Venezuela

EEUU bloquea ‘Ruta del Caribe’ y pone en jaque finanzas del régimen venezolano

El presidente Trump ha ordenado el envío de destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke al sur del Caribe, frente a las costas de Venezuela. Esta foto de archivo del 24 de marzo de 2018 muestra a los destructores USS Preble, USS Halsey y USS Sampson en el Golfo Pérsico.
El presidente Trump ha ordenado el envío de destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke al sur del Caribe, frente a las costas de Venezuela. Esta foto de archivo del 24 de marzo de 2018 muestra a los destructores USS Preble, USS Halsey y USS Sampson en el Golfo Pérsico. U.S. Navy/Sipa USA

El mayor despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en décadas está golpeando en el corazón del Cartel de los Soles de Venezuela, una red criminal incrustada dentro del régimen de Nicolás Maduro y acusada de mover enormes cantidades de cocaína al extranjero, según fuentes con conocimiento de la situación.

De acuerdo con tres personas con conocimiento directo de las operaciones del cartel, la llamada “Ruta del Caribe” —durante mucho tiempo uno de los corredores más activos para lanchas rápidas que transportaban cocaína con rumbo a Europa y Estados Unidos— ha sido efectivamente cerrada por misiones de interdicción estadounidenses.

Lanzada el mes pasado, la operación está guiada por una estrategia de tres fases: “Degradar, desmantelar y destruir”. Evaluaciones de inteligencia estimaron que para finales de 2024, entre 350 y 500 toneladas de cocaína salían de Venezuela cada año, dijeron las fuentes.

“La operación está teniendo un impacto real”, dijo una fuente al Miami Herald bajo condición de anonimato. “El Caribe está totalmente controlado; no sale un solo bote. El flujo de efectivo del narcotráfico está bajo amenaza directa, y eso pone en riesgo la cohesión de la élite militar. En tres meses no tendrán fondos para pagar a los generales”.

La fase inicial del despliegue incluye una fuerza de tarea aeroterrestre de Infantería de Marina a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima y dos transportes clase San Antonio, con más de 2,000 marines preparados para misiones de respuesta rápida.

En total, más de 4,500 efectivos estadounidenses —marines y marinos— operan en la región, apoyados por un crucero, destructores y un submarino de ataque clase Los Ángeles armado con misiles guiados de precisión. Diez cazas furtivos F-35 también están estacionados en Puerto Rico, capaces de superar a la envejecida flota venezolana de Sukhoi-30 y F-16.

Desde su llegada, las fuerzas estadounidenses han realizado al menos cuatro ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, dejando 17 muertos, según reportes del Pentágono y declaraciones del presidente Donald Trump.

El objetivo inmediato es financiero: cortar los ingresos del narcotráfico que sostienen la lealtad de los altos mandos militares y policiales de Venezuela, muchos de los cuales están acusados de beneficiarse directamente del negocio.

Con las rutas marítimas interrumpidas, la cocaína producida en la región colombiana del Catatumbo se está acumulando dentro de Venezuela. Enviados de Maduro habrían intentado reactivar antiguos corredores aéreos y terrestres a través de Centroamérica, en colaboración con el Cartel de Sinaloa de México. Pero esas alternativas resultan más costosas, erosionando las ganancias.

Mientras tanto, cargamentos ocultos en buques mercantes siguen llegando a Europa, aunque los pagos de esas transacciones tardan meses en recibirse, lo que presiona la liquidez del régimen. “El verdadero colapso financiero golpeará en el último trimestre del año”, dijo una de las fuentes.

Dentro de Venezuela, las autoridades han recurrido a una mayor carga impositiva y a la extorsión de empresas para mantener a flote el aparato de seguridad del Estado.

El martes, Trump sugirió que la misión militar en el Caribe podría ampliarse pronto. Dijo que su administración está considerando nuevas acciones militares contra carteles desde Venezuela. “Vamos a mirar muy seriamente a los carteles que entran por tierra”, dijo a periodistas en la Casa Blanca.

Agregó que desde que comenzaron los ataques marítimos, “no tenemos absolutamente ninguna droga entrando a nuestro país por agua, porque fueron letales”.

NBC News ha informado que entre las opciones bajo revisión se incluyen ataques con drones contra cabecillas del cartel y laboratorios clandestinos dentro de Venezuela. Funcionarios señalan que podrían tomarse decisiones “en cuestión de semanas”.

El Cartel de los Soles sigue activo a lo largo de la frontera con Colombia, manteniendo vínculos con grupos guerrilleros como el ELN y con carteles mexicanos para traficar cocaína, oro y otros contrabandos. Catatumbo sigue siendo el epicentro, con más de 42,000 hectáreas de cultivos de coca —la tercera mayor concentración en Colombia— que producen más de 330 toneladas anuales.

Washington ha acusado durante mucho tiempo a Maduro y a sus principales aliados de dirigir el cartel. En 2020, el Departamento de Justicia acusó formalmente al presidente venezolano y a más de una docena de funcionarios, calificando al régimen de “empresa narco-terrorista”. Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro —la mayor recompensa jamás ofrecida por un jefe de Estado en funciones— y de 25 millones por el dirigente chavista Diosdado Cabello.

Catorce funcionarios venezolanos, incluido el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, han sido acusados en EE.UU. por cargos de narcotráfico. El exjefe de inteligencia militar Hugo “El Pollo” Carvajal y el general Clíver Alcalá ya están bajo custodia estadounidense. Alcalá se declaró culpable de colaborar con las FARC de Colombia.

Durante años, los fiscales estadounidenses han descrito al cartel no como un sindicato criminal tradicional, sino como una alianza informal de oficiales militares y políticos del partido gobernante que utilizan recursos estatales —aeródromos, canales diplomáticos y facilidades navales— para mover cocaína a gran escala.

Maduro ha negado las acusaciones. Esta semana firmó un decreto activando un estado de emergencia en caso de agresión extranjera. Autoridades venezolanas condenaron lo que calificaron como amenazas de una “invasión imperialista”, advirtiendo sobre la desestabilización en toda la región.

“Nuestro objetivo es garantizar que toda la nación, cada ciudadano, cuente con el apoyo y la protección de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a cualquier amenaza o ataque contra nuestro país”, dijo Maduro en un discurso televisado.

Bajo la Constitución venezolana, una declaración de este tipo permite al gobierno suspender algunas garantías por hasta 90 días, renovables una vez, aunque se mantienen derechos básicos como la vida y la protección contra la tortura.

Esta historia fue publicada originalmente el 2 de octubre de 2025, 2:20 p. m..

Antonio Maria Delgado
el Nuevo Herald
Galardonado periodista con más de 30 años de experiencia, especializado en la cobertura de temas sobre Venezuela. Amante de la historia y la literatura.
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