Miedo, tortura y silencio: OEA condena brutal represión de Maduro
A un año de las disputadas elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una dura condena contra el régimen de Nicolás Maduro por su represión generalizada, calificándola como un ataque sistemático a la democracia que ha dejado decenas de venezolanos muertos, presos o desaparecidos.
Durante una intervención ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) este miércoles, la comisionada Gloria de Mees presentó un crudo retrato de la violencia postelectoral, de las detenciones arbitrarias y de un clima de miedo que sofoca a la sociedad civil.
“Debemos ser claros: estas no son las acciones de un gobierno que respeta la democracia”, dijo de Mees a los delegados. “Estos son los patrones de un régimen autoritario que gobierna a través del miedo”.
De Mees comenzó su presentación reiterando la preocupación de la comisión sobre la falta de transparencia en las elecciones de 2024. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador a Maduro, se ha negado a publicar las actas oficiales necesarias para verificar los resultados, una decisión que, según de Mees, viola tanto las leyes nacionales como las normas internacionales.
“Esa negativa... priva a los ciudadanos de su derecho a conocer la verdad sobre su voto”, afirmó.
Las consecuencias de ese secretismo, advirtió, han ido mucho más allá del ámbito electoral y han derivado en una campaña de represión violenta dirigida contra jóvenes manifestantes, líderes opositores e incluso periodistas.
En las semanas posteriores a las elecciones impugnadas, el gobierno de Maduro reconoció haber detenido a más de 2,000 personas durante las protestas. El fiscal general de Venezuela confirmó que 25 personas murieron durante ese periodo. Según la comisión de la OEA, 24 de esas víctimas fallecieron por disparos en la cabeza o el pecho, y una por una golpiza fatal. Casi todos eran civiles—en su mayoría jóvenes de sectores populares tradicionalmente afines al oficialismo.
De Mees enfatizó que las víctimas incluían trabajadores, mototaxistas, barberos y comerciantes—una muestra de que la represión no perdonó ni siquiera a quienes se consideraban leales al régimen.
La situación de los manifestantes detenidos también es alarmante. Cientos de adolescentes, muchos arrestados en redadas selectivas conocidas como “Operación Tun Tun”, siguen en prisión. Algunos se encuentran incomunicados en condiciones que podrían constituir tortura.
La comisión documentó casos de adolescentes forzados a defecar en público, grabar confesiones falsas y soportar traumas psicológicos tan graves que algunos expresaron deseos suicidas posteriormente.
“Estos no son abusos aislados—forman parte de una estrategia deliberada de represión”, advirtió de Mees.
Según organizaciones de la sociedad civil citadas en el informe, actualmente hay 903 presos políticos en Venezuela. Al menos 64 familias no han sido notificadas oficialmente del paradero de sus seres queridos. En muchos casos, la única señal de que siguen con vida es una solicitud anónima para entregar ropa limpia y medicamentos—sin explicación ni debido proceso.
Figuras opositoras y activistas de derechos humanos de alto perfil como Rocío San Miguel, Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa permanecen detenidas sin acceso a abogados ni a familiares.
Mientras tanto, al menos 40 personas —incluyendo a periodistas y defensores de derechos humanos— han visto sus pasaportes anulados sin previo aviso, lo que en la práctica los deja atrapados dentro del país.
La comisión también denunció lo que calificó como una “política sistemática y deliberada de persecución” contra los medios independientes. Periodistas han sido víctimas de arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas y juicios en tribunales sin garantías de debido proceso.
Algunos han debido exiliarse; otros han sido forzados al silencio.
Esta campaña sostenida de intimidación, según de Mees, ha transformado el tejido de la sociedad venezolana. “El miedo ha reemplazado a la libertad de expresión como norma en la vida cotidiana”, afirmó, agregando que incluso las conversaciones privadas están marcadas por el temor a la vigilancia estatal y a los delatores vecinales.
También renovó la solicitud de la comisión para realizar una visita al país, con acceso sin restricciones al “Helicoide”, un centro de detención en Caracas ampliamente denunciado como sitio de tortura y tratos inhumanos.
“La negativa a cooperar con instancias internacionales... es un rasgo distintivo del autoritarismo”, afirmó. “La transparencia es la piedra angular de cualquier sociedad que se llame democrática”.
Al concluir su intervención, de Mees hizo un llamado a los Estados miembros y observadores de la OEA para mantener la presión sobre Venezuela.
“Venezuela debe seguir en nuestra agenda colectiva”, instó. “Las víctimas, sus familias y los millones de venezolanos que siguen exigiendo verdad y justicia merecen nada menos”.
El gobierno de Maduro ha acusado desde hace tiempo a organismos internacionales como la comisión de la OEA y las Naciones Unidas de participar en una conspiración para deslegitimar su autoridad. Pero la comisionada de Mees respondió con un desafío:
“Si ese es el caso, entonces debemos preguntar: ¿Dónde están las actas que validen las elecciones presidenciales de 2024? ¿Quiénes son los responsables de las 25 muertes? ¿Dónde están los líderes opositores desaparecidos? Hasta que estas preguntas no sean respondidas, las acusaciones de parcialidad carecen de fundamento”.
Esta historia fue publicada originalmente el 7 de agosto de 2025, 7:33 a. m..
