Nueva acusación en Miami da detalles de la red petrolera encubierta de Alex Saab
Una acusación federal recientemente desclasificada contra el empresario colombiano Alex Saab brinda nuevos detalles sobre cómo figuras ligadas a la élite gobernante de Venezuela supuestamente transformaron un esquema de corrupción basado en importaciones de alimentos subsidiados en una extensa red petrolera surgida durante la era de sanciones, que según los fiscales movió ganancias ilícitas a través del sistema financiero estadounidense.
La acusación, presentada en el Distrito Sur de Florida, alega que Saab y sus asociados inicialmente se enriquecieron mediante el controvertido programa de distribución de alimentos CLAP en Venezuela antes de aprovechar su acceso político dentro de Caracas para intermediar miles de millones de dólares en transacciones petroleras para la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), luego de que las sanciones de Estados Unidos paralizaran los canales tradicionales de exportación del país.
El Departamento de Justicia informó que Saab enfrenta un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios, delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
El caso describe lo que los fiscales califican como una estructura financiera más amplia que ayudó a Venezuela a seguir generando ingresos mientras las sanciones internacionales profundizaban el aislamiento económico del país.
Según la acusación, la conspiración comenzó alrededor de octubre de 2015, cuando Saab y co-conspiradores no identificados obtuvieron lucrativos contratos a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción, o CLAP, un programa estatal creado para distribuir cajas de alimentos subsidiados durante el colapso económico venezolano.
Los fiscales aseguran que la red sobornó a funcionarios venezolanos para obtener contratos y luego utilizó empresas fantasmas, facturas falsas y registros fraudulentos de envíos para desviar cientos de millones de dólares destinados a la compra de alimentos para venezolanos pobres. Investigadores federales afirman que parte de esos fondos pasó por cuentas bancarias estadounidenses, otorgando a las autoridades de Estados Unidos jurisdicción sobre el caso.
Pero las acusaciones más relevantes de la imputación se centran en lo ocurrido después de que Washington intensificara las sanciones contra la industria petrolera venezolana a partir de 2019.
“A medida que avanzaba la conspiración”, escribieron los fiscales, las sanciones “paralizaron las exportaciones venezolanas, especialmente el petróleo”, dejando a Caracas con dificultades para pagar deudas externas y proveedores vinculados al programa CLAP.
Según el expediente, Saab y sus asociados utilizaron su “acceso directo e influencia corrupta” sobre funcionarios venezolanos para obtener acceso a miles de millones de dólares en crudo de PDVSA y comercializarlo “bajo falsos pretextos”. Los fiscales sostienen que las ganancias de esas transacciones fueron transferidas a través de instituciones financieras estadounidenses para promover y ocultar el esquema general.
Las acusaciones ofrecen una visión poco común de cómo creen los investigadores estadounidenses que intermediarios políticamente conectados ayudaron a Venezuela a sortear la presión económica creada por las sanciones, recurriendo a estructuras opacas de comercio y redes financieras internacionales para mantener el flujo de petróleo incluso cuando desaparecieron compradores tradicionales y canales bancarios.
El caso también marca la segunda vez que Saab comparece ante un tribunal federal en Miami.
Saab fue previamente extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde en 2021 para enfrentar cargos separados de lavado de dinero relacionados con un presunto esquema de sobornos vinculado a contratos del gobierno venezolano. Sin embargo, en diciembre de 2023, el presidente Joe Biden le otorgó clemencia como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros con Caracas, y Saab fue trasladado de regreso a Venezuela, donde fue recibido públicamente por el régimen de Nicolás Maduro como una victoria diplomática.
Su regreso esta semana a Miami para enfrentar un nuevo conjunto de cargos ocurre tras su deportación desde Venezuela el sábado, un movimiento que analistas consideran otra señal de la evolución de la relación entre Caracas y Washington después de años de hostilidad, sanciones y ruptura diplomática.
La deportación es particularmente notable porque Saab se había convertido en una de las figuras políticamente más sensibles dentro de la estructura de poder venezolana, frecuentemente presentado por el régimen de Maduro como prueba de que Washington criminalizaba a quienes ayudaban al país a evadir sanciones.
Durante años, Saab ocupó un papel central en los esfuerzos de Washington por atacar la infraestructura financiera venezolana. Funcionarios estadounidenses lo han acusado desde hace tiempo de actuar como un operador clave para el régimen de Maduro, ayudando a Caracas a evadir sanciones mediante complejos esquemas internacionales de comercio relacionados con alimentos, combustible, materias primas y oro.
Caracas, por su parte, presentó a Saab como un diplomático y empresario perseguido injustamente por ayudar al país a resistir lo que describía como un bloqueo económico liderado por Estados Unidos.
El programa CLAP se convirtió en uno de los símbolos más controvertidos del colapso económico venezolano. Originalmente presentado como una iniciativa de asistencia alimentaria de emergencia, evolucionó hacia un sistema de distribución políticamente sensible que, según críticos, permitía al régimen premiar a sus leales mientras profundizaba la dependencia de los venezolanos más vulnerables.
Diputados opositores, periodistas de investigación y grupos anticorrupción pasaron años documentando denuncias de que los alimentos importados eran frecuentemente sobrevalorados, de mala calidad o entregados parcialmente, mientras contratistas políticamente conectados acumulaban enormes fortunas.
La nueva acusación vincula efectivamente ese sistema con la economía petrolera paralela que surgió después de que Venezuela perdiera acceso a gran parte del mercado global formal.
“Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares robados de un programa alimentario venezolano destinado a los pobres y ganancias provenientes de la venta ilegal de petróleo venezolano”, declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva en un comunicado del Departamento de Justicia anunciando los cargos.
La acusación está siendo procesada conjuntamente por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia, con participación de la DEA, el FBI y Homeland Security Investigations.
“Esta acusación sostiene que un programa humanitario de alimentos destinado a apoyar a venezolanos vulnerables fue manipulado para un enriquecimiento personal masivo”, afirmó el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones.
La acusación fue anunciada como parte de la iniciativa Homeland Security Task Force, un esfuerzo interinstitucional dirigido contra carteles, grupos del crimen organizado y estructuras internacionales de lavado de dinero.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, dijo que los investigadores habían pasado años examinando redes financieras vinculadas a Saab y a la antigua estructura de poder venezolana.
“Estos cargos son un resultado directo del compromiso continuo de la DEA para desmantelar las redes corruptas que operan en toda Venezuela”, afirmó Cole.
La acusación también incluye solicitudes de decomiso, lo que indica que los fiscales buscarán confiscar activos vinculados al supuesto esquema si Saab es declarado culpable.
Una acusación formal es solo una alegación, y Saab es considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
Esta historia fue publicada originalmente el 19 de mayo de 2026, 0:59 p. m..
