La máquina represiva de Venezuela: El desgarrador informe de la ONU de 2025
En una noche de diciembre del año pasado en Caracas, el activista opositor Jesús Armas salió de una cafetería y caminó hacia su auto. Antes de llegar, al menos cinco hombres encapuchados vestidos de negro lo rodearon. Solo le preguntaron su nombre antes de obligarlo a subir a una camioneta dorada sin placas. No hubo orden judicial, ni explicación, ni se le dijo a dónde lo llevaban. Durante semanas, su familia lo buscó. Fue tiempo después que descubrieron que había sido trasladado a El Helicoide, la temida prisión de inteligencia controlada por el temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
El secuestro de Armas es uno de los muchos casos detallados en el informe 2025 de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela. El documento de 165 páginas, publicado esta semana, ofrece uno de los relatos más completos hasta ahora sobre la represión sistemática en el país durante el año posterior a las disputadas elecciones presidenciales de julio de 2024.
Su conclusión es contundente: el gobierno de Nicolás Maduro ha llevado adelante “una continuación exacerbada del plan de aniquilar a los opositores o a quienes sean percibidos como tales”, cometiendo actos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Los hallazgos de la ONU no revelan abusos aleatorios o aislados, sino que refleja la operación de una perversa máquina de represión: eficiente, de gran alcance y diseñada para infundir miedo en toda la sociedad venezolana.
Después de la elección
El 28 de julio de 2024, Venezuela celebró elecciones presidenciales. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen, declaró rápidamente a Maduro como vencedor, pero nunca publicó el conteo completo de los votos, mesa por mesa, tal como es exigido por la ley.
Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia rechazaron los resultados, alegando que el voto había sido robado. Gran parte de la comunidad internacional coincidió.
En cuestión de días, estallaron protestas en todo el país. A comienzos de agosto, Maduro anunció que más de 2,200 personas habían sido detenidas, calificándolas de “terroristas”.
La misión de la ONU documentó 243 detenciones arbitrarias entre finales de julio y diciembre de 2024, y otras 200 entre enero y agosto de 2025. Los objetivos incluyeron líderes opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares de políticos y ciudadanos comunes acusados de disidencia.
Según el informe, la detención arbitraria no es un accidente del poder estatal, sino una estrategia sistemática: una piedra angular del aparato represivo de Venezuela.
Secuestro y justicia arbitraria
El informe detalla cómo suelen llevarse a cabo los arrestos: hombres encapuchados y armados en camionetas sin identificación, a menudo a plena luz del día, secuestrando personas en espacios públicos o allanando sus casas de noche. Rara vez muestran órdenes judiciales o informan sobre cargos.
El 7 de enero de 2025, por ejemplo, el periodista y activista de derechos humanos Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, fue interceptado en Caracas por una camioneta sin identificación. Hombres encapuchados lo sacaron de su auto y se lo llevaron sin explicación. Posteriormente reapareció en un centro de detención enfrentando cargos relacionados con terrorismo.
Pocos días después, hombres enmascarados y armados con fusiles irrumpieron de noche en una vivienda familiar en Caracas, llevándose a un joven de 17 años frente a sus familiares sin mostrar orden alguna. Más tarde fue acusado de terrorismo, un cargo que la misión señala es invocado con frecuencia para criminalizar la protesta.
El proceso judicial que sigue es igualmente arbitrario. Las audiencias a menudo se realizan dentro de los centros de detención, a veces en plena madrugada o incluso mediante audios de WhatsApp. Los acusados suelen estar representados por defensores públicos asignados por el Estado, incluso cuando solicitan abogados privados.
En el caso de Nélida Sánchez, su familia intentó presentar documentación para que pudiera designar a su propio abogado. Funcionarios de El Helicoide se negaron, alegando que ningún documento podía entrar ni salir de la instalación y que no estaba permitido nombrar defensa privada. Sánchez continuó representada por un defensor público que no había elegido.
Otros detenidos informaron haber asistido a audiencias sin conocer el nombre de su abogado asignado, incapaces de escuchar o consultarle. La misión concluyó que los tribunales y fiscales de Venezuela han abandonado toda apariencia de independencia, funcionando en su lugar como instrumentos de persecución política.
Aislamientos prolongados
El informe dedica una sección completa al aislamiento prolongado y la detención en régimen de incomunicación, prácticas prohibidas por el derecho internacional cuando son prolongadas.
Quizás el caso más extremo es el de Josnars Baduel, hijo del fallecido ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien también fue un preso político y murió estándo en una prisión del régimen. Josnars estuvo incomunicado durante 112 días en la prisión de Rodeo 1, entre finales de enero y mediados de mayo de 2025, tras denuncias de su familia sobre las condiciones carcelarias. Se le negó todo contacto con familiares y abogados.
En la prisión de Tocuyito, decenas de detenidos pasaron casi dos meses sin comunicación con el mundo exterior. Cuando finalmente se autorizaron visitas, estas se limitaron a 10–20 minutos tras un vidrio.
En la prisión de Tocorón, los reclusos fueron repetidamente enviados a celdas de aislamiento. Un hombre soportó nueve periodos distintos de confinamiento solitario, incluido uno de más de tres semanas.
El impacto psicológico ha sido mortal. En Tocorón, el detenido Lindomar Bustamante se quitó la vida tras 15 días en aislamiento. La misión de la ONU determinó que su suicidio estuvo directamente vinculado a la práctica del confinamiento solitario prolongado.
Castigo a las familias
Otro rasgo característico de la represión es la detención de familiares de figuras opositoras. El informe sostiene que los arrestos buscan castigar por sustitución y sembrar miedo.
El 7 de enero de 2025, Rafael Tudares Bracho, yerno del candidato presidencial opositor González Urrutia, fue secuestrado mientras llevaba a sus hijos a la escuela. Permaneció incomunicado por más de ocho meses. Los fiscales lo acusaron de conspiración y lavado de dinero, aunque el único vínculo citado fue su relación familiar con González.
En otro caso, María de los Ángeles Lameda fue detenida en agosto de 2024 mientras entregaba medicinas a su esposo, quien había recibido un disparo durante protestas. Murió al día siguiente en el hospital. Lameda, que no había participado en las manifestaciones, fue acusada de terrorismo e incitación al odio. Pasó cinco meses detenida antes de ser liberada bajo condiciones restrictivas.
Según el informe de la misión, estos casos equivalen a castigos colectivos, destinados a silenciar no solo a individuos, sino a familias enteras.
Extorsión y violencia sexual
El informe también reveló un patrón de extorsión vinculado a las detenciones. Las familias de los presos eran obligadas a pagar sumas elevadas para evitar la cárcel o lograr la liberación.
En un caso, los familiares pagaron $3,500 al jefe de una oficina de inteligencia gubernamental para liberar a un detenido. Diplomáticos dijeron a los investigadores que algunos extranjeros fueron extorsionados hasta con $10,000 para evitar arrestos en puestos de control.
En el caso de mujeres detenidas, la extorsión a veces adoptó la forma de coerción sexual: funcionarios exigían sexo a cambio de mejores condiciones o de la liberación.
La represión tampoco ha perdonado a menores de edad. Entre julio de 2024 y enero de 2025, el informe documentó 220 casos de niños y adolescentes detenidos: 187 varones, 22 niñas y 11 cuyo género no pudo determinarse.
Algunos fueron golpeados o torturados. Otros enfrentaron cargos de terrorismo en tribunales de menores presididos por jueces que ignoraron las protecciones internacionales de la infancia. La misión enfatizó que detener adolescentes bajo tales condiciones constituye un trato cruel, inhumano o degradante.
Consecuencias mortales
La misión de determinación de los hechos confirmó al menos 30 muertes vinculadas a la represión poselectoral: -- 25 personas asesinadas durante protestas, a menudo por disparos con munición real o uso excesivo de la fuerza.
-- Cinco detenidos que murieron bajo custodia estatal.
-- Tres más que fallecieron tras ser liberados debido al deterioro de salud causado por las condiciones carcelarias.
El informe de la ONU deja pocas dudas sobre la naturaleza de la represión poselectoral en Venezuela. Secuestros a plena luz del día, procesos judiciales simulados, aislamiento prolongado, extorsión, violencia sexual y la detención de menores y familiares señalan un sistema diseñado no solo para silenciar la disidencia, sino para quebrarla.
La misión concluye que no se trata de casos aislados, sino de parte de un plan deliberado: una maquinaria de represión que opera con implacable eficiencia, dejando familias destrozadas y a una nación sumida en el miedo.
Esta historia fue publicada originalmente el 23 de septiembre de 2025, 2:47 p. m..
