Más producción y menos control estatal: el giro estructural del petróleo venezolano
La reciente reforma de las leyes de hidrocarburos de Venezuela, vigentes desde hace décadas, podría ayudar a reactivar la producción petrolera y mejorar la transparencia, aunque persisten riesgos legales y estructurales clave, señalan economistas y asesores del sector.
La modificación de la Ley de Hidrocarburos de 2001 —promulgada bajo el fallecido presidente Hugo Chávez— representa “un avance positivo” que podría impulsar la producción mediante la introducción de prácticas administrativas más transparentes, según el economista Orlando Ochoa, asesor de empresas petroleras durante más de tres décadas.
Entre los cambios más importantes de la reforma se encuentran disposiciones que permiten el arbitraje internacional para la adjudicación de contratos, la creación de empresas mixtas para explotar crudo sin requerir aprobación parlamentaria y la simplificación de las normas tributarias, explicó Ochoa.
La reforma se produce mientras la administración Trump avanza en la implementación de la apertura de la industria petrolera venezolana a empresas estadounidenses tras la captura del dirigente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. La redada de enero reconfiguró el equilibrio de poder en el país y aceleró cambios en su activo económico más importante.
Analistas señalan que las medidas liberalizadoras reflejan tanto un esfuerzo de Caracas por reactivar la producción como la creciente influencia que Washington ejerce ahora sobre los ingresos petroleros.
Ochoa también destacó como significativo la legalización de los Contratos de Participación Productiva (CPP), un mecanismo que se había incorporado a la industria mediante un marco opaco vinculado a las sanciones. La introducción formal de estos contratos es un elemento central de la reforma, al incorporar en la ley el tipo de acuerdos que durante años operaron en secreto para eludir las sanciones estadounidenses.
Bajo los CPP, las empresas privadas pueden asumir campos petroleros, invertir capital, recuperar costos y comercializar la producción sin que PDVSA mantenga una participación mayoritaria obligatoria. Aunque PDVSA sigue siendo la autoridad contratante, la nueva ley elimina el requisito de que posea al menos el 60% de los proyectos, uno de los pilares de la política de la era Chávez.
Preocupaciones legales y riesgos de inversión
A pesar de los posibles beneficios, Ochoa advirtió que algunas disposiciones legales podrían desalentar la inversión en un momento en que Venezuela intenta reconstruir su golpeado sector petrolero.
Una de las principales preocupaciones es la falta de compensación para las empresas privadas cuando los activos revierten al control del Estado o son transferidos al gobierno.
“En los últimos años, las empresas han dejado de invertir y están abandonando los campos. No es un buen incentivo”, dijo, recomendando un sistema de “compensación residual” para las compañías que entreguen las operaciones.
Ochoa también advirtió contra la asignación de grandes proyectos a empresas más pequeñas sin capacidad técnica suficiente, citando el proyecto Petrocedeño, anteriormente operado por la francesa TotalEnergies y la noruega Equinor.
“Los mejores campos fueron entregados a estas empresas en un entorno oscuro. Estamos restringiendo la posibilidad de que grandes compañías entren en grandes proyectos, que fueron entregados a firmas con menor capacidad”, afirmó.
El economista, investigador senior visitante en Estudios Energéticos de Venezuela en el Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, señaló que la estatal PDVSA necesita una profunda reestructuración tras haber perdido capacidad técnica y financiera y sufrir graves daños a su reputación en los últimos años.
“Debemos pensar en una nueva empresa holding petrolera, con una nueva reputación que actúe como administradora de activos. Esa debería ser una reforma importante”, sostuvo.
La producción podría aumentar con fuerza
Ochoa indicó que la producción de petróleo podría subir hasta alrededor de 1,5 millones de barriles por día en 2026, frente a aproximadamente 950.000 barriles diarios al cierre del año pasado, según fuentes secundarias de la OPEP.
Ese incremento cercano al 30% podría generar unos 22.000 millones de dólares en ingresos adicionales, estimó.
No obstante, persisten grandes desafíos, entre ellos mejorar las telecomunicaciones y la infraestructura eléctrica, reducir los cuellos de botella burocráticos, fortalecer la seguridad jurídica y personal, y avanzar en reformas democráticas.
El economista y profesor universitario Gustavo Machado señaló que la reforma envía una señal de mayor estabilidad jurídica que podría alentar a las empresas a ampliar operaciones y propiciar el regreso de proveedores clave de servicios petroleros.
Añadió que la nueva etapa de producción de hidrocarburos también podría impulsar sectores más allá de la energía, incluidos la infraestructura informática y la inteligencia artificial.
A juicio de Machado, los ingresos provenientes del petróleo, el gas natural, el carbón y la energía hidroeléctrica deberían servir como un “puente” para desarrollar nuevas capacidades en la población venezolana.
Machado consideró “plausible” que la producción petrolera aumente entre 30% y 40% hacia finales de año, citando los planes de Chevron de potencialmente duplicar su producción y una mayor oferta de otras empresas.
Una mayor producción combinada con mejores precios —tras años de fuertes descuentos debido a las sanciones— podría aumentar significativamente los ingresos del gobierno, estimando ganancias de aproximadamente 10.000 millones de dólares este año.
El papel de Estados Unidos podría redefinir los ingresos
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó esta semana que las ventas de crudo gestionadas por Washington podrían eventualmente superar los 10.000 millones de dólares anuales, ingresos que, según dijo, ayudarían a reconstruir Venezuela.
“Hasta ahora hemos vendido alrededor de 1.000 millones de dólares en petróleo. Recientemente firmamos acuerdos para vender otros 5.000 millones en los próximos meses. Así que estamos hablando de bastante más de 10.000 millones al año”, declaró Wright en una entrevista con Fox News.
Wright, quien se reunió la semana pasada en Caracas con la presidenta interina Delcy Rodríguez para avanzar en lo que describió como un acuerdo energético “histórico”, señaló que esos ingresos ayudarían a “comenzar a reconstruir un país y una sociedad, restaurar una prensa libre y un gobierno representativo”.
Agregó que el acuerdo también suministraría un tipo de crudo pesado para el cual muchas refinerías estadounidenses fueron originalmente diseñadas y podría ayudar a reducir los costos del asfalto en Estados Unidos al disminuir los gastos de construcción de carreteras.
“Es una victoria para todos y la transformación de un país sin un solo soldado estadounidense en el terreno y sin un solo dólar de los contribuyentes estadounidenses”, dijo Wright, calificando el enfoque como un nuevo modelo de diplomacia.
Tras la captura de Maduro el 3 de enero por fuerzas estadounidenses, el presidente Donald Trump pidió “acceso total” a los recursos petroleros de Venezuela, mientras que Wright señaló que Washington controlaría las ventas de crudo por un período “indefinido”, recordando la influencia que ahora ejerce Estados Unidos sobre la principal fuente de ingresos del país.
Un cambio estructural
Expertos que han seguido de cerca las reformas señalan que la nueva ley formaliza en gran medida cambios que se han venido desarrollando silenciosamente durante años, permitiendo a socios del gobierno vender petróleo venezolano pese a las sanciones.
Donde los analistas difieren es en lo que estos cambios representan en última instancia: si constituyen una vía pragmática hacia la recuperación, una liberalización incompleta limitada por el deterioro institucional de PDVSA o una cesión histórica de soberanía petrolera bajo supervisión extranjera.
Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, promulgó la ley el jueves, revirtiendo uno de los principios centrales del movimiento socialista que ha dominado el país durante más de dos décadas: el control estatal sobre la producción y exportación de petróleo.
En el centro de la reforma está el fin del derecho exclusivo de PDVSA a exportar crudo.
Antonio De La Cruz, investigador senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C., afirmó que la nueva ley permite a empresas privadas producir y exportar petróleo directamente.
“Este es un cambio estructural”, afirmó.
La reforma se basa en el llamado modelo Chevron desarrollado durante el período de sanciones.
“La ley se está poniendo al día con la realidad”, dijo Ochoa.
Más flexibilidad — y nuevos riesgos
Un elemento central de la reforma es la introducción formal de los CPP, que permiten a empresas privadas operar campos sin una participación mayoritaria obligatoria del Estado.
Varios analistas advirtieron que estos contratos introducen riesgos de transparencia, ya que mantienen plena validez legal sin una supervisión comparable.
“Esta es la parte más oscura de la reforma”, dijo un experto radicado en Venezuela.
La mayoría de los analistas espera que la producción aumente gradualmente desde los actuales niveles de alrededor de 850.000 barriles diarios.
La reforma reduce las regalías gubernamentales del 30% al 20% y elimina varios cargos estatales, pero Venezuela sigue estando entre las jurisdicciones petroleras con mayor carga fiscal, señalan expertos.
“A los precios actuales, la participación del gobierno es de alrededor del 83%”, afirmó el exdirector de planificación de PDVSA, Juan Fernández.
