¿Guerra contra las drogas o licencia para matar? El caso de la lancha venezolana
Defensores internacionales de los derechos humanos, expertos legales y reformistas de políticas sobre drogas han encendido las alarmas después de que un ataque militar estadounidense destruyera una pequeña embarcación frente a la costa de Venezuela la semana pasada, matando a todos los que iban a bordo.
La administración Trump defendió la acción como parte de su guerra contra peligrosos carteles de la droga, pero los críticos la describen como un asesinato extrajudicial sin precedentes, llevado a cabo sin justificación legal.
Sarah Yager, directora en Washington de Human Rights Watch, calificó el ataque como una peligrosa escalada.
“Abordo esto desde una profunda preocupación por el estado de derecho”, dijo el viernes durante una videoconferencia con periodistas. “Hemos tenido presidentes que han socavado o ignorado el estado de derecho, que han autorizado asesinatos extrajudiciales y han quitado vidas cuando no deberían haberlo hecho —pero siempre ofrecían algún tipo de justificación legal. Con la administración Trump, estamos golpeando nubes. Ha dado este paso sin proveer absolutamente ninguna justificación legal.”
Según Yager, administraciones anteriores al menos enmarcaban las acciones militares dentro de autorizaciones del Congreso o del derecho internacional humanitario, ofreciendo algo concreto contra lo cual los críticos podían argumentar. “Podíamos estar en desacuerdo, pero había algo contra lo que argumentar”, dijo. “Esto me dice que este presidente cree que puede matar a quien sea, donde sea, bajo cualquier circunstancia —y que no necesita justificarlo. Y que está inmune a cualquier rendición de cuentas.”
‘Asesinato premeditado’
Sarah Harrison, analista principal del Programa de EE.UU. para el International Crisis Group, fue aún más directa.
“La única conclusión posible es que, bajo todas las leyes relevantes, esto fue un asesinato extrajudicial”, afirmó. “Fue un asesinato.”
Funcionarios de la administración Trump dijeron que la embarcación, con 11 personas a bordo, transportaba drogas y que sus ocupantes eran miembros de la red criminal venezolana Tren de Aragua. Pero Harrison argumentó que, incluso si esas afirmaciones fueran ciertas, la acción violó tanto la legislación nacional como la internacional.
“No hubo un ataque armado contra Estados Unidos que justificara el uso de la fuerza en defensa propia. Incluso [el secretario de Estado Marco] Rubio dijo que el barco pudo haber sido interceptado y las personas arrestadas. La Guardia Costera ha hecho eso durante décadas—pero no lo hicieron”, señaló.
Harrison advirtió que el ataque sienta un precedente de poder militar sin control.
“Esto fue un asesinato premeditado de presuntos criminales —basado en los hechos proporcionados por la misma administración”, dijo. “El ejército de Estados Unidos tiene prohibido por ley ejecutar civiles.... Bajo el derecho de los derechos humanos, existe una prohibición absoluta sobre la privación arbitraria de la vida —y eso es exactamente lo que fue esto.”
Harrison instó al Congreso a actuar con rapidez.
“Los operadores dentro del Departamento de Defensa deben saber que esta fue una orden ilegal —y deben saber que las consecuencias de ejecutar una orden abiertamente ilegal incluyen investigaciones penales y procesos judiciales”, afirmó.
Al anunciar el ataque, Trump declaró que la embarcación transportaba presuntos narcotraficantes del Tren de Aragua y un gran cargamento de cocaína que era enviado desde Venezuela con rumbo hacia Estados Unidos, antes de compartir un video del ataque en redes sociales.
En febrero, la administración designó al Tren de Aragua, al Cartel de Sinaloa, MS-13 y otras organizaciones de narcotráfico como grupos terroristas extranjeros. Los funcionarios estadounidenses han atribuido durante mucho tiempo el significativo flujo de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos y las muertes relacionadas con las drogas al líder venezolano Nicolás Maduro, sobre quien pesa una recompensa de $50 millones por su captura.
Lecciones de tragedias pasadas
Sanho Tree, investigador del Institute for Policy Studies, advirtió que el uso del ejército estadounidense para combatir el narcotráfico es una medida peligrosa —especialmente considerando tragedias anteriores donde civiles fueron asesinados durante misiones antidrogas.
“Hay muchas razones por las que no dejamos que los guerreros antidrogas hagan de juez, jurado y verdugo. Y una de las principales es que siguen matando civiles inocentes”, afirmó.
Citó el derribo en 2001 de un avión misionero en Perú, que un contratista de la CIA identificó erróneamente como un vuelo de drogas. “Terminaron matando a una misionera estadounidense, Veronica Bowers, y a su hija pequeña, Chastity”, recordó.
En otro caso, en 2012, una operación conjunta entre la DEA y Honduras mató a cuatro pasajeros en un taxi acuático.
“Dos de ellas estaban embarazadas, lo que según la ley hondureña cuenta como seis asesinatos. Y luego intentaron encubrirlo”, dijo.
Tree advirtió que la normalización de estos asesinatos es una de las tendencias más preocupantes de la era Trump. “Lo que me preocupa de este precedente es que la administración está normalizando los asesinatos extrajudiciales. Y no es un gran salto —no es un gran esfuerzo— traer esa lógica de regreso al contexto doméstico”, afirmó. “Decir en el escenario internacional que podemos ejecutar sumariamente a personas con misiles Hellfire sin presentar pruebas es indignante.”
‘La tesis de la invasión’
Raha Wala, vicepresidente del National Immigration Law Center, relacionó el ataque con lo que describió como la amplia “teoría de la invasión” de la administración, utilizada para justificar desde ataques militares frente a Venezuela hasta el despliegue de tropas en Los Ángeles y Washington D.C.
La Casa Blanca está reformulando las crisis internas —como la epidemia de opioides— como actos de guerra, dijo. “La teoría de la invasión dice que la crisis de opioides y las muertes relacionadas con las drogas en Estados Unidos son el equivalente al 11 de septiembre”, señaló Wala. “Pero está muy lejos de cualquier tipo de ataque armado que justifique el uso de la fuerza.”
Wala sostuvo que este marco permite al gobierno tratar a migrantes y solicitantes de asilo como combatientes enemigos.
“Como todos sabemos, si eres un combatiente enemigo, puedes ser asesinado o detenido indefinidamente sin cargos ni juicio”, dijo. “Sería quedarse corto decir que se requieren grandes saltos (de la inmaginación) para seguir esa cadena lógica. Se necesita hipervelocidad para recorrer esa lógica.”
Repercusiones regionales
Daniel Noroña, director de incidencia para las Américas en Amnistía Internacional EE.UU., advirtió que el ataque podría alentar respuestas militarizadas en toda América Latina. “Esta respuesta de la administración Trump está exacerbando una tendencia de militarización del orden público en todo el hemisferio occidental”, afirmó.
Noroña señaló que tales medidas rara vez reducen el crimen, pero casi siempre conducen a abusos de derechos humanos.
“Estas medidas son ineficaces para combatir el crimen. Estigmatizan a poblaciones vulnerables —especialmente en los sectores más pobres y marginados de la sociedad”, dijo. “El personal militar no puede estar involucrado en actividades policiales. Estas acciones no fortalecen el estado de derecho— debilitan las instituciones.”
Advirtió que las acciones de Estados Unidos podrían establecer un precedente peligroso.
“Nos preocupa que este tipo de ataques —especialmente cuando son promovidos por Estados Unidos— envíen el mensaje de que otros estados en la región pueden responder de la misma manera. Eso podría llevar a un aumento masivo de violaciones de derechos humanos”, advirtió Noroña.
‘Están usando nuestro dolor’
Para algunas de las familias que han perdido seres queridos a causa de la crisis de opioides, el enfoque de la administración resulta insultante. Susan Ousterman, madre en duelo y defensora de la reforma de políticas de drogas, denunció el ataque.
“Este reciente ataque de Estados Unidos frente a Venezuela no solo es preocupante —es escandaloso”, dijo. “Cada vez que se utiliza la fuerza militar bajo el estandarte de la guerra contra las drogas o cualquier medida punitiva, esta administración manipula emocionalmente al público estadounidense haciéndole creer que nos están protegiendo.” Ousterman señaló que la mayoría del fentanilo entra a Estados Unidos a través de puertos legales —no por rutas de contrabando en el Caribe.
“Enviar buques de guerra al extranjero no va a detener el fentanilo. No va a frenar la crisis de opioides. Lo único que hace es demostrar que nuestros líderes prefieren montar operaciones militares en lugar de asumir su responsabilidad en perpetuar esta crisis”, afirmó.
“Para quienes hemos enterrado a nuestros hijos, la falta de respeto de nuestro gobierno es abrumadora. En lugar de asumir responsabilidad por décadas de fracasos en la política antidrogas, nos dan más violencia. Están usando nuestro dolor como excusa para políticas que garantizan más muertes”, dijo Ousterman. “Lo último que queremos es más violencia o muertes innecesarias—porque vivimos este dolor todos los días.”
Una corriente autoritaria
Eric Eikenberry, director de relaciones gubernamentales en Win Without War, describió el ataque como parte de una corriente autoritaria más amplia.
“Este es el llamado ‘presidente de la paz’ lanzando una campaña militar indefinida en América Latina. Sin una misión clara. Sin estrategia. Solo usando el ejército para matar personas en el extranjero como una demostración de poder sin control —mientras las comunidades en casa sufren”, afirmó.
Eikenberry argumentó que la administración está agravando la crisis de opioides al recortar programas de tratamiento mientras escala la fuerza militar en el extranjero.
“Sacaron a la gente del Medicaid. Están desmantelando programas de salud pública y de reducción de daños que salvan vidas”, dijo. “Y ahora están ejecutando sumariamente a personas en el Caribe —sin juicio, sin debido proceso.”
Esta historia fue publicada originalmente el 12 de septiembre de 2025, 3:36 p. m..
