De prófugo en Miami a preso bajo tierra: Gorrín en ‘La Tumba’ de Plaza Venezuela
Raúl Gorrín, un polémico empresario venezolano solicitado durante años en Miami por cargos de corrupción extranjera y lavado de dinero, ha sido detenido desde hace varias semanas en uno de los centros de reclusión más secretos y denunciados de Venezuela, dijeron tres fuentes familiarizadas con la situación al Miami Herald.
Gorrín se encuentra recluido en celdas subterráneas bajo un edificio administrado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), frente a Plaza Venezuela, un sitio conocido ampliamente como “La Tumba”.
“Lo tienen allí desde hace unas tres o cuatro semanas”, dijo una fuente, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.
La detención de Gorrín en este centro, históricamente reservado para detenidos políticamente sensibles o de alto perfil, ha generado interrogantes sobre las razones de su arresto y las dinámicas internas de poder en Caracas.
No está claro si la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien reemplazó a Nicolás Maduro tras su captura por fuerzas estadounidenses a inicios de enero para enfrentar cargos de narcotráfico, permitirá su traslado a Miami, donde enfrenta dos acusaciones formales.
Venezuela y Estados Unidos no tienen un tratado de extradición, pero la administración Trump ha presionado a Rodríguez para que cumpla varias directrices estadounidenses en materia de petróleo, inmigración y otros temas clave desde que asumió el liderazgo del país.
“La Tumba” no es una prisión convencional. El complejo se encuentra cinco niveles bajo tierra —a unos 15 metros de profundidad— dentro de una estructura originalmente diseñada como oficinas del Metro de Caracas.
Desde que fue convertida en centro de detención tras las protestas antigubernamentales de 2014, ha sido denunciada repetidamente por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Exdetenidos, abogados y activistas coinciden en describirla como un espacio de aislamiento extremo.
Las celdas, de aproximadamente 2 por 3 metros, están completamente selladas, con paredes blancas, sin ventanas y con puertas metálicas reforzadas. La iluminación artificial permanece encendida las 24 horas del día, mientras que el silencio es casi absoluto, interrumpido solo ocasionalmente por el lejano paso de los trenes del metro.
Estas condiciones han llevado a que el lugar sea asociado con la llamada “tortura blanca”, un término que describe técnicas de presión psicológica destinadas a quebrar mentalmente a los detenidos sin dejar marcas físicas visibles.
A diferencia del clima tropical en la superficie, las temperaturas dentro del complejo se mantienen deliberadamente bajas mediante sistemas de aire acondicionado centralizado, según múltiples testimonios recogidos en informes previos.
El ambiente frío, combinado con la iluminación constante y el contacto humano mínimo, genera condiciones que, según defensores de derechos humanos, podrían constituir trato cruel, inhumano o degradante.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado casos de detenidos que describen ansiedad extrema, depresión, insomnio y deterioro cognitivo tras pasar semanas o meses en este tipo de confinamiento.
La detención de Gorrín añade un nuevo capítulo a la trayectoria de uno de los empresarios más influyentes —y controvertidos— de la Venezuela contemporánea.
Propietario del canal de televisión Globovisión y durante años vinculado a operaciones financieras con el Estado venezolano, Gorrín ha sido señalado por autoridades estadounidenses como una figura central en esquemas de corrupción a gran escala.
Durante años, su nombre ha aparecido repetidamente en investigaciones sobre corrupción transnacional, incluso mientras mantenía una presencia visible dentro del ecosistema mediático y empresarial venezolano.
En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero que involucraba miles de millones de dólares vinculados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Posteriormente, fiscales federales en el sur de Florida lo acusaron de conspiración para lavar dinero y pagar sobornos a funcionarios venezolanos.
En octubre de 2024, Gorrín fue acusado de conspirar para lavar 1.200 millones de dólares que, según las autoridades federales, él y otros asociados sustrajeron del gobierno venezolano para invertirlos en Europa y Estados Unidos, incluyendo bienes raíces de lujo en el sur de Florida.
Gorrín está acusado de conspirar para sobornar a altos funcionarios de la petrolera estatal venezolana a cambio de acceso a lucrativos contratos de préstamos gubernamentales, según una acusación presentada en un tribunal federal de Miami.
Los fiscales sostienen que los pagos de esos préstamos se canalizaron a través del sistema preferencial de cambio de divisas del gobierno, generando ganancias extraordinarias.
Gorrín, quien alguna vez fue un aliado cercano del fallecido presidente Hugo Chávez y de Maduro, fue acusado en Miami de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión si es declarado culpable.
Su caso se deriva de una acusación más amplia presentada en Miami en 2018 que imputó a ocho asociados por el saqueo de PDVSA, incluyendo altos ejecutivos y abogados. Desde entonces, cinco acusados adicionales —incluido Gorrín— han sido imputados.
Aproximadamente la mitad se han declarado culpables y han sido sentenciados, incluyendo varios que proporcionaron evidencia en su contra. Otros permanecen prófugos en Venezuela o Europa.
Por separado, a finales de 2018 Gorrín fue acusado en otro esquema masivo de lavado de dinero para desviar más de 1.000 millones de dólares del gobierno venezolano y mover esos fondos ilícitos a través de bancos estadounidenses e inversiones inmobiliarias de lujo en Miami, Coral Gables y Nueva York, según otra acusación en Miami.
Esa acusación lo señala por conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos, incluido el ex tesorero nacional Alejandro Andrade, quien se declaró culpable y cumplió condena en Estados Unidos.
Gorrín también ha tenido un papel indirecto como posible testigo en el actual juicio federal en Miami del excongresista de Miami-Dade David Rivera, acusado de no registrarse como agente extranjero del gobierno de Venezuela.
Según la evidencia presentada en el juicio, Gorrín habría ayudado a Rivera a obtener acceso a altos funcionarios venezolanos, incluida Rodríguez, para conseguir un contrato de 50 millones de dólares representando a la filial estadounidense de PDVSA en 2017.
El abogado defensor de Gorrín, Howard Srebnick, no pudo ser contactado de inmediato para comentarios.
