Transición sin mordaza: SIP exige el fin de la censura y restitución de medios en Venezuela
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha lanzado una alerta contundente: no existe transición democrática real en Venezuela si se mantiene el torniquete sobre la libertad de expresión.
En un escenario donde el país sudamericano busca redefinir su institucionalidad, la organización advierte que la omisión de las libertades de prensa en la agenda pública es una señal alarmante que pone en riesgo cualquier intento de normalización política.
Para que Venezuela recupere su democracia, la SIP subraya que no basta con excarcelar a periodistas; es imperativo desmantelar el andamiaje legal y administrativo utilizado para asfixiar a la crítica.
La SIP instó al régimen chavista a levantar de inmediato el bloqueo digital impuesto por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
Actualmente, más de 60 portales informativos como El Nacional, Infobae y CNN en Español permanecen censurados, en un contexto en el que el periodismo independiente opera mayoritariamente en entornos digitales.
La “censura patrimonial” debe revertirse. Esto incluye la restitución de sedes, equipos y frecuencias de radio y televisión que fueron arrebatados mediante procesos judiciales amañados.
Un caso emblemático es el de El Nacional, cuyas instalaciones deben ser devueltas como símbolo de reparación institucional.
Otorgar garantías jurídicas a periodistas
La SIP se pronunció a favor del otorgamiento de garantías jurídicas y personales para periodistas perseguidos, incluyendo el cese inmediato de procesos judiciales arbitrarios, órdenes de captura y otras formas de criminalización del ejercicio periodístico.
“Cientos de periodistas y trabajadores de prensa han sido forzados al exilio como consecuencia de estas prácticas”, dijo la SIP.
Exigió que se detenga el uso de documentos de identidad, como los pasaportes, como herramienta de persecución política, permitiendo que los periodistas en el exterior puedan regresar y circular libremente.
“La negación de trámites por parte de organismos estatales, bajo alegatos infundados, constituye una forma de persecución indirecta”, advirtió.
Se debe brindar protección integral al ejercicio periodístico, frente a amenazas provenientes tanto de actores estatales como de grupos irregulares. El periodismo continúa desarrollándose en un entorno de alto riesgo que desalienta el retorno de profesionales y restringe el derecho ciudadano a estar informado.
También dar garantía de que los periodistas recientemente excarcelados tras detenciones arbitrarias puedan ejercer plenamente su labor, sin restricciones, sin cerco informativo y sin ningún tipo de limitación o represalia.
La liberación debe ir acompañada del pleno restablecimiento de sus derechos profesionales y civiles, indicó.
La SIP concluye que la libertad de prensa es la piedra angular de cualquier sistema legítimo. Sin un ecosistema de medios plurales, independiente y protegido frente a grupos irregulares o abusos estatales, la transición venezolana carecerá de la transparencia necesaria para ser sostenible.
“La persecución judicial, el exilio forzado, la censura digital y la confiscación de medios configuran un entorno incompatible con cualquier proceso serio de recuperación democrática”, dijo.
La organización reafirmó su disposición a acompañar y respaldar todas las iniciativas orientadas a asegurar que la reconstrucción democrática de Venezuela sea auténtica, inclusiva y sustentada en el respeto irrestricto de los derechos fundamentales.
Deterioro alarmante
La SIP dijo que el nuevo Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, divulgado el pasado 10 de marzo, revela un deterioro alarmante de las condiciones para el ejercicio de estos derechos fundamentales en el hemisferio. En este contexto, Venezuela se mantiene en el último lugar del Índice (puesto 23), con apenas 7.02 puntos sobre 100.
“Aunque el país experimentó un leve incremento de 0.51 puntos con respecto al año anterior, este cambio es considerado marginal y no altera el panorama de deterioro estructural”, señaló.
Las tres dimensiones evaluadas reflejan niveles extremos de restricción en Venezuela: 0.82 puntos en la dimensión “Ciudadanía informada y libre de expresarse”; 2.02 puntos en “Actuación del Estado frente a la violencia e impunidad” y 4.18 en “Control de medios y periodismo”. En esta última dimensión obtuvo la puntuación más baja entre todos los países analizados.
El Índice Chapultepec destaca el papel predominante del Poder Ejecutivo venezolano, con una influencia “muy fuerte” en la generación de condiciones adversas, acompañado por los poderes Legislativo y Judicial en la consolidación de un sistema de control informativo. Este entramado ha derivado en el cierre de más de 400 emisoras de radio, la casi desaparición de medios impresos independientes y el exilio masivo de periodistas.
Esta historia fue publicada originalmente el 19 de marzo de 2026, 2:58 p. m..