Venezuela

Esposa de gendarme argentino preso en Venezuela pide al papa que interceda por su libertad

El papa León XIV saluda desde el papamóvil a cientos de feligreses reunidos en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el domingo 28 de septiembre de 2025.
El papa León XIV saluda desde el papamóvil a cientos de feligreses reunidos en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el domingo 28 de septiembre de 2025. Marco Iacobucci / SOPA Images/Sipa USA

La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, preso en Venezuela desde diciembre de 2024 y acusado de terrorismo, pidió este lunes al papa León XIV que interceda por su liberación y la de todos los presos políticos en el país suramericano, que la ONG Foro Penal cifra en 823.

“Su santidad papa León XIV, le pido que interceda por la libertad de los miles de inocentes presos injustamente en Venezuela. Nahuel Agustín Gallo es uno de ellos”, expresó María Alexandra Gómez en su cuenta de X.

Asimismo, indicó que “no puede haber canonización con presos políticos” en Venezuela, en referencia a la santificación del médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, ambos venezolanos, el próximo 19 de octubre.

En diciembre del año pasado, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela informó que Gallo había sido procesado por la Justicia del país suramericano por supuesta vinculación a “un grupo de personas” que intentó “ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas” con “apoyo de grupos de la ultraderecha internacional”.

En un comunicado, el MP indicó que Gallo fue detenido al ingresar “irregularmente” a Venezuela “ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”.

Dicha versión es contraria a la del Gobierno de Javier Milei en Argentina, que asegura que el viaje del gendarme fue con el “único propósito de visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común”.

Tras la captura de Gallo, el Ejecutivo de Milei acusó a la Administración de Nicolás Maduro de tomar de rehenes a extranjeros para “asegurarse su impunidad” de cara a la juramentación presidencial en Venezuela, que tuvo lugar en enero tras unas cuestionadas elecciones en julio de 2024.

Foro Penal computa 89 extranjeros detenidos en prisiones venezolanas, considerados por la organización como presos políticos.

El Gobierno de Maduro asegura que el país está “libre de presos políticos” y los señalados como tal están detenidos por la comisión de delitos.

ONG venezolana pide anulación de proceso judicial de su coordinadora

La ONG venezolana Súmate, dedicada a asuntos electorales, reiteró este lunes que su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez, está “detenida injustamente” desde hace 400 días, por lo que pidió la anulación del proceso judicial, al asegurar que está “viciado”.

En su cuenta en X, Súmate solicitó que a Sánchez se le respeten sus “garantías y derechos humanos establecidos en la Constitución y leyes” de Venezuela.

“Ante las numerosas y graves irregularidades cometidas en este proceso judicial en su contra, el Estado venezolano está obligado a intervenir, lo cual implica su anulación por estar viciado de absoluta nulidad”, afirmó.

De igual forma, la ONG añadió que el Estado debe proceder a las “acciones reparadoras de los daños morales y físicos ocasionados” a Sánchez ante la que describió como una “privación injusta” de la libertad de la activista “en este período de un año y un mes”.

Súmate ha denunciado en varias ocasiones que el proceso judicial contra Sánchez “está viciado de nulidad absoluta” debido -según ha explicado- a que un tribunal admitió cinco cargos “promovidos por la Fiscalía y ordenó su enjuiciamiento con base en pruebas forjadas en el acta policial del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)”.

Sánchez -detenida el 26 de agosto de 2024 por funcionarios del Sebin- enfrenta los presuntos delitos de instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo, que Súmate asegura no cometió.

La detención de la activista se produjo en el contexto de la crisis política que se desató en Venezuela después de la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio del año pasado, un momento en el que la mayor coalición opositora, que denuncia “fraude” electoral, alertó sobre el aumento de la “persecución” y “represión” por parte del chavismo.

En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la integrante de Súmate, al considerar que se encuentra en “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

Esta historia fue publicada originalmente el 29 de septiembre de 2025, 1:29 p. m..

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