Ante la noticia de la captura de Maduro, Venezuela lidia con los escombros en que dejó el país
Cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela en 2013, el país ya estaba profundamente alterado tras años de polarización política bajo Hugo Chávez, marcados por la reducción de libertades y violentas represiones contra la disidencia.
Pero, como resultó, los venezolanos aún no lo habían visto todo.
Tras la muerte de Chávez, Venezuela entró en uno de los colapsos políticos, económicos y humanitarios más dramáticos de la historia reciente. Maduro heredó una nación afectada por la caída de la producción petrolera y la corrupción arraigada, pero la respuesta de su gobierno —caracterizada por la mala gestión económica, controles ideológicos rígidos y un autoritarismo creciente— aceleró de forma notable el desmoronamiento del país.
En la última década la economía venezolana se contrajo aproximadamente un 80%, la mayor caída en tiempos de paz registrada en el Hemisferio Occidental. La hiperinflación se disparó hasta millones por ciento, borrando ahorros y salarios. Los alimentos y medicamentos se volvieron escasos, provocando hambre generalizada, muertes evitables y la aparición de una economía informal basada en el trueque. Aunque la inflación ha cedido, persisten debilidades estructurales profundas: deuda masiva, infraestructura en ruinas y una dependencia casi total del petróleo.
Políticamente, Maduro consolidó el poder mediante redes leales dentro de las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, empresas criminales y grupos paramilitares civiles conocidos como colectivos. Los partidos de oposición enfrentaron arrestos, exilio, inhabilitaciones y el desmantelamiento sistemático de las instituciones democráticas. Las elecciones estuvieron plagadas de irregularidades, la censura mediática se intensificó y las organizaciones de la sociedad civil operaron bajo amenaza constante. La disputada elección presidencial de 2024 encendió protestas en todo el país y una amplia represión gubernamental.
Las condiciones humanitarias empujaron a más de siete millones de venezolanos a huir, creando una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo. Los que permanecen soportan un suministro eléctrico poco fiable, servicios públicos colapsados, alta criminalidad y escasez crónica en hospitales y escuelas.
A nivel internacional, el gobierno de Maduro se fue aislando cada vez más, apoyándose en Rusia, China, Irán y Cuba mientras enfrentaba amplias sanciones de EEUU y Europa.
Ahora, con Maduro capturado por Estados Unidos y sacado del país , los venezolanos se preguntan si su repentina desaparición podría marcar el fin de un régimen socialista que gobernó por más de dos décadas, transformando una nación que alguna vez tuvo el mayor nivel de vida de América Latina en una de las más pobres.
Aunque la respuesta sigue siendo incierta, los analistas coinciden en que Venezuela requiere un cambio político drástico para cerrar un capítulo sombrío que vació las instituciones democráticas, criminalizó la disidencia y presidió un colapso económico que sumió a millones en la pobreza y provocó una de las mayores olas migratorias del mundo.
Un colapso años en gestación
El declive de Venezuela se remonta en parte a los controles económicos y políticos impuestos durante la autodenominada Revolución Bolivariana de Chávez. Pero gran parte de la responsabilidad recae en la corrupción y la represión que se intensificaron bajo Maduro, quien demostró ser un caudillo más despiadado que su predecesor.
La presidencia de Maduro comenzó con una victoria ajustada y contestada. Tras la muerte de Chávez en 2013, el exconductor de autobús derrotó por poco al líder opositor Henrique Capriles con 50,6% de los votos en medio de acusaciones de fraude —un inicio disputado que presagió una década de crisis.
La economía dependiente del petróleo —responsable de más del 80% de los ingresos por exportaciones— ya era frágil, pese a que el país posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo. Cuando los precios globales del petróleo se desplomaron en 2014, el gobierno respondió con negación, controles rígidos de precios e impresión descontrolada de dinero.
Las escaseces empeoraron. La inflación alcanzó 69% —alarmante en ese momento, pero modesta en perspectiva— y estalló la primera gran ola de protestas. Más de 40 personas murieron mientras las fuerzas de seguridad y los colectivos reprimían.
En 2015, los votantes otorgaron a la oposición una contundente victoria legislativa. En lugar de aceptar el resultado, Maduro recurrió al Tribunal Supremo, que despojó sistemáticamente a la Asamblea Nacional de sus poderes, acelerando la erosión de los controles democráticos.
De deriva autoritaria a dictadura plena
Entre 2016 y 2018 Venezuela se precipitó en su descenso más pronunciado. Un referéndum revocatorio permitido por la Constitución fue detenido de forma abrupta. El Tribunal Supremo declaró a la Asamblea Nacional en desacato y asumió sus poderes, desatando una crisis constitucional.
La economía implosionó. La hiperinflación pasó de 800% en 2016 a 1.35 millones por ciento en 2018. Los salarios se evaporaron, los ahorros perdieron todo valor y la producción petrolera cayó a mínimos de cuatro décadas.
Maduro respondió estrechando el control. Convocó una nueva Asamblea Constituyente leal exclusivamente a él, marginando al poder legislativo elegido. Siguieron meses de protestas a escala nacional; más de 120 personas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad.
La elección presidencial de 2018 consolidó el estatus paria de Venezuela. Boicoteada por la oposición y ampliamente condenada como fraudulenta, la votación otorgó a Maduro un nuevo mandato con una participación históricamente baja. Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de países latinoamericanos se negaron a reconocer el resultado, lo que provocó sanciones adicionales.
Los grupos de derechos humanos documentaron abusos en aumento. Amnesty International y organizaciones locales reportaron miles de ejecuciones extrajudiciales, muchas atribuidas a las temidas unidades especiales de policía conocidas como FAES. La Corte Penal Internacional abrió posteriormente una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad.
La apuesta Guaidó
A comienzos de 2019, Maduro parecía vulnerable. Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional opositora, invocó disposiciones constitucionales para declararse presidente interino. Más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, lo reconocieron.
Siguieron protestas masivas, pero el régimen se mantuvo. El ejército permaneció leal, el aparato de inteligencia cubano protegió a Maduro, y Rusia, Irán y China ofrecieron respaldo financiero y diplomático.
Las sanciones estadounidenses se intensificaron, apuntando a la petrolera estatal PDVSA. La economía se deterioró aún más: apagones nacionales sumieron ciudades en la oscuridad, los hospitales se quedaron sin insumos y la pobreza alcanzó 96% en 2021. La pandemia de COVID-19 devastó un sistema de salud ya devastado.
Para 2022, el impulso de Guaidó se había desvanecido. Una limitada dolarización produjo una estabilización modesta, pero la desigualdad se disparó y el estancamiento político persistió.
Una elección disputada, una nación al borde
De cara a la elección de 2024, Maduro se movió para neutralizar a los rivales creíbles. María Corina Machado, ganadora primaria de la oposición, fue inhabilitada para postular. Edmundo González Urrutia, un diplomático retirado, se convirtió en el candidato sustituto de la oposición.
La votación de julio se convirtió en uno de los casos más claros de manipulación electoral en la historia reciente de América Latina. Los resultados oficiales dieron a Maduro 51%, pero los conteos independientes, datos filtrados y evaluaciones del Carter Center, Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos sugirieron que González probablemente ganó por un amplio margen.
Estallaron protestas en todo el país. Las fuerzas de seguridad lanzaron la Operación Tun Tun, una represión masiva que dejó al menos 24 muertos y más de 2,000 detenidos. González huyó a España; Machado se ocultó. El Tribunal Supremo ratificó la victoria de Maduro.
Maduro inició su tercer mandato en medio de una amplia falta de reconocimiento internacional y una represión en aumento. Las organizaciones de la sociedad civil registraron una detención arbitraria cada 32 horas en 2025. Cientos de presos políticos permanecen en instalaciones conocidas por la tortura.
Aunque la economía muestra tímidos signos de estabilización —con un crecimiento proyectado de alrededor de 0.5 por ciento— la mayoría de los venezolanos no ve alivio. Los bienes básicos siguen siendo caros o escasos, la inflación continúa erosionando los salarios y los servicios públicos siguen disfuncionales.
Una fase nueva y peligrosa
A nivel internacional, Maduro se apoyó fuertemente en Rusia, China, Irán y Cuba. Luego enfrentó su amenaza externa más seria en años: el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
En agosto, Estados Unidos aumentó su recompensa por la captura de Maduro a $50 millones, acusando a su gobierno de vínculos con cárteles de drogas y con el grupo criminal Tren de Aragua. Las tensiones se intensificaron en octubre tras informes de un intento encubierto de EEUU para capturarlo.
El 24 de noviembre, la administración Trump dio su paso más drástico hasta entonces, designando al gobierno de Maduro como organización terrorista extranjera —una medida que amplió la autoridad de Washington para congelar activos, intensificar sanciones y potencialmente justificar acciones militares futuras.
Maduro acusó a Estados Unidos de planear una invasión para apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela. El parlamento controlado por el gobierno denunció la “agresión” estadounidense, mientras los medios estatales amplificaron advertencias sobre amenazas extranjeras inminentes.
Los efectos de la designación estadounidense fueron inmediatos: tensiones en los mercados financieros, preocupación por las cadenas de suministro humanitario y aumento de la ansiedad pública.
La crisis humanitaria en Venezuela persiste, con más de 6.8 millones de migrantes en el hemisferio, pobreza aún por encima del 50%, desnutrición infantil generalizada y un sistema de salud apenas funcional. El PIB del país, que alguna vez estuvo entre los mayores de América Latina, ahora se asemeja al de una pequeña nación centroamericana.
La mayoría de los analistas coinciden en que, sin una transición política —negociada o de otro tipo—, la recuperación es improbable. Mientras Maduro culpa a una “guerra económica” de EEUU, expertos independientes señalan en cambio la corrupción sistémica, el autoritarismo y la mala gestión crónica como los verdaderos motores del colapso venezolano.
Esta historia fue publicada originalmente el 3 de enero de 2026 a las 10:24 a. m. con el titular "Ante la noticia de la captura de Maduro, Venezuela lidia con los escombros en que dejó el país."
