Rodríguez descarta hablar de elecciones mientras avanza reconstrucción de Venezuela
El gobierno interino de Venezuela dio a entender durante el fin de semana que las elecciones democráticas han pasado a un segundo plano frente al enorme esfuerzo de reconstrucción que enfrenta el país, al desestimar como inapropiadas las preguntas sobre los preparativos electorales mientras las autoridades intentan responder a los devastadores terremotos que ya han dejado 4,490 muertos.
Durante una rueda de prensa celebrada el sábado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que el gobierno interino está completamente concentrado en atender la crisis humanitaria provocada por los terremotos del 24 de junio y que no tiene interés en desviar su atención hacia nombramientos políticos o asuntos electorales mientras miles de familias permanecen desplazadas.
“No estamos en condiciones de detener los procesos que vienen avanzando”, dijo Rodríguez. “Lo que no tenemos es la cabeza puesta en preocuparnos por el Tribunal Supremo de Justicia. En este momento estamos preocupados por personas que han sufrido lo inimaginable”.
“Es una falta de respeto, es una grosería, estar reuniéndonos como políticos para decidir quién va al Consejo Nacional Electoral o quién va al Tribunal Supremo de Justicia”, añadió. “Ya habrá tiempo para eso”.
Sus declaraciones constituyen hasta ahora la señal más clara de que el gobierno interino pretende priorizar la reconstrucción por encima de las reformas políticas, reforzando la percepción de que la transición de Venezuela hacia elecciones democráticas podría tomar considerablemente más tiempo de lo que muchos simpatizantes de la oposición esperaban tras la captura, en enero, del exmandatario Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.
Para muchos venezolanos que esperan un rápido regreso a las urnas, las declaraciones de Rodríguez probablemente profundicen la preocupación de que el aplazamiento de las elecciones se haya convertido en un componente cada vez más aceptado de la estrategia más amplia de la administración del presidente Donald Trump para Venezuela.
Desde que Maduro salió del poder, Washington ha promovido una transición en tres fases centrada en la estabilización del país, la reconstrucción y, finalmente, la celebración de elecciones democráticas. Sin embargo, ni la Casa Blanca ni el Gobierno interino han establecido un calendario para el inicio de esa última etapa.
La incertidumbre se ha convertido en uno de los asuntos políticamente más sensibles que enfrenta el país.
Aunque la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha recibido reconocimiento internacional por cooperar con Washington, coordinar la asistencia humanitaria y abrir sectores estratégicos de la economía a la inversión extranjera, muchos venezolanos siguen considerando a su administración como una prolongación transitoria del antiguo aparato chavista, ya que continúa encabezada por altos funcionarios que formaron parte del gobierno de Maduro, entre ellos la propia Rodríguez y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
Cabello continúa acusado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y Washington mantiene una recompensa de $25 millones por información que conduzca a su captura, al señalarlo como uno de los principales líderes del Cartel de los Soles.
Dirigentes opositores han sostenido que la reconstrucción del país debe avanzar de manera paralela a los preparativos para unas elecciones supervisadas internacionalmente, argumentando que solo un gobierno elegido democráticamente puede aportar la legitimidad necesaria para conducir la recuperación de largo plazo de Venezuela.
En lugar de debatir asuntos electorales, Rodríguez dijo que los legisladores deben concentrarse en aprobar las leyes necesarias para enfrentar la emergencia humanitaria.
“Si quieren reunirse conmigo para hablar de cómo ayudar, de reformar la Ley de Arrendamientos, de crear una Ley Nacional de Emergencia, de comprar viviendas o ayudarnos a conseguir terrenos para construir casas, bienvenidos”, afirmó. “Pero si saben contar, no cuenten conmigo para ese tipo de reuniones políticas”.
Sus declaraciones coincidieron con la presentación por parte del Gobierno interino de uno de sus planes de reconstrucción más detallados desde que ocurrió el desastre.
Rodríguez anunció que la presidenta encargada comenzará la próxima semana la entrega de las primeras 200 viviendas asignadas a familias desplazadas y prometió que los 90 refugios temporales que actualmente funcionan en escuelas serán cerrados antes del reinicio de clases en septiembre.
Las familias cuyas viviendas fueron destruidas regresarán a casas reparadas, serán trasladadas a inmuebles comprados o alquilados por el Estado, o serán reubicadas en viviendas temporales unifamiliares mientras se construyen sus residencias permanentes, explicó.
“No podemos permitir que los niños sigan sin escuelas porque las aulas están funcionando como refugios”, afirmó Rodríguez, al asegurar que ninguna familia será desalojada sin que antes se le ofrezca una alternativa habitacional.
El Gobierno también busca acelerar la reconstrucción trabajando con empresas privadas sin importar su afiliación política.
“Nos estamos reuniendo con todos los constructores del país que tengan capacidad de trabajar rápidamente”, dijo Rodríguez. “No le estamos pidiendo el carnet de un partido político a nadie”.
Agregó que varias empresas pertenecientes a empresarios identificados con la oposición participan en las conversaciones sobre reconstrucción junto a compañías que tradicionalmente trabajaron con gobiernos anteriores.
El plan habitacional representa apenas una parte de lo que las autoridades describen como uno de los mayores programas de reconstrucción de la historia moderna de Venezuela.
Según las cifras oficiales más recientes, 17,907 personas permanecen sin vivienda permanente y 19,583 desplazados viven en 108 campamentos temporales instalados tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que sacudieron el centro-norte del país con apenas 39 segundos de diferencia.
Las autoridades también siguen enfrentando el enorme desafío logístico que representan los aproximadamente 1.28 millones de toneladas de escombros dejados por los edificios colapsados en la zona del desastre.
Rodríguez rechazó versiones difundidas en redes sociales según las cuales los escombros estaban siendo arrojados al mar Caribe y aseguró que el Gobierno pretende reciclar buena parte del material.
Explicó que las autoridades estudian tecnologías capaces de separar concreto, acero y otros materiales de construcción para reutilizarlos en las labores de reconstrucción.
Entre los proyectos evaluados figura el uso de materiales reciclados para futuras obras de infraestructura, incluida una ampliación prevista de la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía.
La rueda de prensa también puso de relieve la incertidumbre que aún rodea el paradero de numerosas personas tras el desastre.
Luego de que periodistas preguntaran por denuncias según las cuales al menos seis cuerpos recuperados de edificios colapsados habrían desaparecido tras ser entregados a las autoridades forenses, Rodríguez afirmó que desconocía esos casos, pero ordenó una revisión inmediata.
Explicó que todas las víctimas recuperadas deben pasar por procedimientos forenses acelerados antes de ser entregadas a sus familiares y prometió que las autoridades investigarán las denuncias y harán públicos los resultados.
Rodríguez agregó que las autoridades continúan cruzando registros hospitalarios, datos de las morgues y reportes presentados por familiares para tratar de identificar a las personas cuyo paradero aún no ha podido establecerse.
Actualmente, los familiares deben reportar a las personas desaparecidas a través de la plataforma gubernamental Patria, aunque Rodríguez reconoció que las autoridades evalúan establecer mecanismos adicionales de registro mientras continúan las labores de recuperación.
El más reciente balance oficial ilustra tanto la magnitud del desastre como la transición gradual desde las operaciones de rescate hacia la recuperación de largo plazo.
Las autoridades informaron que desde los terremotos del 24 de junio se contabilizan 4,490 fallecidos, 16,740 heridos y 6,462 personas rescatadas con vida. Además, 120,794 familias han recibido asistencia gubernamental, se han distribuido casi 10,000 toneladas métricas de alimentos y más de 18.5 millones de litros de agua potable a las comunidades afectadas.
Los servicios de salud también han atendido a 32,401 pacientes, mientras que los organismos de emergencia han registrado 1,222 réplicas desde los sismos principales.
La respuesta internacional de emergencia también comienza a reducirse a medida que se desvanecen las esperanzas de encontrar más sobrevivientes.
Las autoridades señalaron que el número de rescatistas extranjeros se ha reducido a 2,422, aproximadamente la mitad del máximo alcanzado durante las operaciones de búsqueda, mientras 31,837 efectivos venezolanos —entre militares, policías, bomberos y personal de Protección Civil— permanecen desplegados junto a más de 30,500 voluntarios registrados.
