Nueva ley venezolana atraería a empresas de EEUU al negocio del ‘oro de sangre’
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil venezolana, defensores de derechos humanos y grupos ambientalistas advirtió que un proyecto de Ley Orgánica de Minas en discusión en la Asamblea Nacional “institucionalizaría el ecocidio” y podría facilitar el blanqueo del llamado “oro de sangre”, en momentos en que el sector de recursos del país se abre a la inversión extranjera en medio de una transición política respaldada por Estados Unidos.
El proyecto se discute en un panorama político profundamente alterado tras la captura el 3 de enero del ex hombre fuerte Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo ejecutado por fuerzas estadounidenses en Caracas antes del amanecer, una acción que desencadenó una frágil transición ahora moldeada de cerca por la administración Trump.
Ese giro ha dado paso a una nueva etapa de cooperación entre Washington y el liderazgo socialista que permanece en Venezuela, con los sectores petrolero y minero abriéndose cada vez más a empresas estadounidenses como parte de un reordenamiento económico más amplio.
En un comunicado público fechado el 23 de marzo, más de una docena de organizaciones venezolanas señalaron que el proyecto avanza en medio de “violaciones sistemáticas de derechos sociales y ambientales” y un debilitamiento del marco constitucional y legal del país.
Lejos de fortalecer la supervisión del sector minero, la propuesta “otorgaría un barniz de legalidad al saqueo sistemático en curso de la Amazonía y del Escudo Guayanés”, afirmaron los grupos, advirtiendo que podría agravar la destrucción ambiental y los abusos en las regiones ricas en minerales del sur de Venezuela.
La advertencia se produce en momentos en que organizaciones ambientales aseguran que el daño a la porción venezolana de la Amazonía ya ha alcanzado niveles alarmantes. Según SOS Orinoco, una de las organizaciones firmantes, la minería y actividades asociadas han devastado más de 2.7 millones de acres entre 2000 y 2024, con gran parte de la destrucción acelerándose en los últimos años.
El grupo estimó a comienzos de 2025 que más de 3.2 millones de acres de selva virgen se perderían para finales de ese año, y que la devastación total superaría los 3.7 millones de acres para 2030.
El auge de la actividad minera se remonta en parte a un decreto gubernamental de 2015 que creó el Arco Minero del Orinoco, una vasta zona de explotación que desató una fiebre del oro comparable a la de California a mediados del siglo XIX. Impulsados por el prolongado colapso económico del país, decenas de miles de personas han migrado desde centros urbanos hacia regiones remotas del sur para trabajar en operaciones mineras a pequeña escala, a menudo ilegales.
Muchos de estos sitios están controlados o gravados por grupos armados, según organizaciones de derechos humanos, que operan con la tolerancia de las autoridades mientras la producción de oro continúe fluyendo a través de canales oficiales o semi-oficiales.
Las organizaciones detrás del pronunciamiento sostienen que la nueva ley corre el riesgo de formalizar y expandir ese modelo en un momento en que el interés internacional por la riqueza mineral de Venezuela vuelve a crecer.
Criticaron especialmente la inclusión del concepto de “Desarrollo Minero Ecológico”, calificándolo de engañoso. La minería de oro, señalaron, es “intrínsecamente destructiva”, y ese concepto oculta los daños a la biodiversidad y a las cuencas hidrográficas bajo una promesa de sostenibilidad que no existe en la práctica extractiva actual.
También advirtieron que varias disposiciones otorgarían amplios poderes discrecionales al Ejecutivo en materia de regulación, adjudicación y fiscalización, lo que podría limitar el escrutinio público y la participación ciudadana, especialmente de las comunidades directamente afectadas.
Las salvaguardas ambientales son otra preocupación central. El proyecto presenta “graves vacíos”, incluyendo la ausencia de estudios de impacto ambiental obligatorios como condición para otorgar concesiones y la falta de mecanismos de monitoreo independiente, auditorías externas o fondos de remediación.
Los grupos también advirtieron que la propuesta podría permitir la minería en áreas con distintos niveles de protección —como reservas de biosfera y reservas forestales— que no están explícitamente excluidas, aumentando la presión sobre ecosistemas frágiles de la Amazonía.
Más allá del impacto ambiental, organizaciones de derechos humanos señalan que las condiciones en las zonas mineras se han deteriorado gravemente en la última década.
Informes basados en entrevistas con mineros y residentes locales describen jornadas extenuantes de 12 horas sin equipos de protección, exponiendo a los trabajadores a constantes riesgos de lesiones y enfermedades. Muchos operan bajo esquemas coercitivos similares a la servidumbre por deudas, con grupos armados controlando las operaciones.
La violencia es frecuente, y quienes intentan resistir o abandonar estas actividades han sido, en algunos casos, asesinados, según organizaciones.
Particularmente alarmante, señalan, es la presencia de niños desde los 10 años trabajando en minas, expuestos a condiciones peligrosas, privados de educación y sometidos a explotación.
Los riesgos para la salud se agravan por el uso extendido de mercurio en la extracción de oro. Aunque está prohibido en Venezuela, su uso sigue siendo común, contaminando ríos y exponiendo a trabajadores y comunidades cercanas a efectos tóxicos.
Incluso pequeñas cantidades de mercurio pueden causar daños severos al sistema nervioso, digestivo e inmunológico, así como a los pulmones, riñones, piel y ojos. Estudios en el estado Bolívar han detectado altos niveles de exposición, incluso en mujeres y niños. En mujeres embarazadas, el riesgo incluye malformaciones fetales y muerte.
El pronunciamiento también advierte sobre los derechos de los pueblos indígenas, señalando que el proyecto no garantiza plenamente estándares internacionales como el consentimiento libre, previo e informado ni aborda adecuadamente la demarcación de territorios ancestrales.
Otro punto crítico es la creación de un “Resguardo Nacional Minero” bajo control de la Guardia Nacional Bolivariana, lo que —según los grupos— formalizaría la militarización de las zonas mineras, históricamente asociada a abusos, corrupción y economías ilícitas.
Los firmantes también cuestionaron la designación del proyecto como ley orgánica, advirtiendo que podría utilizarse para darle mayor jerarquía y evadir otras normativas ambientales y de derechos humanos.
La coalición pidió a los legisladores suspender el debate e incorporar mecanismos de transparencia, estudios de impacto obligatorios, supervisión independiente y un marco más sólido de protección ambiental y de derechos humanos.
“El oro de Venezuela no vale la vida de nuestros ríos, selvas y comunidades”, concluye el comunicado.
El documento fue suscrito por organizaciones como SOSOrinoco, Provea, Fundaredes y el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, entre otras.
