Maduro pide que corte desestime cargos; sanciones niegan un juicio justo, dice
Los abogados de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, están solicitando a un tribunal federal de Estados Unidos que desestime el caso penal en su contra, argumentando que Washington ha violado sus derechos constitucionales al bloquear el acceso a fondos necesarios para montar su defensa.
En una solicitud presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, los abogados defensores sostienen que las sanciones aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro están impidiendo que la pareja utilice fondos del gobierno venezolano para pagar su representación legal.
Las restricciones, argumentan, niegan en la práctica a Maduro y a Flores su derecho de la Sexta Enmienda a contar con un abogado de su elección y su derecho de la Quinta Enmienda al debido proceso, ya que ninguno dispone de recursos personales para financiar su defensa.
“La única solución es la desestimación”, escribieron sus abogados, al sostener que obligar a los acusados a depender de abogados designados por el tribunal no puede subsanar lo que describen como una violación constitucional.
La petición marca un momento clave en un caso que los fiscales estadounidenses han presentado como uno de los esfuerzos más amplios jamás emprendidos para responsabilizar a un exjefe de Estado por su presunta participación en el narcotráfico global.
Años de gestación
En el centro del caso figura una amplia acusación federal que traza un retrato alarmante de las altas esferas del poder en Venezuela, al sostener que durante más de dos décadas la máxima dirigencia del país convirtió la estructura del Estado en un instrumento para traficar drogas.
“Durante más de 25 años”, escribieron los fiscales, “los líderes de Venezuela han abusado de sus cargos de confianza pública… para exportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.
Según la acusación, Maduro y Flores formaban parte de un estrecho círculo interno de figuras políticas y militares que operaban lo que funcionarios estadounidenses han denominado durante años el Cartel de los Soles, una red presuntamente integrada por altos funcionarios que utilizaban sus posiciones para facilitar el traslado de cocaína a través del territorio venezolano.
Los cargos acusan a Maduro, Flores y otros de participar en una conspiración de décadas que involucra narcotráfico y narcoterrorismo, con envíos de cocaína que partían de Colombia, atravesaban Venezuela y llegaban a Estados Unidos a través de Centroamérica y el Caribe.
“Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos”, señalaron los fiscales, al describir un sistema de patronazgo en el que el poder y la riqueza ilícita se reforzaban mutuamente.
Red transnacional
Las autoridades estadounidenses describen al Cartel de los Soles como un eje central dentro de una red de tráfico transnacional más amplia que conecta a algunos de los grupos criminales más poderosos del hemisferio.
Entre los mencionados figuran las guerrillas colombianas FARC y ELN, los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, y la banda criminal venezolana Tren de Aragua.
Según los fiscales, la cocaína producida en Colombia era canalizada a través del territorio venezolano bajo la protección de funcionarios del Estado, y luego enviada hacia el norte por rutas establecidas hasta los mercados estadounidenses.
“Funcionarios venezolanos y sus familiares… se asociaron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas”, señala la acusación, al describir un sistema en el que cada organización controlaba un segmento de la cadena —producción, transporte, seguridad o distribución— mientras las autoridades venezolanas garantizaban el paso seguro.
El resultado, sostienen los fiscales, fue una red altamente coordinada con alcance global, sostenida durante décadas por la convergencia entre poder político y alianzas criminales.
El papel del círculo interno
Dentro de ese sistema, los fiscales presentan a Maduro no como una figura periférica, sino como un arquitecto central.
Antes de convertirse en presidente, afirman, utilizó su cargo como canciller para proporcionar cobertura diplomática a operaciones de tráfico, incluida la presunta venta de pasaportes diplomáticos a traficantes y la facilitación de vuelos que transportaban ganancias ilícitas.
Como presidente, sostiene la acusación, permitió que “la corrupción impulsada por la cocaína floreciera” en beneficio de su régimen y su círculo cercano.
Flores, figura política de larga trayectoria y ex presidenta de la Asamblea Nacional, también está acusada en relación con la presunta conspiración.
El documento también destaca el papel del ministro del Interior Diosdado Cabello, a quien describe como un actor clave que ejercía influencia sobre estructuras militares y de inteligencia involucradas en la protección de cargamentos de droga.
En conjunto, dicen los fiscales, estas figuras sostuvieron un sistema en el que la lealtad era recompensada con acceso a ganancias ilícitas, reforzando un ciclo que permitió que la red perdurara durante años.
Sanciones vs. derechos constitucionales
En ese contexto, la defensa de Maduro está reorientando la batalla legal hacia una cuestión constitucional con posibles implicaciones de gran alcance.
El punto central es la decisión del Departamento del Tesoro de revocar a principios de este año las licencias que permitían a los acusados recibir pagos del gobierno venezolano para cubrir gastos legales.
Sus abogados argumentan que, según la legislación venezolana, el Estado está obligado a asumir esos costos, lo que crea un derecho de propiedad que las autoridades estadounidenses están bloqueando de forma ilegal.
También subrayan que los fondos en cuestión son “no contaminados” —es decir, no provienen de actividades delictivas—, por lo que estarían protegidos bajo precedentes reconocidos por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Citando fallos previos, incluidos Luis v. United States y United States v. Stein, la defensa sostiene que el gobierno no puede interferir con el acceso a recursos legítimos necesarios para contratar asesoría legal.
El gobierno, señalan, no disputa que Maduro y Flores carecen de fondos personales, ni que el Tesoro ha permitido pagos de terceros en casos similares.
En cambio, los fiscales han invocado la política de sanciones y preocupaciones de seguridad nacional, argumentos que la defensa considera insuficientes e inconsistentes.
“La mera invocación de la seguridad nacional… no es un talismán que anule los derechos constitucionales de un acusado”, afirma el escrito.
Dudas sobre la consistencia
La defensa también plantea interrogantes sobre la gestión del proceso de licencias por parte del gobierno.
Según los abogados, el Tesoro inicialmente emitió permisos para el pago de honorarios legales, solo para revocarlos posteriormente. En ocasiones, funcionarios describieron las aprobaciones originales como errores administrativos; en otras, citaron consideraciones de política más amplias tras consultas con el Departamento de Estado.
Estas explicaciones cambiantes, sostiene la defensa, sugieren que la decisión pudo haber sido arbitraria.
También señalan que el Tesoro ha seguido autorizando otras transacciones con fondos venezolanos —incluidas actividades comerciales y legales— incluso mientras bloquea pagos en este caso.
Esa inconsistencia, argumentan, debilita la postura del gobierno de que las preocupaciones de seguridad nacional justifican las restricciones.
Esta historia fue publicada originalmente el 20 de marzo de 2026, 2:02 p. m..
