Sube a 2,645 la cifra de muertos en Venezuela. La ONU calcula daños por $37,000 millones
La cifra oficial de muertos por los terremotos en Venezuela ascendió el viernes a 2,645, mientras una nueva evaluación respaldada por las Naciones Unidas estimó que los dos sismos causaron al menos $37,000 millones en daños físicos directos, poniendo de relieve el enorme desafío de reconstrucción que enfrenta un país.
Los terremotos gemelos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el centro-norte de Venezuela el 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, han dejado ya 12,666 heridos, según cifras actualizadas divulgadas por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información.
Las autoridades informaron que 6,462 personas han sido rescatadas con vida, mientras 15,050 permanecen sin vivienda tras perder sus hogares.
El gobierno también reportó 890 réplicas desde los sismos principales, 885 edificaciones afectadas, de las cuales 189 colapsaron por completo, cerca de 86,117 familias atendidas, y el despliegue de casi 29,600 efectivos militares, policiales y de emergencia, junto con 3,305 rescatistas internacionales y más de 25,800 voluntarios registrados.
Aunque los equipos de búsqueda y rescate continúan trabajando en La Guaira y otras de las zonas más afectadas, la emergencia comienza a dar paso a una tarea mucho más compleja: reconstruir comunidades enteras mientras miles de familias siguen esperando noticias sobre sus seres queridos desaparecidos.
Una de las mayores incertidumbres de la tragedia sigue siendo el paradero de miles de personas cuyo destino aún se desconoce.
Aunque las autoridades venezolanas no han divulgado una cifra nacional actualizada de personas desaparecidas, organizaciones humanitarias y registros ciudadanos continúan reportando decenas de miles de casos sin resolver.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras organizaciones de ayuda han estimado previamente que alrededor de 50,000 personas permanecen sin ser localizadas o podrían seguir atrapadas bajo estructuras colapsadas, mientras registros en línea administrados por voluntarios contienen más de 43,000 reportes presentados por familiares que buscan a sus seres queridos.
La mayoría de esos casos se concentran en La Guaira, Caracas y Miranda, donde las cuadrillas continúan retirando escombros de edificios de apartamentos, viviendas y estructuras comerciales colapsadas.
Las autoridades advierten que no todos los reportes corresponden necesariamente a personas atrapadas bajo los escombros, ya que las fallas en las comunicaciones, el desplazamiento de la población y las interrupciones del transporte han dificultado la reunificación de familias.
Para miles de venezolanos, sin embargo, la ausencia de respuestas definitivas se ha convertido en una de las consecuencias más dolorosas de la tragedia.
A las afueras de hospitales, refugios temporales y morgues improvisadas, familiares continúan difundiendo fotografías y nombres de personas desaparecidas en redes sociales con la esperanza de que alguien pueda aportar información sobre su paradero.
La evaluación preliminar elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) ofrece hasta ahora la imagen más clara del impacto económico del desastre.
El informe, elaborado con el apoyo de las firmas de ingeniería Ingeniar CAD/CAE Ltda. y ERN, estima que los terremotos causaron daños por aproximadamente $37,000 millones en edificaciones e infraestructura crítica, equivalentes a alrededor del 3.4 % de los activos físicos expuestos en la región afectada.
Los autores subrayan que la estimación debe entenderse como una evaluación técnica inicial y no como un cálculo definitivo. Aun así, sostienen que revela un nivel de destrucción sin precedentes en la Venezuela contemporánea.
Según el estudio, unos $24,000 millones corresponden a pérdidas directas en edificaciones residenciales, comerciales, industriales, educativas, sanitarias y gubernamentales. Otros $13,000 corresponden a daños en infraestructura, incluyendo telecomunicaciones, redes eléctricas, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, sistemas de agua y activos del sector petrolero y gasífero.
Dentro del sector infraestructura, las telecomunicaciones registraron las mayores pérdidas estimadas, con unos $5,000 millones, seguidas por el sistema eléctrico ($3,100 millones), las redes viales y ferroviarias ($2,100 millones), agua y saneamiento ($1,600 millones), petróleo y gas ($1,000 millones) y puertos y aeropuertos ($300 millones).
El informe advierte que los $37,000 millones corresponden únicamente a daños físicos directos y no incluyen pérdidas por interrupción de actividades económicas, caída de la producción, ruptura de cadenas de suministro, costos de atención de la emergencia, impactos ambientales ni los enormes costos de reconstrucción y reforzamiento estructural.
Por esa razón, los autores concluyen que el impacto económico total del desastre será, con toda probabilidad, significativamente mayor.
La evaluación también aporta nuevos elementos sobre la naturaleza poco común del fenómeno sísmico.
En lugar de un terremoto principal seguido de una réplica, los investigadores concluyeron que Venezuela experimentó un “doblete sísmico”, en el que el primer sismo, de magnitud 7.2, activó una falla vecina que ya se encontraba próxima a romperse, desencadenando apenas 39 segundos después un segundo terremoto de magnitud 7.5.
Según el informe, la primera ruptura ocurrió en el sistema de fallas de Boconó, mientras que la segunda se produjo sobre la falla de San Sebastián, dos de las principales estructuras tectónicas del país.
Los investigadores estiman que un evento de magnitud similar tiene un período promedio de recurrencia de aproximadamente 180 años, de acuerdo con el perfil de riesgo sísmico de Venezuela.
Mientras la atención pasa gradualmente del rescate a la reconstrucción, la comunidad de ingenieros del país también comienza a movilizarse para evaluar miles de estructuras dañadas.
El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) anunció la activación de un programa de capacitación de emergencia dirigido a ingenieros, arquitectos y otros profesionales técnicos que participarán en la inspección de edificaciones afectadas.
“Estamos haciendo lo que nos corresponde: brindar capacitación urgente para que los profesionales obtengan las herramientas necesarias para inspeccionar estructuras de manera eficaz en escenarios postsísmicos”, dijo en un comunicado el arquitecto José Gregorio Chacón, integrante de la Junta Directiva Nacional del CIV.
Las jornadas intensivas de formación están dirigidas a ingenieros, arquitectos, técnicos especializados y estudiantes de los últimos años de carreras afines, mientras las autoridades se preparan para lo que podría convertirse en uno de los mayores procesos de inspección estructural realizados en el país.
La presidenta interina Delcy Rodríguez informó el jueves que su gobierno ha iniciado conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para intentar recuperar recursos financieros destinados a la reconstrucción de la infraestructura afectada.
Rodríguez ya anunció la creación de un fondo inicial de $200 millones para la reconstrucción, aunque la evaluación respaldada por Naciones Unidas sugiere que los costos reales serán muy superiores.
Esta historia fue publicada originalmente el 3 de julio de 2026 a las 5:20 p. m..
