CIDH expresa alarma por operación militar de EEUU en Venezuela
La CIDH manifestó preocupación por la operación militar de Estados Unidos para capturar al exgobernante venezolano Nicolás Maduro y dijo que la restauración democrática debe realizarse con pleno respeto del derecho internacional.
Aunque ha documentado graves violaciones de derechos humanos, así como la ruptura del orden democrático y del Estado de derecho en el país sudamericano con anterioridad a la operación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirmó que todo proceso para recuperar la democracia debe cumplir con ese derecho.
Maduro fue capturado junto a su esposa Cilia Flores el sábado 3 de enero por fuerzas especiales de Estados Unidos tras ataques a Caracas y otras ciudades de Venezuela y luego lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico.
Según cifras reportadas por la prensa, la incursión armada en Venezuela dejó, al menos, 75 personas fallecidas, entre ellas 32 cubanos que formaban parte del equipo de seguridad que custodiaba a Maduro y a su esposa, así como un número indeterminado de heridos. No obstante, la CIDH advierte que estas cifras no están confirmadas oficialmente.
El organismo interamericano alertó que la historia de Latinoamérica, documentada “rigurosamente por la Comisión durante décadas”, ha evidenciado que la falta de observancia del derecho internacional suele provocar mayor posibilidad de vulneración de derechos humanos.
Razón por la cual la Comisión destaca la relevancia de su aplicación con pleno respeto a la soberanía, la integridad territorial, el principio de no intervención y no agresión, la prohibición del uso de la fuerza y la protección integral de los derechos humanos, conforme a lo establecido en la Carta de la OEA y en la Carta de las Naciones Unidas.
Deterioro de los derechos humanos
La CIDH también exhortó a que se garanticen plenamente los derechos humanos de los venezolanos que han registrado un deterioro bajo el régimen chavista.
Tras las “graves denuncias de fraude” en las elecciones de 2024, la Comisión concluyó que el régimen de Maduro carecía de legitimidad democrática y documentó violaciones graves y sistemáticas perpetradas por el régimen, entre ellas 25 muertes, más de 2,000 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, censura, persecución política y prácticas de terrorismo de Estado, así como corrupción y cooptación de las instituciones estatales. “Todo ello con el fin de consolidarse en el poder”.
La CIDH advirtió que, en un contexto de ausencia de Estado de derecho, cierre de espacio cívico y obstáculos a la libertad de expresión, el acceso a información verificable continúa restringido. Esta situación se ve agravada por el miedo de las personas, la difusión de propaganda desde distintas instituciones, los bloqueos digitales vigentes y la circulación de contenidos deliberadamente modificados con fines de desinformación desde distintos sectores de la región.
Libertad de prensa bajo presión
En ese contexto, desde el 3 de enero recibió información sobre la detención de al menos 14 periodistas en puntos fronterizos y en cercanías a la sede de la Asamblea Nacional en Caracas, así como el patrullaje de grupos armados conocidos como “colectivos” en diversos lugares, incluidos espacios donde se encontraba desplegada la prensa.
La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) destacan la importancia fundamental de la labor periodística para garantizar el derecho de la población a estar informada y el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Al respecto, instan al régimen venezolano a garantizar condiciones plenas para el ejercicio del periodismo, sin censura, amenazas, represalias ni restricciones indebidas, y a proteger a las personas defensoras de derechos humanos.
Adicionalmente, el régimen venezolano promulgó el Decreto 5.200, que declara el Estado de Conmoción Exterior, amplía significativamente la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana y establece severas restricciones a la libertad de expresión y a la participación democrática, incluyendo disposiciones que habilitan la búsqueda y detención de personas señaladas por promover o apoyar los hechos, lo que incrementa el riesgo de violaciones de derechos humanos.
La CIDH reiteró su profunda preocupación por la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos o por disidencia, incluidos dirigentes de partidos y movimientos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes, de acuerdo con reportes de la sociedad civil, han sufrido violaciones sistemáticas de derechos humanos.
