Washington sanciona a “narcosobrinos” y redes que mueven petróleo de Maduro
Estados Unidos lanzó el jueves una nueva ronda de sanciones para aumentar la presión sobre el gobernante venezolano Nicolás Maduro, estando dirigidas contra tres sobrinos de la primera dama Cilia Flores, una red de socios comerciales extranjeros y un grupo de compañías navieras en el extranjero que, según funcionarios estadounidenses, han ayudado a transportar petróleo venezolano sancionado a través de rutas marítimas encubiertas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dijo que las medidas están diseñadas para interrumpir lo que describió como una red persistente de corrupción, narcotráfico y evasión de sanciones que continúa sosteniendo al “ilegítimo” gobierno de Maduro.
La medida también constituye un giro de 180 grados respecto a la decisión tomada por la administración Biden en 2022 de relajar algunas sanciones con la esperanza de atraer a Caracas hacia elecciones libres y justas —un esfuerzo que, según funcionarios del Tesoro, claramente fracasó.
“El Tesoro está haciendo que el régimen y su círculo de compinches y empresas rindan cuentas por sus crímenes continuos”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al anunciar las designaciones. “Nicolás Maduro y sus socios criminales en Venezuela están inundando a Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense”.
Las sanciones recaen fuertemente sobre la familia extendida de Maduro, incluyendo a dos de las figuras más conocidas en las tormentosas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela: Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas.
Los primos —ampliamente conocidos en Venezuela como los “narcosobrinos” — fueron arrestados en Haití en 2015 mientras intentaban cerrar un acuerdo para contrabandear cientos de kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Fueron condenados en Nueva York al año siguiente, pero fueron liberados en 2022 después de recibir clemencia presidencial de Joe Biden en un intercambio de prisioneros que la Casa Blanca dijo que era necesario para asegurar la liberación de estadounidenses detenidos.
Desde su regreso a Venezuela, los dos hombres han reanudado actividades de narcotráfico, dijo la OFAC. Fueron designados bajo una orden ejecutiva de 2021 dirigida a actores involucrados en la proliferación de drogas ilícitas.
El tercer sobrino, Carlos Erik Malpica Flores —ex tesorero nacional de Venezuela y luego alto ejecutivo de la estatal petrolera PDVSA— ya había sido sancionado en 2017. La administración Biden lo retiró de la lista en 2022 en un esfuerzo por fomentar conversaciones políticas. Con la negativa de Maduro a permitir elecciones libres, el Tesoro dijo que está revirtiendo el rumbo y vuelve a designar a Malpica bajo una orden de 2015 dirigida a funcionarios vinculados con corrupción y retrocesos democráticos.
Con la acción del jueves, los tres sobrinos vuelven a unirse a Maduro, a la primera dama Cilia Flores, al hijo de la pareja, Nicolás Maduro Guerra, y a los otros hijos de Flores en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.
OFAC también sancionó al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, acusándolo de asegurar “contratos lucrativos” con el gobierno de Maduro y de asociarse en empresas conjuntas con miembros de la familia Maduro-Flores.
Funcionarios estadounidenses dicen que jugó un papel clave en el movimiento de petróleo para Caracas mientras el sector petrolero del país se debilitaba bajo sanciones. Fue designado bajo una orden ejecutiva de 2018 dirigida al sector petrolero de Venezuela.
La mayor parte de las medidas del jueves apunta a empresas marítimas con sede en las Islas Marshall, Islas Vírgenes Británicas, Reino Unido y las Islas Cook. OFAC dice que las empresas utilizaron seis tanqueros para mover crudo venezolano durante 2025, empleando tácticas engañosas como apagar los sistemas de rastreo, falsificar datos de ubicación y usar técnicas de navegación “oscura” para evitar la detección.
Los buques —identificados como White Crane, Kiara M, H. Constance, Lattafa, Tamia y Monique— ahora se consideran propiedad bloqueada. Sus dueños y operadores —Myra Marine Limited, Arctic Voyager Incorporated, Poweroy Investment Limited, Ready Great Limited, Sino Marine Services Limited y Full Happy Limited— fueron sancionados por operar en el sector petrolero de Venezuela en violación de las restricciones estadounidenses.
Funcionarios estadounidenses señalaron que PDVSA ha estado bajo sanciones desde 2019 y que el gobierno de Maduro depende cada vez más de redes de envío complejas y débilmente reguladas para mover crudo a compradores en Asia. Dichas “prácticas engañosas”, dijo la OFAC, socavan las sanciones y crean riesgos ambientales al permitir que tanqueros naveguen sin el rastreo adecuado.
Bajo las sanciones, toda la propiedad de los individuos, empresas y buques designados que se encuentre bajo jurisdicción estadounidense debe ser congelada y reportada. Por lo general, se prohíbe a las personas estadounidenses hacer negocios con los sancionados, y las entidades extranjeras que faciliten transacciones a sabiendas podrían enfrentar sanciones o sanciones secundarias.
El Tesoro reiteró que las violaciones de sanciones conllevan responsabilidad civil y penal, y que la aplicación puede ocurrir bajo un régimen de responsabilidad estricta —es decir, no se requiere intención. Se instó a bancos, comerciantes, aseguradoras, navieras y otros proveedores de servicios a revisar su exposición.
La acción del jueves se produjo un día después de que fuerzas estadounidenses incautaran un tanquero frente a la costa de Venezuela, la última escalada en una creciente campaña estadounidense de presión militar y de aplicación de la ley contra el régimen de Maduro.
Washington ha acumulado lo que analistas describen como el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe en décadas como parte de una amplia operación dirigida contra carteles de la droga latinoamericanos —una misión que se ha convertido en un pilar definitorio de la política exterior del presidente Donald Trump.
En el centro de la campaña está el llamado Cartel de los Soles de Venezuela, que el Departamento de Justicia alega está dirigido por Maduro y altos miembros de su círculo íntimo.
En semanas recientes, el Pentágono ha enviado activos navales y aéreos adicionales a la región, incluido el portaaviones USS Gerald R. Ford y varios destructores lanzamisiles. La expansión coincide con una serie de ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental que, según funcionarios, transportaban narcóticos para grupos criminales transnacionales.
Trump ha defendido repetidamente los ataques declarando que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con carteles de la droga que operan cerca de aguas venezolanas. En una entrevista publicada recientemente por Politico, advirtió que los “días de Maduro están contados” y no descartó el uso de tropas estadounidenses en territorio venezolano.
La creciente presión militar se suma a años de acciones legales contra Maduro. En 2020, el Departamento de Justicia lo acusó de narcoterrorismo, y más de una docena de altos funcionarios venezolanos fueron igualmente imputados. El Departamento de Estado posteriormente ofreció una recompensa de $50 millones por Maduro —la mayor recompensa jamás ofrecida por un jefe de Estado en funciones.
Esta historia fue publicada originalmente el 11 de diciembre de 2025, 4:50 p. m..
