Venezuela eleva a 2,295 los muertos mientras aumenta la crisis de los desaparecidos
La catástrofe sísmica en Venezuela entró en su séptimo día el miércoles con la cifra oficial de muertos elevándose a 2,295, mientras la creciente crisis de personas desaparecidas, desplazamiento y deterioro de las condiciones en las zonas más golpeadas intensificaba la presión sobre el frágil gobierno de la era post-Maduro.
Los terremotos gemelos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el centro-norte de Venezuela el 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, han dejado hasta ahora 11,267 heridos, según cifras actualizadas divulgadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien ha encabezado la respuesta pública del gobierno ante la tragedia.
Las autoridades informaron que se han registrado 782 réplicas desde los sismos principales, aunque tanto su frecuencia como su magnitud promedio continúan disminuyendo, una señal alentadora de que la actividad sísmica podría estar cediendo gradualmente, aunque el riesgo de una réplica mayor aún no ha desaparecido por completo.
“La amenaza parece estar disminuyendo, pero todavía no ha desaparecido”, dijo Rodríguez durante una rueda de prensa el miércoles.
Pese a que las esperanzas de encontrar más sobrevivientes disminuyen con cada hora, los equipos de rescate continúan desplegados en las zonas devastadas, manteniendo lo que Rodríguez describió como una búsqueda incesante de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.
El rescate con vida de una niña el martes elevó a 6,461 el número total de personas extraídas de entre los escombros por equipos de salvamento, según cifras oficiales.
Más de 4,000 rescatistas y brigadistas internacionales permanecen en las zonas afectadas, trabajando junto a más de 26,000 efectivos venezolanos entre militares, policías, bomberos y personal de emergencia, apoyados por más de 17,800 voluntarios, dijo Rodríguez.
Pero a medida que la operación de rescate entra en su segunda semana, el foco comienza a desplazarse de la supervivencia inmediata hacia la estabilización humanitaria y hacia una pregunta que atormenta tanto a familiares como a rescatistas:
¿Cuántas personas siguen bajo los escombros?
Esa sigue siendo una de las mayores incógnitas de la tragedia.
Aunque el gobierno no ha actualizado un balance oficial de desaparecidos en los últimos días, estimaciones externas apuntan a cifras alarmantes.
Las Naciones Unidas y organizaciones internacionales de ayuda estiman que unas 50,000 personas permanecen desaparecidas o no localizadas, mientras registros ciudadanos como Páginas Ciudadanas documentan más de 43,000 casos de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido.
En La Guaira, el estado costero más golpeado por la catástrofe, muchos residentes temen cada vez más que el saldo final de víctimas sea muy superior al reconocido oficialmente.
Siete días después de los terremotos, la magnitud del desastre ya no se mide solo en edificios derrumbados o cifras de muertos.
También se percibe en el aire. En sectores de Catia La Mar, Caraballeda y Los Corales, el olor a descomposición se ha vuelto imposible de ignorar, mientras continúan apareciendo cuerpos entre los restos de torres residenciales, viviendas, comercios y edificios públicos colapsados.
Para muchos habitantes, ese olor se ha convertido en un recordatorio brutal de que innumerables víctimas podrían seguir enterradas bajo el concreto.
En barrios reducidos a escombros, familias enteras continúan buscando respuestas sobre sus seres queridos, sin saber si lograron escapar, si siguen atrapados con vida o si forman parte de los muertos aún no recuperados.
Muchos residentes afirman que la falta de información confiable se ha convertido en una tragedia paralela.
Especialistas en manejo de emergencias advierten que Venezuela carece de la capacidad institucional y de la infraestructura de respuesta necesarias para enfrentar una catástrofe de esta magnitud, particularmente tras años de colapso económico y deterioro institucional.
Esa debilidad se refleja cada vez más en el vacío informativo.
En La Guaira, las morgues permanecen desbordadas.
Las autoridades han recurrido a zonas temporales de identificación de cuerpos al aire libre cerca del puerto, donde familias intentan reconocer restos humanos en condiciones extremadamente difíciles.
La presión humanitaria va mucho más allá de las labores de rescate.
Rodríguez informó que las autoridades han asistido a 81,589 familias, distribuido 8.89 millones de kilogramos de alimentos y entregado 27,714 bolsas de comida de forma directa.
Un total de 17,026 pacientes ha recibido atención médica en hospitales, centros de triaje y operaciones de campo. De ellos, 4,565 requirieron hospitalización, aunque las autoridades informaron que casi 14,000 pacientes ya fueron dados de alta tras recuperarse.
El número de personas oficialmente clasificadas como damnificadas asciende a 12,841, aunque la cifra total de personas afectadas física, psicológica o habitacionalmente ya alcanza 26,403, dijo Rodríguez.
El gobierno indicó que actualmente operan 25 campamentos temporales en el país: 13 en La Guaira, 8 en Caracas, 2 en Miranda, 1 en Carabobo y 1 en Yaracuy.
Rodríguez dijo que la presidenta interina Delcy Rodríguez ordenó acelerar la transición desde campamentos improvisados hacia refugios temporales más estables, con apoyo médico y psicológico.
También anunció medidas especiales de alojamiento para médicos, enfermeros, bomberos, policías y militares cuyas viviendas resultaron destruidas o inhabitables.
Esos trabajadores serán alojados temporalmente en hoteles de Caracas mientras se desarrollan soluciones habitacionales permanentes, explicó.
El anuncio refleja un cambio más amplio en la respuesta gubernamental: del rescate inmediato hacia el alojamiento temporal y, eventualmente, la reconstrucción.
Rodríguez aseguró que el gobierno ya prepara planes para un programa acelerado de construcción de viviendas destinadas a reemplazar los hogares destruidos.
Sin embargo, la frustración pública sigue siendo alta.
En muchas de las zonas más afectadas, los residentes continúan denunciando acceso limitado a agua potable, fallas eléctricas, interrupciones en telecomunicaciones e insuficiente información oficial.
Numerosas familias desplazadas siguen refugiadas en iglesias, escuelas y campamentos improvisados, reacias a regresar a edificios agrietados por temor a que colapsen con nuevas réplicas.
Rodríguez también lanzó una dura advertencia contra la desinformación, responsabilizando a rumores falsos —incluyendo una alerta de tsunami ampliamente difundida— de haber generado pánico y retrasado operaciones de rescate durante la fase crítica de la emergencia.
“Una mentira puede costar vidas humanas”, afirmó.
Aun así, analistas sostienen que la frustración creciente refleja problemas mucho más profundos.
La tragedia ha dejado al descubierto no solo la vulnerabilidad física de la infraestructura venezolana, sino también debilidades estructurales en la capacidad del Estado, la comunicación de crisis y la confianza pública.
Esta historia fue publicada originalmente el 1 de julio de 2026 a las 3:25 p. m..
