Trasladan presos políticos de El Helicoide mientras crecen dudas sobre su cierre
Familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron el traslado de un número indeterminado de presos políticos desde la cárcel de El Helicoide hacia otros centros de detención en Venezuela, una medida que se produce en medio de crecientes dudas sobre el supuesto cierre de la instalación, considerada durante años uno de los símbolos más notorios de la represión política en el país.
Las denuncias fueron realizadas la noche del miércoles por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, cuya integrante Andreína Baduel afirmó que los traslados comenzaron la noche del martes sin que las autoridades informaran a los familiares sobre el destino de los detenidos.
“Tenemos información de que a partir de las 6 de la tarde comenzaron a realizarse estos traslados. No sabemos a quiénes trasladaron ni adónde los llevaron, pero desde una colina cercana a este centro de torturas pudimos observar el traslado de presos políticos”, dijo Baduel a EFE.
Según la activista, los familiares que acudieron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas no recibieron ninguna explicación sobre lo que estaba ocurriendo y únicamente fueron informados de que las visitas habían sido suspendidas.
“La respuesta del régimen hoy es comenzar traslados arbitrarios, continuar las violaciones de derechos humanos contra los presos políticos recluidos aquí y no ofrecer respuestas oportunas a los familiares, que desde esta mañana intentan saber qué está ocurriendo”, afirmó Baduel.
Los reportes surgieron un día después de que la organización de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón cuestionara públicamente las afirmaciones de que El Helicoide había sido cerrado.
La organización señaló que, pese al anuncio realizado en enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, al menos 25 presos políticos permanecían detenidos en las instalaciones.
“Si bien existió un anuncio oficial por parte de las autoridades tras los eventos del 3 de enero de 2026, nuestros registros actualizados confirman que al menos 25 presos políticos permanecen detenidos en estas instalaciones”, indicó la organización en un comunicado difundido en redes sociales.
El grupo agregó que “no es posible considerar clausurado un espacio mientras existan ciudadanos privados de libertad en su interior” e instó a organismos internacionales y gobiernos extranjeros a verificar las condiciones sobre el terreno en lugar de depender únicamente de los anuncios oficiales.
La controversia cobró mayor relevancia después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mencionara el martes el cierre de El Helicoide como una muestra de las reformas impulsadas por el gobierno interino venezolano tras la salida del poder de Nicolás Maduro.
Durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio señaló la liberación de numerosos presos políticos y el cierre del centro de detención como señales de que las autoridades interinas estaban desmantelando estructuras asociadas con el sistema autoritario que gobernó Venezuela durante más de dos décadas.
“Han visto reformas”, dijo Rubio a los senadores. “Han visto una reforma sistémica en las personas involucradas en el gobierno, reemplazadas por gente nueva.”
El secretario de Estado también señaló que cientos de presos políticos habían sido liberados desde enero, aunque reconoció que alrededor de 400 personas que Washington sigue considerando presos políticos permanecen encarceladas.
El Helicoide, una estructura futurista inconclusa construida en la década de 1950 y concebida originalmente como un complejo comercial, terminó convirtiéndose en la sede del servicio de inteligencia y en uno de los centros de detención más temidos del país.
Durante años, organizaciones de derechos humanos, ex presos políticos y dirigentes opositores denunciaron que en su interior se cometían actos de tortura y otros abusos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas ha documentado casos de tortura y malos tratos ocurridos allí, acusaciones que las autoridades venezolanas han negado de manera sistemática.
En enero, Rodríguez anunció planes para transformar El Helicoide en un centro social y deportivo como parte de una apertura política más amplia que incluyó una iniciativa de amnistía para presos políticos posteriormente aprobada por la Asamblea Nacional. Las autoridades informaron que los trabajos de remodelación comenzaron en febrero.
Sin embargo, las denuncias formuladas esta semana sugieren que el futuro de la emblemática prisión sigue siendo incierto y plantean nuevas interrogantes sobre el verdadero alcance de las reformas impulsadas por el gobierno interino.
