$63,800 millones: El costo del sistema del control cubano en Venezuela
La vasta riqueza petrolera de Venezuela hizo más que sostener a un aliado en La Habana. Ayudó a financiar un amplio aparato de inteligencia y seguridad — vinculado a denuncias de tortura, persecución política y control social — que transformó las instituciones del país desde adentro, según un nuevo informe.
El estudio, publicado por la organización sin fines de lucro con sede en Washington Miranda Center for Democracy, estima que Caracas transfirió el equivalente a casi $64,000 millones de dólares a Cuba durante las últimas dos décadas a través de envíos de petróleo subsidiado, alivio de deuda e inversiones conjuntas.
A cambio, asesores cubanos ayudaron a reconfigurar las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia venezolanos, implantando un modelo centrado en la vigilancia interna y la protección del régimen. Ese sistema, sostienen los investigadores, transformó agencias que antes estaban orientadas a la seguridad pública en pilares del control político — y sigue definiendo el equilibrio de poder incluso después de la salida del hombre fuerte Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.
En el centro de la investigación hay una conclusión contundente: Venezuela no simplemente perdió miles de millones en ingresos petroleros — invirtió esos recursos en construir la maquinaria que permitió a sus líderes mantenerse en el poder.
Una alianza que fue más allá del petróleo
La alianza entre Caracas y La Habana se remonta al año 2000, cuando Hugo Chávez y Fidel Castro firmaron un acuerdo de cooperación que se convertiría en una de las asociaciones geopolíticas más relevantes del hemisferio occidental.
Según ese acuerdo, Venezuela se comprometió a enviar decenas de miles de barriles diarios de petróleo a Cuba bajo condiciones altamente preferenciales. A cambio, Cuba proporcionó médicos, maestros y asistencia técnica — una relación que a menudo se presentaba como un modelo de cooperación Sur-Sur.
Pero el informe sostiene que detrás de esa narrativa pública existía un intercambio más profundo y menos visible.
A través de acuerdos de “servicios” definidos de forma ambigua, Cuba proporcionó inteligencia, entrenamiento en seguridad y asesoría estratégica difíciles de cuantificar o verificar de manera independiente.
Con el tiempo, esa cooperación fue mucho más allá de los programas sociales.
Los envíos de petróleo aumentaron, llegando en algunos momentos a superar los 100,000 barriles diarios, incluso mientras la capacidad de producción venezolana se deterioraba. A pesar del colapso económico del país, los envíos a Cuba continuaron — lo que subraya la importancia política de la alianza.
Según el informe, Venezuela transfirió cerca de $40,000 millones solo en petróleo, cifra que aumenta significativamente al ajustarse por inflación y al incluir inversiones en infraestructura y concesiones financieras.
El total: $63,800 millones.
La construcción de un sistema de control
Según el informe, esos recursos financiaron la creación de un sofisticado sistema de control político que transformó las instituciones de seguridad venezolanas desde adentro.
En el centro de ese esfuerzo estuvo la creación del Grupo de Coordinación y Enlace, o GRUCE, una entidad poco conocida establecida mediante acuerdos secretos en 2008 que permitió la inserción de personal de inteligencia cubano dentro del aparato militar y de seguridad venezolano.
El momento fue clave.
Tras la derrota de Chávez en el referéndum constitucional de 2007 y ante señales de malestar dentro de las Fuerzas Armadas, el gobierno reorientó su enfoque hacia la estabilidad interna. Asesores cubanos fueron incorporados para diseñar un sistema capaz de detectar y neutralizar la disidencia antes de que pudiera amenazar al liderazgo.
Ayudaron a reestructurar unidades militares, redefinir prioridades de inteligencia y entrenar a personal venezolano en técnicas de contrainteligencia basadas en el modelo cubano.
Con el tiempo, esa colaboración dio lugar a una estructura de seguridad estrechamente integrada, basada en tres instituciones clave:
- La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), encargada de vigilar y controlar a las Fuerzas Armadas.
- El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), enfocado en la oposición política y la sociedad civil.}
- Y el propio GRUCE, que garantizaba la coordinación y alineación con la doctrina cubana en ambos sistemas.
Juntas, formaron lo que los analistas describen como un “triángulo duro” de represión.
De la seguridad pública a la protección del régimen
La transformación no fue solo estructural, sino también doctrinal.
En 2008, Venezuela reemplazó su tradicional servicio de inteligencia, la DISIP, por el SEBIN — marcando un giro desde la prevención del delito hacia la inteligencia política.
El SEBIN adoptó una estructura centralizada y vertical, enfocada en la vigilancia, la acción preventiva y la protección del “proceso bolivariano”, equiparando en la práctica la seguridad nacional con la supervivencia del poder político.
Ese mismo año, el gobierno impulsó una controvertida ley de inteligencia que buscaba formalizar un sistema de vigilancia social, obligando a los ciudadanos a proporcionar información a las autoridades e integrando la inteligencia civil y militar bajo un control centralizado.
Aunque la ley fue posteriormente suspendida ante el rechazo público, muchos de sus principios persistieron en la práctica.
Mientras tanto, el ámbito militar también fue transformado. En 2011, la Dirección de Inteligencia Militar fue reestructurada como la DGCIM, adoptando métodos de contrainteligencia de corte cubano centrados en la vigilancia interna, la infiltración y el control.
El resultado fue un sistema diseñado no para defender al país de amenazas externas, sino para proteger al poder frente a desafíos internos.
El costo humano
Las consecuencias de ese sistema han sido documentadas por organismos internacionales y grupos de derechos humanos.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela concluyó que organismos como el SEBIN y la DGCIM llevaron a cabo detenciones ilegales, torturas y otros abusos como parte de una estrategia coordinada para reprimir la disidencia.
Organizaciones de derechos humanos estiman que más de 18.000 personas han sido arrestadas por motivos políticos desde 2014, con un repunte tras elecciones disputadas en años recientes.
El informe detalla patrones de abuso que incluyen golpizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual, a menudo en centros de detención como El Helicoide en Caracas.
En algunos casos, la represión ha adoptado formas más opacas.
Los investigadores describen las llamadas “muertes blancas”, en las que se niega atención médica a los detenidos hasta provocar su fallecimiento, permitiendo a las autoridades evitar responsabilidades directas.
Más allá de los casos individuales, el informe sostiene que el sistema ha generado un clima generalizado de miedo que afecta no solo a activistas políticos, sino a la población en general.
Un sistema que perdura
Los acontecimientos recientes han expuesto la profundidad de la presencia cubana en el aparato de seguridad venezolano.
Durante la operación estadounidense que culminó con la captura de Maduro, personal cubano formaba parte del anillo de seguridad que protegía el complejo presidencial. El informe señala que 32 agentes cubanos murieron en el operativo, cifra confirmada por la propia Cuba.
Tras esos hechos, algunos asesores cubanos han comenzado a abandonar Venezuela bajo creciente presión internacional.
Pero los analistas advierten que la salida de personal no implica necesariamente el desmantelamiento del sistema que ayudaron a construir.
Las estructuras, doctrinas y redes desarrolladas durante más de una década permanecen incrustadas en las instituciones venezolanas — y siguen moldeando su funcionamiento.
Una red que comienza a deshilacharse
Pero por primera vez en años, partes de ese sistema empiezan a mostrar signos de desgaste.
Durante años, oficiales de inteligencia cubanos actuaron como el andamiaje invisible del Estado de seguridad venezolano — insertados en bases militares, vigilando a generales y monitoreando discretamente las comunicaciones de todo un país. Esa presencia, negada durante mucho tiempo por ambos gobiernos, comienza ahora a replegarse.
En semanas recientes, cientos de efectivos cubanos — incluidos agentes de inteligencia, soldados y escoltas presidenciales — han comenzado a salir de Venezuela, dijeron fuentes de inteligencia y funcionarios diplomáticos al Miami Herald. Las salidas podrían representar la mayor fractura hasta ahora en la alianza Caracas-La Habana.
Para los analistas, la retirada podría tener efectos inmediatos dentro de las Fuerzas Armadas.
“Esencialmente elimina una capa de presión”, dijo José Antonio Colina, exmilitar venezolano. “Esos ojos vigilantes constantes ya no están sobre ellos”.
El impacto regional
Las consecuencias del debilitamiento de la alianza Caracas-La Habana ya se sienten con fuerza en Cuba.
Durante años, el petróleo venezolano subsidiado fue un salvavidas para la economía de la isla. Ese flujo prácticamente se ha detenido tras la salida de Maduro y el endurecimiento del bloqueo energético estadounidense, sumiendo a Cuba en una de las crisis más graves de su historia reciente.
En los últimos meses, la isla ha sufrido apagones masivos, escasez de combustible y un deterioro acelerado de servicios básicos como la salud y el transporte.
La presión económica coincide con un aumento de tensiones políticas con Washington, que condiciona cualquier alivio de sanciones a reformas internas — dejando en incertidumbre el futuro del sistema cubano.
El desafío por delante
El informe concluye que las instituciones de seguridad venezolanas podrían ser irreformables.
Dado que su doctrina, entrenamiento y cultura operativa están profundamente arraigados en el modelo cubano, cualquier cambio significativo requeriría desmantelarlas y reconstruirlas desde cero.
Mientras figuras clave permanezcan en el poder, el sistema probablemente persistirá.
Eso plantea un desafío central para el futuro de Venezuela.
Reconstruir la economía y restaurar las instituciones democráticas podría depender, en última instancia, de algo mucho más complejo: desmontar la arquitectura de control construida durante dos décadas.
Lo que comenzó como una alianza petrolera deja ahora a Venezuela frente a una tarea más profunda: no solo recuperarse, sino deshacer el sistema que ese petróleo ayudó a crear.
