fue secuestrado en Caracas por hombres armados en febrero. No se le ha vuelto a ver. Posteriormente, las autoridades acusaron al periodista de “extorsión”, pero se negaron a revelar su paradero.
Eduardo Torres, abogado del grupo PROVEA (Programa Venezolano de Educación–Acción en Derechos Humanos), desapareció en diciembre. Su nombre apareció en expedientes de tribunales de terrorismo, pero su familia no ha recibido ninguna notificación formal.
Yevhenii Trush, un refugiado ucraniano de 19 años con autismo, fue arrestado en la frontera con Colombia. Huyó de la guerra, pero las autoridades venezolanas nunca reconocieron su detención.
Andrés Martínez y José María Basoa, ciudadanos españoles, fueron detenidos al llegar de Madrid y etiquetados como “mercenarios de la CIA”. España niega cualquier vínculo con la agencia.
Las víctimas son frecuentemente capturadas por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o del SEBIN, el servicio de inteligencia bolivariano, en operativos de civil y vehículos sin identificación. Los detenidos son trasladados entre centros clandestinos, sin informar a sus familiares—violando estándares internacionales de debido proceso y generando serias preocupaciones sobre torturas y abusos.
Las revelaciones llegan en un momento especialmente sensible para el sur de Florida, donde miles de venezolanos enfrentan deportaciones inminentes mientras la administración Trump reactiva los vuelos de repatriación.
Pese a las crecientes pruebas de abusos sistemáticos, funcionarios estadounidenses han comenzado a declarar algunas zonas de Venezuela como “seguras” para el retorno—una postura firmemente rechazada por defensores de derechos humanos.
Operación ‘Tun Tun’
La represión se intensificó en Venezuela tras la autoproclamación de Nicolás Maduro como ganador de un tercer mandato presidencial, tras las elecciones ampliamente cuestionadas del 28 de julio de 2024. En las semanas posteriores a los comicios, más de 2,500 personas fueron arrestadas por protestar, y al menos 25 manifestantes —incluyendo a dos menores— murieron a manos de las fuerzas de seguridad.
El gobierno bautizó su respuesta represiva como Operación Tun Tun, un término popular que hace alusión a redadas policiales de madrugada. Como parte de la operación, las autoridades modificaron la aplicación móvil VenApp —inicialmente destinada a reportar huecos en las calles o cortes eléctricos— para permitir que simpatizantes del régimen denunciaran a manifestantes y a disidentes. Se revocaron pasaportes, se allanaron viviendas y se desmantelaron organizaciones de la sociedad civil.
En un discurso posterior a las protestas, Maduro prometió “cero perdón” y mencionó como destino de los manifestantes la cárcel de Tocorón, una de las más infames del país.
Moneda de intercambio diplomático
El informe de Amnistía también alerta sobre la detención de ciudadanos extranjeros no solo con fines propagandísticos, sino como fichas de cambio en negociaciones diplomáticas discretas.
En enero de 2025, poco después de una visita de un enviado estadounidense a Caracas, el gobierno de Maduro liberó en silencio a varios estadounidenses detenidos arbitrariamente—alimentando sospechas de que los presos son usados como piezas en intercambios internacionales.
Algo similar ocurrió en 2023, cuando Venezuela liberó a 10 presos políticos tras el retorno a Caracas de un cercano aliado de Maduro, extraditado por cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.
Según el derecho internacional, la desaparición forzada se convierte en crimen de lesa humanidad cuando forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Amnistía sostiene que Venezuela ya ha cruzado ese umbral.
El país firmó, pero nunca ratificó, la Convención de la ONU sobre Desapariciones Forzadas. Sin embargo, como parte del sistema interamericano de derechos humanos, tiene la obligación legal de prevenir y sancionar estos actos.
En lugar de eso, el régimen de Maduro ha “convertido al sistema judicial en un arma”, denuncian distintas organizaciones, para facilitar desapariciones y aplastar a la oposición.
Tortura sistemática
Las conclusiones de Amnistía coinciden con otro informe de 110 páginas publicado en mayo por el Instituto CASLA que documenta el uso sistemático de tortura, guerra psicológica y desapariciones forzadas tras las elecciones disputadas.
El informe de CASLA describe el resurgimiento aterrador de “casas de tortura” clandestinas donde los detenidos sufren descargas eléctricas, asfixia, simulacros de ejecución y violencia sexual.
Las mujeres son sometidas a tormentos psicológicos y amenazas contra sus hijos. Las visitas, cuando se permiten, son escasas y fuertemente vigiladas—e incluso palabras como “libertad” y “dolor” están prohibidas.
En la cárcel de Tocuyito se utiliza un método de castigo conocido como la “arepa asada”: los presos son esposados y obligados a acostarse sobre concreto ardiente por el sol. Quienes se resisten son torturados con descargas eléctricas, especialmente en los genitales.
Los reclusos con enfermedades crónicas como VIH o diabetes no reciben tratamiento. La comida es escasa, las condiciones sanitarias son deplorables y los intentos de suicidio son frecuentes. CASLA concluye que estos abusos no son actos aislados, sino parte de una política de Estado—“una estrategia calculada para quebrar el espíritu, destruir la resistencia y borrar toda esperanza”.
Esta historia fue publicada originalmente el 16 de julio de 2025, 10:55 a. m..
