Venezuela extradita a sospechoso del peor atentado terrorista de Panamá
Un hombre buscado durante años por su presunta vinculación con el atentado terrorista más mortífero en la historia de Panamá llegó al país el lunes tras ser extraditado desde Venezuela, marcando un avance en un caso que permaneció sin resolverse durante más de tres décadas, dijeron funcionarios estadounidenses en Panamá.
Ali Zaki Hage Jalil, ciudadano venezolano de origen colombiano acusado de participar en el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas en 1994, fue puesto bajo custodia al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, bajo fuertes medidas de seguridad. Las autoridades afirman que su traslado representa el desarrollo más significativo hasta ahora en los esfuerzos por llevar ante la justicia a los responsables del ataque.
El atentado, ocurrido el 19 de julio de 1994, causó la muerte de las 21 personas a bordo, la mayoría miembros de la comunidad judía de Panamá, así como al menos tres ciudadanos estadounidenses. La aeronave explotó minutos después de despegar de Colón, una ciudad portuaria del Caribe situada a unos 80 kilómetros de la capital, antes de estrellarse sin dejar sobrevivientes.
Durante años el caso se estancó entre la falta de pruebas y prioridades investigativas cambiantes. Solo en años recientes, tras una renovada cooperación entre Panamá, Estados Unidos e Israel, las autoridades comenzaron a avanzar.
El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, calificó la extradición como “un paso muy importante hacia la justicia”, señalando que el proceso entra ahora en el sistema judicial panameño, sin descartar la posibilidad de futuras acciones legales en Estados Unidos.
“Esperamos que el proceso legal y su eventual conclusión traigan paz a las familias de las víctimas que han esperado más de 30 años por justicia”, dijo Cabrera tras la llegada de Jalil.
Funcionarios panameños confirmaron que Jalil fue trasladado de inmediato a la Dirección de Investigación Judicial y que se espera que sea interrogado por fiscales en los próximos días. Está acusado de participar en la planificación y el apoyo logístico del atentado, aunque no ha sido condenado por ningún cargo.
El caso ha tenido durante años implicaciones internacionales. Agencias de inteligencia de Estados Unidos han atribuido el atentado al grupo militante libanés Hizbulá, describiéndolo como parte de una ola más amplia de ataques coordinados contra intereses judíos y occidentales en América Latina.
El atentado en Panamá ocurrió apenas un día después del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que también permanece sin resolver. Investigadores han señalado similitudes en el momento y el método, sugiriendo que ambos ataques podrían estar vinculados.
Las autoridades israelíes también han respaldado esa evaluación. El expresidente panameño Juan Carlos Varela dijo en 2018 que recibió información del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que indicaba que la explosión del avión fue “claramente un atentado terrorista” perpetrado por Hizbulá.
A pesar de las sospechas iniciales, la investigación enfrentó dificultades durante décadas. El caso fue reabierto formalmente en 2019 tras la aparición de nuevas pruebas, y posteriormente los fiscales identificaron a Jalil como un sospechoso clave.
Según las autoridades, fue detenido en noviembre de 2025 en la isla venezolana de Margarita tras la emisión de una notificación roja de Interpol. Su extradición fue aprobada en marzo por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, con la condición de que sea juzgado únicamente por los delitos incluidos en la solicitud y con pleno respeto a sus derechos legales.
La entrega subraya un cambio en la cooperación regional en materia de seguridad. Funcionarios estadounidenses destacaron la colaboración sostenida entre varios gobiernos, incluida la investigación de décadas del FBI y los esfuerzos de intercambio de inteligencia.
El gobierno de Estados Unidos había ofrecido previamente una recompensa de hasta $5 millones por información que condujera a la captura de Jalil.
La Cancillería panameña describió la extradición como un “avance significativo” en un caso considerado el peor atentado terrorista en la historia del país.
Los detalles del atentado siguen siendo clave en la investigación. Las autoridades determinaron que un artefacto explosivo fue introducido a bordo del avión, probablemente oculto en una radio, y detonado poco después del despegue. Uno de los fallecidos, cuyos restos inicialmente no fueron reclamados, fue posteriormente identificado como el presunto autor material del ataque.
Los fiscales alegan que Jalil desempeñó un papel en la organización de la operación, incluyendo la obtención de materiales y la coordinación de elementos del atentado. Esas acusaciones serán ahora evaluadas en los tribunales.
El caso también ha reavivado la atención sobre la presencia de redes militantes transnacionales en América Latina. Funcionarios estadounidenses y regionales han advertido durante años que grupos como Hizbulá mantienen infraestructuras financieras y logísticas en partes de la región, a menudo operando a través de empresas comerciales y comunidades de la diáspora.
Se espera que el proceso judicial en Panamá se extienda durante meses, o incluso años, mientras los fiscales construyen su caso y los tribunales evalúan pruebas complejas recopiladas en múltiples jurisdicciones.
