Régimen de Maduro ordena vigilar a militares y policías deportados de EEUU
Líderes del exilio venezolano en Miami están sonando campanadas de alerta tras la filtración de un memorando interno de inteligencia que ordena a las fuerzas de seguridad de Venezuela localizar y recopilar información sobre exfuncionarios policiales y militares recientemente deportados desde Estados Unidos.
El documento, emitido por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, sale a la luz mientras organizaciones de derechos humanos advierten que el país sudamericano está viendo un fuerte incremento de las desapariciones forzadas y las detenciones por razones políticas tras las disputadas elecciones presidenciales de 2024.
Fechado el 1 de diciembre de 2025 y firmado por el comisionado general Darwin Echeverría, director de inteligencia de la policía de investigaciones (CICPC), el memo instruye al comando regional de Caracas a enviar equipos a las viviendas de los exfuncionarios que han retornado al país desde Centroamérica y Estados Unidos a través de la “Gran Misión Vuelta a la Patria”.
A los agentes se les ordena verificar la “ubicación física” de estas personas y recopilar información personal detallada. Según el memorando filtrado, la directiva incluía una lista de nombres junto con un formulario estandarizado que debía completarse durante las visitas.
La orden ha intensificado los temores entre los exiliados venezolanos —exfuncionarios policiales y militares— quienes dicen que el gobierno está utilizando los programas de repatriación para identificar, vigilar y potencialmente detener a quienes considera disidentes.
El teniente José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Políticamente Perseguidos en el Exilio, con sede en Miami, calificó el memorando de “sumamente grave”, diciendo que coloca a los repatriados en peligro inmediato.
“Podrían ser capturados por la tiranía, podrían ser sometidos a interrogatorios intensos, podrían ser detenidos ilegalmente y también sometidos a torturas y tratos degradantes”, dijo Colina. Cualquier exfuncionario que regrese a Venezuela, advirtió, “podría convertirse en víctima de una detención ilegítima y… una desaparición física porque son considerados enemigos del Estado por el régimen”.
Colina dijo que decenas de militares y policías han muerto bajo custodia del gobierno en los últimos años, lo que subraya los riesgos. Instó a los gobiernos extranjeros a no deportar a los oficiales venezolanos que rompieron con el régimen y buscaron refugio en otros países, argumentando que “lo que les espera en Venezuela es prisión, tortura o incluso la muerte”.
Iván Simonovis, ex preso político que luego se desempeñó como comisionado especial de seguridad e inteligencia para el líder opositor Juan Guaidó, dijo que la orden refleja un esfuerzo continuo del régimen de Nicolás Maduro por neutralizar la disidencia dentro de las filas militares y policiales.
“Esto es la continuación de una historia que ya conocemos: la persecución del régimen contra todo aquel que sea disidente”, afirmó Simonovis. Señaló que la participación del jefe de inteligencia del país indica que la operación es una alta prioridad.
La filtración se produce en medio de un marcado aumento de desapariciones con motivación política tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En un reciente informe de 46 páginas, Amnistía Internacional afirma que las desapariciones forman parte de una campaña coordinada de represión que podría constituir crímenes de lesa humanidad.
En su investigación, “el crimen de la desaparición forzada en Venezuela: detenciones sin rastro”, Amnistía documentó 15 casos emblemáticos entre julio de 2024 y junio de 2025. El informe describe un patrón sistemático de detenciones arbitrarias llevadas a cabo por agentes de la contrainteligencia militar y del servicio bolivariano de inteligencia, a menudo por funcionarios vestidos de civil y en vehículos sin identificación.
Las víctimas son rutinariamente secuestradas, trasladadas a instalaciones clandestinas y mantenidas incomunicadas mientras sus familias buscan desesperadamente respuestas. Amnistía dijo que las desapariciones no son abusos aislados, sino parte de una “estrategia deliberada para silenciar la disidencia y aterrorizar a la población”.
La filtración del memorando está generando alarma dentro de la comunidad venezolana exiliada en el sur de la Florida, donde miles enfrentan deportaciones inminentes mientras la administración Trump acelera los vuelos de repatriación. Grupos de defensa temen que el memo pueda usarse para perseguir a los repatriados, particularmente aquellos con antecedentes policiales y militares.
La represión se intensificó después de que Maduro se declarara ganador de las ampliamente cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024. En una semana, más de 2.500 personas fueron arrestadas durante protestas nacionales, y al menos 25 manifestantes —incluidos dos menores— fueron asesinados por fuerzas de seguridad.
El gobierno amplió el uso de la aplicación móvil “VenApp” —originalmente creada para reportar baches y problemas de servicios públicos— para permitir que leales al régimen denunciaran a presuntos manifestantes y críticos. Pasaportes fueron revocados, viviendas allanadas y organizaciones de la sociedad civil desmanteladas.
En un discurso tras los disturbios, Maduro prometió “no habrá perdón”, invocando ominosamente Tocorón, una de las prisiones más infames de Venezuela, como el destino que aguardaría a los manifestantes.
Para los defensores de derechos humanos, el memorando filtrado encaja en el clima general de represión. Dicen que evidencia la creciente dependencia del gobierno de Maduro en la vigilancia, operaciones de inteligencia y desapariciones forzadas para mantener el control.
La orden de verificar la “ubicación física” de los oficiales repatriados refleja tácticas usadas en olas anteriores de detenciones con motivación política, en las que las visitas domiciliarias de agentes de inteligencia a menudo precedían detenciones sin orden judicial.
