Régimen venezolano aprueba amnistía, pero excluye a militares y opositores claves
El régimen socialista de Venezuela impulsó la noche del jueves una amplia ley de amnistía que podría liberar a cientos de presos políticos y reconfigurar la frágil transición del país tras la captura del hombre fuerte Nicolás Maduro, pero los críticos advierten que la medida excluye a opositores clave.
Los legisladores de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobaron la normativa por unanimidad, artículo por artículo, la noche del jueves. “Queda sancionada la ley de amnistía para la convivencia democrática”, anunció el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, al cierre de la sesión, presentando la medida como un paso hacia la reconciliación nacional tras años de conflicto político.
La norma fue promulgada la noche del jueves por la hermana de Rodríguez, la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien promovió la iniciativa tras asumir el poder luego de la captura de Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero. Rodríguez pidió a las autoridades actuar con rapidez para implementarla.
Según la legislación, los tribunales deberán emitir decisiones sobre las solicitudes de amnistía en un plazo de 15 días, mientras que una comisión especial revisará los casos no contemplados explícitamente por la nueva ley.
Familias esperan afuera de las cárceles
La votación se produce tras semanas de crecientes expectativas entre familiares de detenidos, muchos de los cuales se han congregado frente a prisiones en todo el país esperando noticias sobre sus seres queridos.
A las afueras de la prisión de El Helicoide —considerada durante años un símbolo de la represión estatal y recientemente ordenada a cerrar por el gobierno interino—, los familiares siguieron el debate parlamentario en sus teléfonos celulares, entre la esperanza y el agotamiento.
Una mujer permanecía en silencio con lágrimas corriendo por su rostro mientras otra susurraba oraciones durante la discusión de la medida.
Desde que el gobierno inició un proceso de excarcelaciones el 8 de enero, el grupo de defensa de presos Foro Penal afirma que 448 opositores han recibido libertad condicional, mientras 644 personas permanecen tras las rejas.
Exclusiones clave generan preocupación
A pesar de que el gobierno presenta la medida como histórica, organizaciones de derechos humanos señalan que su alcance es limitado y podría dejar sin alivio a un número significativo de presos. Foro Penal, que monitorea a disidentes encarcelados y opositores al régimen, estima que cerca de 400 detenidos no se beneficiarán, destacando que la ley cubre solo 13 años de los 27 años de chavismo.
La legislación excluye a personas acusadas de participar en rebeliones militares o golpes de Estado, así como a quienes enfrentan cargos por delitos graves como violaciones de derechos humanos, homicidio intencional, narcotráfico y corrupción.
Los críticos también señalan una disposición controvertida —rápidamente apodada el “artículo María Corina Machado”— que prohíbe beneficiarse de la amnistía a quienes presuntamente hayan solicitado sanciones o intervención extranjera, lo que podría impedir que la líder opositora y premio Nobel de la Paz reciba el perdón.
El artículo 7 exige que los beneficiarios estén “a derecho” o se sometan a la ley una vez entre en vigor, una disposición que, según críticos, podría obligar a opositores a reconocer cargos que consideran políticamente motivados.
Analistas y defensores de derechos humanos opinan
El analista político y columnista venezolano Alejandro Hernández describió la legislación como una medida parcial que brinda alivio a algunos detenidos, pero que no alcanza una amnistía integral.
“Creo que es un punto intermedio”, afirmó Hernández. “Ayudará a un grupo importante de personas que nunca debieron enfrentar cargos penales, pero deja por fuera a sectores clave”.
Señaló la exclusión de oficiales militares detenidos bajo acusaciones de conspiración y de destacados líderes políticos en el exilio, y apuntó que incluso diputados alineados con la oposición han descrito la medida como un primer paso y no como una solución definitiva.
Hernández añadió que la ley no entra en vigor automáticamente, ya que las personas deben acudir a los tribunales para formalizar su perdón. “Estamos hablando de personas que nunca cometieron un delito”, dijo.
Carlos Lusverti, director del centro de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, calificó la legislación como una oportunidad perdida para crear un marco más amplio que incluya a todos los presos políticos.
“El aspecto positivo es que beneficia a cientos de personas que permanecen encarceladas, a quienes ya han sido liberadas e incluso a algunas que están en el exilio”, declaró Lusverti. “Pero es una oportunidad perdida para crear una norma más completa”.
Señaló que la medida fue debatida en un proceso opaco y acelerado, con consulta limitada a víctimas y familiares, lo que “no ayudó a cuidar ni a contribuir a sanar las heridas” causadas por años de prisión política.
Lusverti agregó que la lista de beneficiarios no cubre períodos clave de detenciones arbitrarias, incluidos casos entre 2020 y 2024, y expresó preocupación porque los mismos tribunales que ordenaron los encarcelamientos ahora serán responsables de administrar la amnistía.
“Existe una falta de independencia del mismo Poder Judicial al que se le asigna este proceso”, dijo. También advirtió que las disposiciones que eliminan antecedentes penales podrían socavar futuras investigaciones sobre presuntos abusos. “Son elementos clave para investigaciones sobre posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como tortura”, señaló.
Oposición y líderes en el exilio reaccionan
José Antonio Colina, presidente de la organización Veppex en el exilio con sede en Miami, afirmó que la ley deja en gran medida desprotegido al personal militar, uno de los grupos más numerosos de detenidos políticos.
“Esta ley de amnistía lamentablemente no cubre a militares que son presos políticos ni a quienes han sido forzados al exilio”, sostuvo Colina, indicando que muchos han sido acusados de rebelión, conspiración o terrorismo, a menudo sin pruebas.
Argumentó que la medida crea la apariencia de responder a la presión internacional sin realizar concesiones significativas.
Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas que vive en el exilio en Madrid, afirmó que las sanciones individuales impuestas por Washington contra funcionarios del régimen acusados de corrupción, narcotráfico o de socavar el sistema democrático deben mantenerse pese a la aprobación de la ley.
“Creo que esas sanciones siguen vigentes hasta que finalmente se haga justicia, porque lo que no puede volver a ocurrir en Venezuela es la persecución por disentir”, expresó Ledezma.
Defensores de derechos humanos y familiares de detenidos también manifestaron escepticismo sobre si la medida podrá conducir a una reconciliación genuina.
Andreína Baduel, coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela, afirmó que la ley no ofrece garantías de justicia ni reparaciones y advirtió que decenas de detenidos en condiciones críticas de salud podrían seguir encarcelados por estar acusados de conspiración.
Juan Pablo Guanipa, cercano aliado de Machado que fue liberado recientemente tras una breve reclusión, describió la legislación como insuficiente y advirtió que podría utilizarse para presionar a opositores.
La exdiputada opositora Delsa Solórzano señaló que las exclusiones son preocupantes y argumentó que la medida no desmonta las herramientas legales utilizadas para la persecución política.
En conjunto, las reacciones evidencian un amplio consenso entre críticos en que, aunque la ley podría brindar alivio a cientos de detenidos, no constituye un reinicio político total.
Analistas, defensores de derechos humanos y figuras de la oposición sostienen que las exclusiones —especialmente de militares presos y líderes en el exilio— junto con el papel central de tribunales acusados de carecer de independencia, ponen en riesgo la legitimidad de la medida y limitan su capacidad de lograr la reconciliación que el gobierno afirma buscar.
Un paso frágil en una transición tensa
Los líderes chavistas, sin embargo, insisten en que la medida representa un punto de inflexión tras años de polarización y conflicto.
Rodríguez dijo a los legisladores que acontecimientos dolorosos obligaron al país a buscar la unidad.
“Lo único que lamento es que hayan tenido que ocurrir hechos tan lamentables y catastróficos para que todos buscáramos y promovamos la hermandad, la unidad y la paz en la república”, afirmó. “También se aprende del dolor, y de este dolor estamos comenzando un proceso en el que debemos perseverar”.
El gobierno sostiene que la ley ayudará a estabilizar el país durante la transición política actualmente en curso. Si la amnistía finalmente aliviará tensiones o profundizará divisiones podría depender de cuán ampliamente se aplique —y de si los presos excluidos eventualmente reciben algún tipo de alivio.
Para las familias que esperan frente a las puertas de las cárceles, el debate es menos político que humano: se trata de reencuentros largamente postergados.
Mientras los tribunales comienzan a revisar los casos en los próximos días, Venezuela enfrenta una prueba delicada: si una ley presentada como un paso hacia la paz puede cerrar una profunda herencia de desconfianza o reforzar las fracturas que pretende sanar.
