Estados Unidos voló una lancha venezolana cargada de drogas ¿Fue legal?
Expertos legales están poniendo en duda la justificación del presidente Donald Trump para el ataque mortal de esta semana contra una embarcación que transportaba drogas en el Caribe, advirtiendo que sienta un peligroso precedente en cuanto al uso del poder ejecutivo.
“El presidente no puede simplemente decir que estamos en guerra”, señaló la profesora Rachel E. VanLandingham de la Southwestern Law School, exjueza de la Fuerza Aérea y experta en derecho militar. “Esto fue una matanza intencional, y no he visto ninguna base legal para ello.”
La Casa Blanca argumentó que el ataque se enmarca dentro del derecho de “conflicto armado”, pero no ha especificado la autoridad legal concreta utilizada para llevarlo a cabo.
Trump afirmó que la embarcación transportaba presuntos contrabandistas de drogas del Tren de Aragua que llevaban un enorme cargamento de cocaína desde Venezuela hacia las costas estadounidenses a bordo de un barco que había partido de ese país. Compartió en redes sociales un video del ataque.
En febrero, la administración designó al Tren de Aragua, al Cartel de Sinaloa, a la MS-13 y a otros cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Y desde hace tiempo los funcionarios han culpado a Venezuela y a su gobernante, Nicolás Maduro, de estar a cargo de una operación de tráfico masivo de cocaína hacia Estados Unidos, lo que ha derivado en muertes de estadounidenses por consumo de drogas.
El gobierno de Trump ha ofrecido una recompensa de $50 millones por la captura de Maduro.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el mes pasado que esa designación daba a la administración “autoridad legal para atacarlos de formas que no serían posibles sí solo se tratara de un grupo de criminales.”
La Casa Blanca reiteró ese argumento al referirse al ataque de esta semana.
El ataque “se llevó a cabo en defensa de los intereses vitales de Estados Unidos y en la autodefensa colectiva de otras naciones que han sufrido durante mucho tiempo debido al narcotráfico y a las actividades violentas de estos cárteles. El ataque fue plenamente consistente con el derecho de los conflictos armados”, dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly.
Pero designar a un grupo como organización terrorista extranjera podría no ser suficiente para justificar un ataque militar. Trump afirmó que 11 “terroristas” murieron en el bombardeo.
La Autorización para el Uso de la Fuerza Militar de 2001 otorgó entonces al presidente George W. Bush la autoridad para perseguir a los grupos que ayudaron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 o para “prevenir futuros actos de terrorismo internacional contra Estados Unidos por parte de naciones, organizaciones o personas.”
Los cárteles de la droga no estarían vinculados con los terroristas del 11-S.
Y no había indicios de una amenaza inminente contra Estados Unidos, lo que habría constituido otra justificación para el ataque.
Además, los poderes de guerra del presidente, tal como los contempla la Constitución, suelen limitarse a situaciones en que grupos hayan hecho daño a Estados Unidos o a sus ciudadanos. Y, bajo la Constitución, solo el Congreso puede declarar la guerra.
Asimismo, el Título 50 —que forma parte de la Ley de Poderes de Guerra— no parece aplicarse. Esa disposición permite al presidente llevar a cabo acciones encubiertas siempre que informe al Congreso. Pero publicar el video del ataque en redes sociales elimina cualquier carácter encubierto.
Y el derecho internacional, que permite a un país defender sus fronteras, tampoco sería aplicable.
“La Guardia Costera y la Marina hacen tareas defensivas cerca de nuestras costas todo el tiempo”, dijo Eric Carpenter, profesor de derecho en la Universidad Internacional de Florida y experto en asuntos militares. “Puedes interceptar barcos que vienen hacia la costa. Disparamos contra barcos todo el tiempo.”
“Eso está perfectamente bien”, añadió, “pero esto estuvo tan alejado de eso que simplemente no es plausible decir que fue una acción defensiva bajo el derecho internacional.”
Exfuncionarios de Defensa también expresaron sus dudas.
“Trabajé en el Departamento de Defensa. Literalmente no puedo imaginar a los abogados encontrando una base legal para un ataque letal contra un supuesto barco venezolano de drogas”, escribió en redes sociales el profesor retirado de derecho Ryan Goodman. “Es difícil ver cómo esto no sería ‘asesinato’ o un crimen de guerra bajo el derecho internacional que el Departamento de Defensa considera aplicable.”
Además, la administración no ha revelado detalles sobre cómo determinó que la embarcación pertenecía a una banda venezolana. No ha ofrecido pruebas de que murieran 11 personas, ni cuántos iban a bordo, ni ha dado los nombres de los fallecidos.
La reacción internacional al ataque hasta ahora ha sido tenue, con solo unas pocas voces condenando la acción letal.
Entre ellas estuvo la del presidente colombiano Gustavo Petro, aliado de Venezuela y exguerrillero que en agosto de 2022 se convirtió en el primer presidente de izquierda de su país. Petro dijo que el ataque equivaldría a “un asesinato en cualquier lugar del mundo.”
“Quienes transportan drogas no son los grandes narcotraficantes, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, escribió Petro en su cuenta de X, subrayando que, desde hace décadas, Colombia ha estado luchando contra el narcotráfico, capturando a “los civiles que transportan drogas, sin matarlos”.
Pronunciandose contra el ataque también estuvo Amnistía Internacional, que en un mensaje en X dijo estar “profundamente alarmada por el ataque.” La organización sostuvo que las circunstancias plantean serias dudas sobre la legalidad, la rendición de cuentas y el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos. El ataque constituye una clara violación del derecho a la vida y establece un precedente peligroso, afirmó.
“Estados Unidos debe demostrar, en cada ataque, que la fuerza letal intencional se utilizó solo cuando fue estrictamente inevitable para proteger la vida; que medios menos dañinos, como la captura o la incapacitación no letal, no eran posibles; y que el uso de la fuerza fue proporcional a las circunstancias imperantes”, dijo Daphne Eviatar, directora de Seguridad con Derechos Humanos en Amnistía Internacional en Estados Unidos.
Washington, sin embargo, ve el tema desde una perspectiva muy diferente. Para la administración Trump, la organización en el centro del incidente —el Tren de Aragua de Venezuela, o TDA— no es una red de drogas cualquiera. Confinada en un inicio a prisiones del estado Aragua, TDA se ha convertido en un vasto sindicato multinacional con operaciones en toda América Latina y, según las autoridades estadounidenses, presencia en varias ciudades de Estados Unidos.
El FBI sostiene que esta expansión no es accidental: se sospecha que altos funcionarios venezolanos han facilitado deliberadamente la migración de miembros del TDA para socavar la seguridad pública en Estados Unidos.
Un memorando de la agencia publicado a principios de este año describe al TDA como una empresa criminal y una herramienta geopolítica. Afirma que, al menos desde finales de 2023, el gobierno de Maduro ha gestionado y financiado estratégicamente al grupo, usándolo para fomentar disturbios sociales en ciudades estadounidenses como Nueva York y Chicago como palanca en las negociaciones sobre sanciones.
Esa evaluación respalda el argumento de Trump de que el TDA no es solo una pandilla, sino una amenaza de seguridad respaldada por un gobierno extranjero —una justificación que invocó al usar la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798 para acelerar deportaciones de venezolanos vinculados a la organización.
La versión del FBI contrasta fuertemente con un informe más prudente del Consejo Nacional de Inteligencia de abril de 2025, que concluyó que, aunque el ambiente permisivo en Venezuela ha creado las condiciones para que el TDA prospere, probablemente el régimen no ejerce un control directo. Aun así, figuras opositoras como María Corina Machado insisten en que Maduro y aliados poderosos como Diosdado Cabello han orquestado desde hace tiempo el ascenso de la banda.
Trump justificó su decisión argumentando que el ataque serviría como disuasión para que no se repitiera. “Había enormes cantidades de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente, y todos lo entienden perfectamente”, dijo el presidente el jueves en la Casa Blanca.
“Obviamente, no lo volverán a hacer”, añadió. “Creo que mucha otra gente tampoco lo volverá a hacer. Cuando vean esa grabación, van a decir: ‘Mejor no hagamos esto.’”
Las fuerzas estadounidenses podrían haber detenido y abordado la embarcación, pero según Rubio, Trump tomó la decisión de bombardearla. “En lugar de interceptarla, por órdenes del presidente, la volamos —y volverá a suceder”, dijo Rubio a periodistas el miércoles en Ciudad de México.
“El presidente de Estados Unidos va a librar una guerra contra las organizaciones narcoterroristas”, agregó, señalando que Trump tiene el derecho “de eliminar amenazas inminentes contra Estados Unidos.”
El Pentágono reiteró la justificación del ataque. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que la administración conocía las identidades de las personas en la embarcación.
“Sabíamos exactamente quién estaba en ese barco. Sabíamos exactamente lo que estaban haciendo y sabíamos exactamente a quién representaban. Y eso era la organización narcoterrorista Tren de Aragua, designada por Estados Unidos como responsable de intentar envenenar a nuestro país con drogas ilícitas”, dijo a Fox News.
La embarcación operaba en aguas internacionales, lo que aumentó la ambigüedad de la justificación legal. “Creo que piensan que pueden salirse con la suya y que la mayoría de la gente no le va a importar”, dijo VanLandingham, la profesora de Southwestern Law School, a McClatchy.
“Pero esto tiene profundas implicaciones para todo el orden mundial, el orden legal que se ha establecido desde la Segunda Guerra Mundial para intentar prevenir el uso de la fuerza. Otra guerra mundial.”
Añadió que el ataque era similar a las acciones que toman los dictadores y líderes autoritarios contra sus enemigos percibidos.“Usan fuerza letal para matar a personas que no les gustan fuera de cualquier marco legal. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Y ese es un precedente increíblemente peligroso.”
Esta historia fue publicada originalmente el 5 de septiembre de 2025 a las 3:57 p. m..
