Cientos de miles de venezolanos, muchos de la Florida, pierden el TPS a partir de hoy
Cientos de miles de venezolanos que viven en Estados Unidos perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) al finalizar el día viernes, lo que dejará a muchos de ellos vulnerables a la deportación hacia una patria sumida en un caos extremo.
La situación afecta a un grupo de aproximadamente 268,000 venezolanos que calificaron para el TPS en marzo de 2021 bajo la administración Biden.
La pérdida del TPS significa que grandes sectores de la comunidad venezolana se encontrarán sin un estatus migratorio legal ni autorización de trabajo, justo cuando Estados Unidos está considerando atacar objetivos en Venezuela. La administración Trump ha estado destruyendo embarcaciones en el Caribe, la mayoría de ellas provenientes de Venezuela, y otras en la costa latinoamericana del Pacífico, afirmando que transportaban drogas.
Los venezolanos que se quedaron sin TPS ahora podrían verse obligados a regresar a un país que se encuentra sumido en una profunda crisis humanitaria y gran turbulencia económica, agravadas por la represión política —y que ahora también enfrenta la posibilidad de una guerra con la mayor superpotencia militar del mundo.
“Todo venezolano, o cualquier inmigrante que no sea residente legal o ciudadano, se siente angustiado y ansioso. Más allá de los desafíos migratorios dentro de Estados Unidos, hay una realidad más profunda: Venezuela sigue bajo una dictadura aterradora”, dijo el viernes al Miami Herald una activista venezolana que pierde la protección que le brindaba el TPS. Pidió no revelar su nombre por temor a ser deportada.
Los titulares del TPS se suman a otros 350,000 venezolanos que obtuvieron el beneficio en octubre de 2023 y lo perdieron en abril de 2025. En septiembre, la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la administración Trump para poner fin al TPS bajo la designación de Venezuela, revirtiendo una decisión de un tribunal inferior que lo mantenía vigente hasta octubre de 2026.
Quizás ningún otro estado de la unión sentirá el impacto del fin del TPS como Florida, donde alrededor de 230,000 venezolanos con ese estatus residían en marzo de 2025. Muchos tienen casos de asilo pendientes o han presentado solicitudes para visas de trabajo o residencia permanente. Pero los procesos migratorios en curso no otorgan estatus legal, y quienes no cuenten con una vía alternativa para permanecer en el país pasarán a estar en situación irregular a partir del viernes.
En su anuncio sobre el fin de las protecciones otorgadas en 2021, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que Venezuela ya no cumple con las condiciones para el TPS y que se han registrado “mejoras notables” en algunos sectores clave. Citó una mejora en las perspectivas económicas, incluyendo la reducción de la hiperinflación y el aumento de la producción petrolera. Pero también subrayó que las protecciones terminan porque “no está en el interés de Estados Unidos” mantener la designación de TPS para Venezuela.
Sin embargo, expertos, abogados y activistas señalan que las condiciones en el país siguen justificando el TPS, pues no es seguro para los venezolanos regresar, especialmente para quienes han sido opositores al régimen de Nicolás Maduro.
Un aviso del Departamento de Estado advierte a los estadounidenses que no viajen a Venezuela debido al riesgo de detención arbitraria, secuestros y torturas, además de la precaria infraestructura sanitaria, disturbios civiles y escasez de necesidades básicas como agua, electricidad y medicinas. La advertencia incluso recomienda preparar un testamento antes de viajar o permanecer en el país.
En un comunicado conjunto, la máxima líder de la oposición venezolana María Corina Machado conjuntamente con el diplomático Edmundo González —a quien la mayoría de los países, incluyendo Estados Unidos, consideran el ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024— expresaron su preocupación por la expiración del TPS y afirmaron haber solicitado a la administración Trump soluciones para proteger a los beneficiarios.
“Ser venezolano no puede volver a ser sinónimo de ser refugiado. Por eso, la mayor protección para todos los venezolanos, dentro y fuera del país, es recuperar la libertad de Venezuela, el valor de su pasaporte y poder depender de un gobierno democrático que los defienda”, escribieron.
Aún quedan algunas opciones
En octubre, el Herald documentó que cientos de venezolanos con TPS habían sido detenidos, la mayoría bajo la designación de 2023 que expiró en abril. Al menos un hombre bajo esa designación también fue deportado a Venezuela.
Elizabeth Amaran, abogada de inmigración radicada en el sur de Florida, dijo al Herald que muchos beneficiarios aún tienen opciones disponibles, como solicitudes de asilo pendientes, que permiten permanecer en el país mientras el proceso está en curso, aunque no otorgan estatus legal.
Amaran destacó que el TPS detiene el conteo del plazo de un año para solicitar asilo desde la entrada al país. Esto significa que quienes se acogieron al TPS bajo las designaciones de 2021 y 2023 aún pueden presentar su solicitud de asilo. Sin embargo, quienes retiraron sus casos o cerraron sus procesos judiciales después de recibir el TPS deben reabrirlos ahora para seguir protegidos.
Existe un número considerable de venezolanos que nunca solicitaron asilo y confiaron únicamente en el TPS. Algunos incluso cerraron o retiraron sus casos porque habían obtenido este estatus. Con la expiración del TPS, esas personas quedan completamente desprotegidas y enfrentan el riesgo de ser detenidas o deportadas.
Solo un pequeño grupo de titulares del TPS que se reinscribieron en enero de 2025 conserva una extensión automática de su permiso de trabajo hasta octubre de 2026. El peligro es mayor para quienes tienen órdenes finales de deportación, ya que pueden ser expulsados inmediatamente después de la expiración del estatus temporal.
“Sorprendentemente —sorprendentemente— yo hubiera pensado que no quedaba un solo venezolano con TPS sin protección, pero muchas personas me han llamado. De hecho, hemos estado anunciando esto desde hace tiempo; la decisión de la Corte Suprema salió hace un par de meses, y aun así muchas personas nos llaman porque nunca presentaron asilo. Así que diría que hay un grupo grande”, dijo Amaran.
Otros abogados del sur de Florida señalan que la administración Trump ahora está deteniendo regularmente a personas con casos de asilo pendientes, argumentando que, aunque tengan estadía autorizada, no poseen estatus legal, y eso es motivo suficiente para arrestarlas.
‘No quiero ser otra desaparecida’
La activista venezolana que pidió el anonimato por temor a ser deportada ha vivido en Estados Unidos durante dos décadas. Tiene una orden de deportación que podría enviarla de regreso a un país que, según ella, es letal para quienes, como ella, han desafiado a Maduro y su gobierno.
Tiene un caso de asilo político pendiente y una apelación en curso, pero su situación sigue siendo incierta tras los recientes cambios en la política migratoria. Algunas solicitudes de asilo han sido rechazadas, mientras otras siguen en trámite. El gobierno venezolano anuló su pasaporte, lo que significa que tampoco puede emigrar a otro país.
Es madre, residente de larga data en Florida, propietaria de una casa, con autos y familia; ha pasado la mitad de su vida en Estados Unidos. Sus hijos crecieron aquí; su vida social y económica está profundamente ligada a la comunidad venezolana del sur de Florida. Teme que regresar a Venezuela equivaldría a una sentencia de prisión —o peor.
“No me veo fuera de este país, no por terquedad, sino por lo que hemos hecho por la democracia en Venezuela”, dijo la activista.
Sus temores coinciden con los informes de Human Rights Watch y el grupo venezolano Foro Penal, que documentan cientos de detenciones arbitrarias y desapariciones. La activista cree que podría enfrentar cargos fabricados como “traición” o “instigación”, herramientas comunes de represión.
Si su apelación de asilo político fracasa, podría ser deportada en cualquier momento. Aun así, insiste en mantener la esperanza.
“Tengo fe en que el sistema estadounidense, con todos sus defectos, reconocerá la verdad de mi caso. No quiero ser otra desaparecida.”
Los funcionarios electos se pronuncian
La delegación cubanoamericana de Miami en el Congreso se encuentra cada vez más en una cuerda floja política, tratando de defender a sus electores afectados por las políticas migratorias del presidente, sin criticar abiertamente a la administración. Han dicho que están en contacto con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pero hasta ahora la Casa Blanca ha seguido adelante con la terminación de las protecciones para más de medio millón de venezolanos.
De los tres miembros cubanoamericanos de la delegación, la representante María Elvira Salazar ha sido la más vocal sobre cómo las políticas de Trump afectan a las comunidades hispanas del sur de Florida. Dijo al Herald que “ningún venezolano respetuoso de la ley debe ser enviado de regreso hasta que su país sea libre, punto”.
“Siempre estaré con la comunidad venezolana y defenderé el Estatus de Protección Temporal para los venezolanos hasta que Maduro y su ilegítimo narco-régimen sean removidos del poder y llevados ante la justicia. Y oro para que ese día llegue muy pronto”, dijo Salazar, quien ha copatrocinado leyes para proteger a los inmigrantes venezolanos y ha enviado cartas a Noem solicitando protecciones para los recién llegados de países como Venezuela.
El viernes, el congresista Carlos Giménez dijo que apoyaba un “enfoque caso por caso para los exiliados venezolanos mientras persiguen sus solicitudes de asilo político en Estados Unidos”.
“Aquí en el sur de Florida, los venezolano-estadounidenses son residentes respetuosos de la ley que contribuyen de manera significativa a nuestra economía y comunidad local”, dijo Giménez. “Como siempre he dicho, aunque todos los miembros del Tren de Aragua son de Venezuela, no todos los venezolanos pertenecen al Tren de Aragua. No debemos permitir que las acciones de unos pocos delincuentes definan a toda una comunidad que respeta abrumadoramente nuestras leyes y valores.”
Giménez había enviado previamente una carta a Noem pidiéndole soluciones para los afectados por el fin del TPS, también bajo un enfoque caso por caso. En un comunicado, un portavoz del congresista Mario Díaz-Balart afirmó que el legislador “siempre ha apoyado y sigue apoyando el TPS para Venezuela”.
“Junto a sus colegas, continúa trabajando con la administración Trump en una solución viable que proteja a quienes tienen reclamos legítimos de persecución y asilo y no pueden regresar a sus países”, dijo el portavoz. La representante Debbie Wasserman Schultz, copresidenta del Congressional Venezuela Democracy Caucus y promotora de una legislación para restaurar el TPS para Venezuela, calificó el fin de las protecciones como “la máxima traición a los venezolanos que confiaron en que Trump deportaría a los verdaderos criminales, no a las familias trabajadoras que siguen la ley.”
“Lideré la lucha contra los intentos de Trump de deportar a venezolanos respetuosos de la ley al narco-régimen terrorista de Maduro, y no dejaré de pelear hasta que nuestra comunidad esté libre del miedo”, dijo Wasserman Schultz.
Esta historia fue publicada originalmente el 7 de noviembre de 2025, 5:47 p. m..
