Capo del narcotráfico venezolano sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión
.jpg "Carlos Orense Azocar, es señalado por las autoridades de Estados Unidos de ser una pieza importante de las operaciones del narcotráfico en Venezuela.")
Un juez federal en Manhattan condenó el martes al narcotraficante venezolano Carlos Orense Azocar a cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión, poniendo fin a una de las causas por narcotráfico más extensas presentadas contra una figura vinculada a las opacas redes de droga de Venezuela y a la corrupción en los más altos niveles del régimen de Caracas y de sus fuerzas armadas.
Orense Azocar, conocido por el apodo de “El Gordo”, fue declarado culpable en diciembre de 2023 tras un juicio de dos semanas en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Este martes, el juez federal Vernon S. Broderick dictó sentencia, ratificando su responsabilidad ante los cargos de que conspiró para importar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos, así como de múltiples delitos relacionados con la posesión ilegal de armas.
Los fiscales federales acusaron a Orense de movilizar cientos de toneladas de cocaína a través de un corredor internacional que se extendía desde Colombia y Venezuela hasta Centroamérica, el Caribe y, finalmente, Estados Unidos.
“Carlos Orense Azocar es uno de los traficantes de cocaína más prolíficos jamás sentenciados en este tribunal”, afirmó el fiscal federal Jay Clayton en un comunicado. “Orense Azocar y sus co-conspiradores, incluidos altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas armadas, infligieron un daño incalculable a esta comunidad”.
El jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, calificó a Orense como un “capo criminal que construyó un imperio sobre el engaño, el fraude y el soborno”, y añadió que su caso subraya la determinación de la agencia de perseguir a poderosos traficantes internacionales independientemente de sus conexiones políticas.
Las investigaciones estadounidenses sobre el crecimiento de las operaciones de narcotráfico en Venezuela han identificado a Orense como uno de los operadores más antiguos vinculados al llamado Cartel de los Soles, una organización que, según alegan las autoridades de Estados Unidos, es dirigida por altos miembros del régimen socialista de Caracas y de las fuerzas armadas venezolanas.
Según documentos judiciales y testimonios del juicio, la operación de tráfico de Orense comenzó alrededor de 2003 y creció de manera constante durante casi dos décadas. Los fiscales señalaron que ayudó a transportar, recibir y distribuir cargamentos de cocaína que iban desde cientos hasta miles de kilogramos por envío, utilizando una sofisticada red de rutas aéreas y marítimas.
En el centro de la operación había una serie de ranchos ganaderos, o fincas, propiedad y bajo control de Orense en el interior de Venezuela. Estas propiedades, dijeron las autoridades, servían como centros seguros para el almacenamiento y envío de cocaína. Los investigadores testificaron que los ranchos estaban equipados con pistas de aterrizaje clandestinas, tanques subterráneos utilizados para ocultar drogas y arsenales que contenían cientos de armas y miles de municiones.
Desde estas fincas, la cocaína era despachada a bordo de pequeñas aeronaves que volaban hacia el norte con destino a Centroamérica y México, o cargada en lanchas rápidas que salían de la costa venezolana hacia puntos intermedios en el Caribe, incluidos la República Dominicana y zonas cercanas a Puerto Rico. Luego, los envíos eran canalizados hacia Estados Unidos.
Los fiscales estimaron que Orense distribuía cerca de una tonelada de cocaína por semana durante gran parte del año —lo que equivale a hasta 40 toneladas anuales— y que, a lo largo de la conspiración, fue responsable del movimiento de cientos de toneladas de la droga, generando decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas.
Para sostener una operación de esa magnitud, dijo el gobierno, Orense dependía en gran medida de la corrupción y la violencia.
Según la evidencia presentada en el tribunal, pagó millones de dólares en sobornos a altos funcionarios de todo el aparato estatal venezolano, incluidos generales militares, oficiales de la Guardia Nacional, comisarios de policía y figuras de alto nivel dentro de los organismos de inteligencia del país. Esas relaciones, afirmaron los fiscales, le permitieron operar con casi total impunidad dentro de Venezuela.
Sus conexiones gubernamentales presuntamente le aseguraron acceso a armamento de grado militar, protección frente a operativos policiales y militares, paso seguro de convoyes de cocaína a través de puntos de control e incluso códigos de transpondedor aeronáutico fraudulentos que permitían a aviones cargados de droga salir del espacio aéreo venezolano sin interferencias.
Orense también se asoció con grupos guerrilleros armados que operan en Colombia y Venezuela, incluidos elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para abastecerse de cocaína y garantizar el tránsito seguro a través de regiones fronterizas. Testigos declararon que miembros de las FARC eran vistos ocasionalmente custodiando pistas de aterrizaje donde aterrizaban aviones cargados de droga, algunos vestidos con uniformes del ejército venezolano y portando fusiles AK-47.
Para protegerse a sí mismo y a sus cargamentos, Orense mantenía equipos de seguridad fuertemente armados. Los fiscales señalaron que se desplazaba en vehículos blindados, escoltado por hombres armados, y utilizaba una combinación de seguridad privada, policías corruptos e incluso fuerzas militares para proteger los convoyes. Entre las armas vinculadas a su organización había fusiles automáticos, subfusiles, pistolas modificadas para funcionar como ametralladoras y una ametralladora calibre .50 montada.
Uno de los testigos clave del gobierno, un co-conspirador identificado en los documentos judiciales únicamente como “CC-5”, fue un miembro de alto rango del equipo de seguridad de Orense y posteriormente cooperó con las autoridades estadounidenses. CC-5 dijo a los fiscales que estuvo presente en decenas o incluso cientos de conversaciones en las que Orense discutía el tráfico de cocaína a gran escala con asociados, incluidos funcionarios venezolanos y otros traficantes.
Los expedientes judiciales describen episodios detallados que ilustran la profundidad de la corrupción que rodeaba la operación. En un caso ocurrido alrededor de 2008 o 2009, Orense y miembros de su equipo de seguridad se reunieron con un general de la Guardia Nacional, identificado como “CC-3”, en un restaurante de Valencia, Venezuela. Tras una tensa discusión sobre dinero, Orense ordenó a CC-5 entregar dos bolsos deportivos llenos de billetes de 20 dólares estadounidenses —estimados en varios millones de dólares— al general. El dinero fue luego entregado a hombres que viajaban en un vehículo oficial de la Guardia Nacional.
Poco después, cuando un camión que transportaba 1,000 kilogramos de cocaína fue detenido en un punto de control vial, CC-3 intervino directamente. Tras una breve llamada telefónica con el oficial de turno, el camión fue autorizado a continuar sin ser inspeccionado.
Los fiscales también afirmaron que Orense trabajó estrechamente con figuras de alto nivel de los servicios de inteligencia de Venezuela. En un documento judicial identificaron a un alto funcionario de la hoy desaparecida Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) como “CC-1”, y al jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) como “CC-2”.
Los documentos también alegaron que las ganancias del narcotráfico fueron lavadas a través de una empresa con sede en Estados Unidos vinculada a una compañía estatal venezolana, identificada en los expedientes únicamente como “Company-2”.
Orense no testificó en el juicio. Su defensa cuestionó la credibilidad de los testigos cooperantes y sostuvo que el gobierno exageró su papel, pero el jurado rechazó esos argumentos.
Orense fue arrestado en Italia en mayo de 2021 y extraditado a Estados Unidos en junio de 2022, luego de que las autoridades italianas aprobaran su traslado. Funcionarios estadounidenses atribuyeron su arresto y extradición a la estrecha cooperación con el gobierno italiano, la División de Operaciones Especiales de la DEA y su Unidad de Investigaciones Bilaterales, así como a fiscales y especialistas en informática forense en Nueva York.
“Esta sentencia envía un mensaje claro”, dijo el administrador de la DEA, Cole. “La DEA perseguirá sin descanso y hará rendir cuentas a los narcotraficantes internacionales, sin importar cuán lejos huyan o cuán poderosos crean ser”.
