Delcy Rodríguez evalúa nombrar a Rodríguez Torres como ministro de Defensa
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, está considerando nombrar al general retirado Miguel Rodríguez Torres como próximo ministro de Defensa del país, dijeron al Miami Herald fuentes familiarizadas con las discusiones, confirmando reportes que han generado indignación entre miembros de la diáspora venezolana.
El nombre de Rodríguez Torres ha resurgido en los últimos días como posible sustituto del actual ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, mientras Rodríguez conforma lo que pretende sea un equipo de transición encargado de encaminar a Venezuela hacia un proceso democrático en la era posterior a Maduro, bajo la supervisión de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Estas maniobras se producen luego de que Delcy Rodríguez obtuviera el reconocimiento formal de las Fuerzas Armadas como comandante en jefe. Aun así, fuentes estadounidenses y venezolanas señalan que su autoridad real sobre los cuerpos militares y de inteligencia sigue siendo muy frágil.
Es en ese contexto que Rodríguez Torres —exjefe de la policía política venezolana y exministro del Interior durante el gobierno de Hugo Chávez— ha reaparecido como una posible figura de estabilización dentro de las Fuerzas Armadas. Sus partidarios lo describen como un insider del chavismo que posteriormente rompió con Nicolás Maduro y que conserva credibilidad y conocimiento operativo dentro de las filas castrenses.
Una apuesta arriesgada
Pero Rodríguez Torres dista mucho de ser una opción exenta de riesgos. Su nombramiento probablemente reavivaría el escrutinio sobre antiguas acusaciones de tortura y violaciones de derechos humanos, dada su participación central en la construcción del aparato represivo que sostuvo al régimen socialista venezolano durante más de dos décadas.
“Delcy parece haber tomado la decisión de colocar a Rodríguez Torres al frente de los militares porque cree que le es plenamente leal, mientras que Padrino López no es alguien en quien confíe completamente”, dijo una fuente al Herald. “Pero esto podría crear un grave problema de imagen para la presidenta interina. Aunque su historial quizá no sea ampliamente conocido en el exterior, la mayoría de los venezolanos sabe bien que Rodríguez Torres es visto como el arquitecto del sistema de tortura de Venezuela”.
Fuentes consultadas por el Herald confirmaron un reportaje publicado el domingo por el diario español ABC, que señaló que los detalels del posible nombramiento de Rodríguez Torres fueron discutidos durante una reciente visita a Caracas del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. El viaje fue descrito públicamente como un gesto de apoyo a una ley de amnistía acelerada tras la captura, el 3 de enero en Caracas, del hombre fuerte Nicolás Maduro en una operación liderada por Estados Unidos.
Las discusiones tienen lugar en medio de una frágil reconfiguración del poder en Venezuela. Aunque las Fuerzas Armadas han reconocido formalmente a Delcy Rodríguez como comandante en jefe, funcionarios estadounidenses y venezolanos afirman que su control sobre unidades clave militares y de inteligencia sigue siendo limitado, condicionado por lealtades internas de larga data.
Alarmas en Washington y en el exterior
Rodríguez Torres, quien reside en España desde que fue excarcelado en Venezuela en 2023, es visto por algunos sectores del oficialismo como una figura con credibilidad dentro de las Fuerzas Armadas pese a su ruptura con Maduro, quien ordenó su arresto en 2018. Sin embargo, su posible regreso a un cargo de alto nivel en el área de seguridad ha encendido alarmas tanto en España como en Estados Unidos, donde expertos y líderes de la comunidad venezolana consideran que su historial es incompatible con una transición limpia.
Gary Berntsen, exjefe de estación de la CIA condecorado y asesor de funcionarios estadounidenses sobre Venezuela, afirmó que advirtió al presidente Trump en una carta sobre los riesgos de permitir que Rodríguez Torres se incorpore al equipo de transición.
“Le dije: no permita que ese hombre regrese a Venezuela como ministro de Defensa o como presidente de PDVSA”, la empresa estatal petrolera, dijo Berntsen al Herald. “Es el equivalente a Klaus Barbie, el ‘Carnicero de Lyon’, durante la Segunda Guerra Mundial. Si ese nombramiento se concreta, creará enormes obstáculos para reiniciar la democracia en Venezuela”.
“¿Por qué Delcy Rodríguez nombraría a un hombre acusado de graves violaciones de derechos humanos —alguien que creó La Tumba y torturó personas— en el cargo de seguridad más importante del país?”, añadió Berntsen. “Existe evidencia de que personas fueron torturadas bajo su mando. Avalar eso no va a funcionar”.
“La Tumba” es un notorio centro de detención subterráneo en Caracas que, según organizaciones de derechos humanos, fue creado durante la gestión de Rodríguez Torres como ministro del Interior alrededor de 2014. Ubicado cinco pisos bajo la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Plaza Venezuela, el recinto es ampliamente conocido en el país como un centro de tortura.
Rodríguez Torres ha negado las acusaciones y sostiene que no tiene investigaciones penales abiertas, no ha sido sancionado y no alberga ambiciones políticas.
Casos legales en España
Las preocupaciones sobre el historial de derechos humanos de Rodríguez Torres también han llegado a los tribunales españoles, donde un grupo de exiliados venezolanos presentó una querella criminal acusándolo de tortura y crímenes de lesa humanidad. La denuncia también incluyó a la exfiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz.
Encabezados por Dulce Lilibeth Bravo de Ocando, ciudadana venezolana residente en el exilio, y respaldados por la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio y la organización Manos Limpias, los querellantes sostienen que Rodríguez Torres fue personalmente responsable de la tortura y muerte de cientos de venezolanos mientras dirigía el temido servicio de inteligencia, hoy conocido como SEBIN.
Luis Ortiz, presidente de la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, dijo en una entrevista telefónica que su organización decidió impulsar el caso en España tras enterarse de que tanto Ortega Díaz como Rodríguez Torres residían en ese país.
“Cuando supimos que Luisa Ortega Díaz había llegado a España, y que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero había servido de puente para traer también a Miguel Rodríguez Torres, entendimos que existían las condiciones para avanzar legalmente”, dijo Ortiz.
Ortiz describió a Rodríguez Torres como una figura central en la transformación de los servicios de inteligencia venezolanos en lo que organizaciones de derechos humanos califican como un aparato represivo.
“Rodríguez Torres no es una figura menor”, afirmó Ortiz. “Viene desde el intento de golpe de Estado de Chávez en 1992 y se convirtió en uno de sus hombres de mayor confianza. Chávez le encomendó transformar lo que había sido una policía de Estado en una policía política: una fuerza represiva y torturadora que luego pasó a conocerse como el SEBIN”.
Ortiz sostuvo que Rodríguez Torres fue más allá al supervisar la creación de centros de detención clandestinos.
“No solo fue responsable de esa transformación”, dijo. “Llegó incluso a crear un centro de tortura —la instalación conocida como La Tumba— donde muchas personas fueron torturadas. Algunas de esas víctimas forman parte de nuestra querella”.
El caso de Dulce Bravo
Al referirse al caso de Dulce Lilibeth Bravo de Ocando, Ortiz señaló que su testimonio es central en la demanda.
“Aportamos pruebas directas de las víctimas, incluida Dulce Bravo, quien actualmente se encuentra exiliada en Argentina”, dijo Ortiz. “Ella es una de las víctimas directas de Rodríguez Torres. Según su testimonio, él la amenazó personalmente y ordenó su tortura física”.
Ortiz indicó que el relato de Bravo describe violencia sexual extrema durante su detención.
“Dicho sin rodeos, fue violada por múltiples agentes mientras era torturada”, afirmó. “Eso forma parte de su testimonio jurado. No es una acusación hecha a la ligera, y está respaldada por evidencia médica y testimonial”.
Ortiz añadió que Bravo no es la única víctima citada en el caso.
“Además de Dulce Bravo, hay otros casos emblemáticos —incluido el de Lorenza Aleta— y al menos 13 víctimas seleccionadas para la presentación inicial”, dijo. “Pero nuestra organización ha documentado cerca de 70 víctimas que están dispuestas a participar en procedimientos futuros”.
Decisión sobre jurisdicción
Ortiz señaló que la inadmisión del caso por parte de la Audiencia Nacional de España por razones de jurisdicción no socava el fondo de las acusaciones.
“El tribunal no se pronunció sobre los hechos”, dijo. “Esto es un asunto de jurisdicción, no de inocencia. Nuestra evidencia sigue intacta y tenemos la intención de seguir buscando justicia donde sea posible”.
En un testimonio jurado detallado presentado como parte de la querella, Bravo acusó a Rodríguez Torres de ordenar y supervisar personalmente su detención y tortura —incluida la violación por agentes de inteligencia— durante hechos ocurridos en 2003 y 2004.
La Audiencia Nacional confirmó en enero que la denuncia era inadmisible por razones de jurisdicción, ya que los presuntos delitos ocurrieron en Venezuela. El tribunal no evaluó el fondo de las acusaciones. Los abogados de los demandantes señalan que planean apelar.
Acusaciones de secuestro y tortura
En su testimonio, Bravo afirmó que comenzó a organizar grupos de mujeres de la sociedad civil a finales de 2002, en medio del aumento de las protestas contra el gobierno de Chávez. Aunque no estaba afiliada a ningún partido político, trabajó estrechamente con oficiales militares disidentes reunidos en la Plaza Altamira, entonces epicentro de la actividad opositora.
El 9 de mayo de 2003, relató Bravo, fue secuestrada cerca de la plaza por hombres que luego identificó como agentes de inteligencia. Alegó que fue sedada químicamente, interrogada y amenazada antes de ser abandonada horas después frente a una iglesia en el oeste de Caracas. Registros médicos citados en su testimonio indican que requirió meses de tratamiento por intoxicación química.
El episodio más grave descrito en su relato ocurrió al año siguiente. El 10 de mayo de 2004, según Bravo, agentes del servicio de inteligencia venezolano —entonces conocido como la DISIP— allanaron sin orden judicial una residencia privada, la golpearon, la detuvieron y la trasladaron a El Helicoide, el principal complejo de detención del organismo.
Allí, sostuvo, fue sometida a interrogatorios prolongados, golpizas y agresiones sexuales por parte de agentes de inteligencia.
Bravo afirmó que posteriormente fue llevada ante Rodríguez Torres, entonces director de la DISIP, a quien acusó de insultarla verbalmente, amenazarla e intentar coaccionarla para que proporcionara información sobre oficiales militares disidentes.
Dijo que fue obligada, bajo amenaza con armas de fuego, a firmar documentos en los que constaba que no había sido torturada.
Su testimonio también sostiene que fiscales le impidieron declarar ante un tribunal civil y que fue trasladada a la jurisdicción militar, acusada de delitos como traición a la patria, rebelión y terrorismo. Permaneció detenida cerca de dos meses en la prisión militar de Ramo Verde antes de ser liberada, y el caso fue finalmente archivado.
