Delcy Rodríguez promete cerrar temida prisión El Helicoide, plantea amnistía general
La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes que El Helicoide, uno de los centros de detención más notorios del país, será cerrado y convertido en un centro de servicios sociales y deportivos, al tiempo que confirmó que un proyecto de ley de amnistía general para los presos políticos será enviado a la Asamblea Nacional chavista.
Los anuncios se realizaron durante una sesión solemne con motivo de la apertura del año judicial 2026 en el Tribunal Supremo de Justicia, en una ceremonia oficial a puerta cerrada y sin acceso a la prensa.
“Hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y comunidades aledañas a este recinto”, anunció Rodríguez.
Previamente, Rodríguez anunció que había solicitado ante la Asamblea Nacional que aprobara una ley de amnistía general para “promover la convivencia en Venezuela”, dijo Rodríguez. “Pido a todos que nadie imponga la violencia ni la venganza, para que todos podamos convivir con respeto”, añadió.
Rodríguez señaló que la ley de amnistía busca ir más allá de las liberaciones parciales que se han producido desde comienzos de enero y podría beneficiar a cientos de presos políticos que aún permanecen encarcelados dentro del sistema judicial venezolano.
El Helicoide, una enorme estructura de concreto en Caracas con forma de pirámide de tres lados, es propiedad del Estado venezolano y durante años ha sido utilizado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como centro de detención e interrogatorios tanto de presos comunes como políticos. Concebido originalmente a finales de la década de 1950 como un ambicioso centro comercial, el proyecto nunca se completó y posteriormente fue reutilizado por los cuerpos de seguridad.
Durante la administración del exmandatario Nicolás Maduro, El Helicoide se convirtió en uno de los símbolos más emblemáticos de la represión política en Venezuela. Ex detenidos y organizaciones de derechos humanos han documentado torturas sistemáticas y graves abusos dentro de la instalación, incluidos golpes, descargas eléctricas, suspensión por las extremidades, posiciones de estrés prolongadas y otros tratos degradantes.
Rodríguez no ofreció un cronograma para el cierre o la reconversión del recinto, pero afirmó que el gobierno está comprometido con transformarlo en un espacio de uso comunitario y con combatir la corrupción dentro del sistema de justicia.
Sus declaraciones se produjeron mientras organizaciones no gubernamentales reportaban nuevas liberaciones en el marco de un proceso de excarcelaciones en curso. El grupo de derechos humanos Foro Penal informó el viernes que Arturo Gallino Rullier, ciudadano con nacionalidad estadounidense y peruana, fue liberado de prisión y se encontraba viajando a Estados Unidos.
El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, indicó que Gallino fue detenido el 29 de noviembre de 2025 y permaneció recluido en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, al norte de Caracas.
Hasta el jueves, Foro Penal había confirmado la liberación de 302 presos políticos desde el 8 de enero, cuando las autoridades anunciaron la excarcelación de un “número significativo” no especificado de detenidos, días después de que una operación militar estadounidense capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. El gobierno, sin embargo, asegura que más de 600 presos han sido liberados en el mismo período.
Otras organizaciones de derechos humanos subrayan que la mayoría de los liberados no gozan de plena libertad. Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), dijo esta semana a EFE que los exdetenidos continúan sujetos a medidas alternativas, entre ellas prohibiciones de salida del país, restricciones para hablar con los medios de comunicación y presentaciones periódicas obligatorias ante los tribunales.
Esta semana, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que 808 personas habían sido liberadas desde “antes de diciembre”, sin precisar fechas, al tiempo que negó que en Venezuela existan presos políticos.
Según Rodríguez, la propuesta de ley de amnistía borraría las causas penales y las condenas de las personas beneficiadas, lo que la convertiría en una medida más amplia que las liberaciones realizadas hasta ahora. Precisó que la ley excluiría a quienes hayan sido condenados por homicidio, narcotráfico y delitos comunes.
La presidenta interina indicó que la decisión fue discutida previamente con Maduro, antes de su captura, y subrayó que el objetivo es fomentar el “respeto y la paz” en la sociedad venezolana.
Tras la aprehensión de Maduro por fuerzas estadounidenses, el gobierno socialista encabezado por Rodríguez ha dado pasos —aunque a menudo de forma lenta— para alinearse con un plan de estabilización respaldado por Washington, destinado a reactivar la economía y el sistema político venezolanos. Entre esas medidas figuran la liberación de cientos de presos políticos y los preparativos para permitir el reingreso de empresas estadounidenses al sector petrolero venezolano con menos restricciones.
Durante años, el movimiento socialista gobernante ha utilizado a los presos políticos como herramienta de negociación, en medio de un patrón de detenciones arbitrarias, liberaciones parciales e intercambios de prisioneros vinculados a negociaciones políticas. Las organizaciones de derechos humanos advierten que continúan produciéndose nuevas detenciones incluso mientras algunos reclusos son liberados.
Los anuncios se producen en un contexto de elevada tensión política tras la captura de Maduro y en medio de negociaciones nacionales e internacionales en curso sobre el futuro institucional de Venezuela.
