Expertos alertan al Congreso que el aparato represivo de Venezuela sigue intacto
Seis meses después de que Estados Unidos sacara del poder a Nicolás Maduro, organizaciones de derechos humanos dijeron el miércoles ante el Congreso que el aparato represivo de Venezuela permanece en gran medida intacto, con numerosos funcionarios implicados en presuntos crímenes de lesa humanidad que siguen ocupando altos cargos en el gobierno y cientos de presos políticos que continúan tras las rejas.
Al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, de carácter bipartidista, los testigos afirmaron que la transición del país ha producido avances limitados, pero advirtieron que las principales instituciones de la represión —incluidos el poder judicial, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad— aún no han experimentado reformas significativas.
Los legisladores aprovecharon la audiencia para examinar la transición política de Venezuela tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, la respuesta humanitaria a los devastadores terremotos del 24 de junio y la estrategia de la administración Trump hacia el país sudamericano.
El representante republicano por Nueva Jersey Chris Smith, copresidente de la comisión, reconoció lo que describió como un creciente optimismo entre los venezolanos, citando encuestas según las cuales el 92% de los consultados expresó gratitud al presidente Donald Trump por sus acciones y el 72% consideró que Venezuela avanza en la dirección correcta. Sin embargo, cuestionó si el aparato de seguridad del país —que, según dijo, cometió actos de tortura, asesinatos y otras graves violaciones de derechos humanos bajo el gobierno de Maduro— había sido realmente desmantelado.
“Espero que quienes cometieron esos crímenes rindan cuentas”, dijo Smith, al establecer un paralelismo con la Bosnia de la posguerra, donde los responsables de atrocidades continuaron sirviendo en los cuerpos policiales tras el conflicto. También pidió que no se olvide a los presos políticos que siguen detenidos.
Los testigos respondieron que los cambios de personal dentro del gobierno han hecho poco para alterar la estructura de poder subyacente.
“Ha habido cambios dentro de la misma estructura de poder, pero esos cambios no han significado una verdadera transformación del poder”, dijo Laura Cristina Dib, directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Señaló que el exministro de Defensa Vladimir Padrino López fue trasladado a otro cargo ministerial, mientras altos funcionarios identificados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU —incluidos miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar— permanecen en posiciones de autoridad. “Estos cambios tienen que ser reales y transformadores, no simplemente cosméticos”, afirmó.
Isabel Carlota Roby, abogada principal para América Latina del Robert F. Kennedy Human Rights, sostuvo que el sistema autoritario venezolano continúa funcionando pese a la salida de Maduro.
“Este es un régimen que vive en un mundo de apariencias”, dijo a los legisladores. “Están reciclando a las personas y cambiándolas de cargo”. Añadió que muchos funcionarios implicados en crímenes de lesa humanidad siguen formando parte de la cadena de mando y advirtió que “no hay perspectivas de justicia” mientras las instituciones actuales permanezcan intactas.
Los testigos sostuvieron que la salida de Maduro no ha desmantelado la estructura de poder del régimen. Dib señaló que Diosdado Cabello —cuyo ministerio supervisa las fuerzas de seguridad interna de Venezuela y a quien organizaciones de derechos humanos han vinculado con detenciones arbitrarias y persecución política, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo ha relacionado con actividades de narcotráfico— sigue siendo ministro del Interior, mientras otros funcionarios identificados por investigadores de la ONU continúan ocupando altos cargos. Dib calificó esos cambios de personal como “cosméticos”, más que como evidencia de una auténtica transición democrática.
Roby dijo que el poder judicial venezolano sigue funcionando como un instrumento de represión política, en lugar de actuar como un poder independiente, lo que impide que las víctimas de tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas obtengan justicia en los tribunales. Subrayó que los esfuerzos internacionales para exigir rendición de cuentas, incluida la investigación en curso de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, siguen siendo esenciales.
Pese a esas preocupaciones, los testigos reconocieron que desde enero se han registrado algunos avances.
Martha Tineo, cofundadora de la organización venezolana de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón, declaró desde Caracas que su organización ha verificado la liberación de 795 presos políticos. Sin embargo, señaló que solo una minoría obtuvo la libertad plena mediante la recientemente aprobada ley de amnistía, mientras que la mayoría continúa sometida a restricciones judiciales y al menos 518 personas permanecen encarceladas por motivos políticos.
“Las listas oficiales de los beneficiarios no han sido proporcionadas”, dijo Tineo, al señalar que la verificación independiente sigue siendo difícil. Instó al Congreso a respaldar tres prioridades: la liberación incondicional de todos los presos políticos que permanecen detenidos, la derogación de las leyes que restringen el espacio de la sociedad civil y el desmantelamiento de lo que describió como el aparato estatal de persecución política.
Los legisladores también preguntaron a los testigos sobre la líder opositora María Corina Machado, cuyos derechos políticos han sido restringidos por las autoridades venezolanas.
Smith describió a Machado como “una fuerza muy, muy poderosa” y preguntó si su regreso a Venezuela favorecería la transición democrática.
Los testigos coincidieron en que Machado, como cualquier venezolano, debe poder regresar libremente al país y ejercer sus derechos políticos sin restricciones.
“Como ciudadana, no debería existir ninguna restricción para su regreso ni para su participación política”, dijo Dib.
La audiencia también dedicó una atención considerable al papel de la sociedad civil tras los terremotos del 24 de junio, que, según las cifras oficiales citadas durante la sesión, dejaron más de 4.500 muertos y más de 16.000 heridos.
Los testigos sostuvieron que el desastre puso de manifiesto años de deterioro institucional, dejando hospitales, organismos de emergencia e infraestructura pública mal preparados para enfrentar uno de los peores desastres naturales sufridos por el país en décadas. Al mismo tiempo, elogiaron a las organizaciones locales, iglesias y voluntarios por liderar buena parte de la respuesta humanitaria pese a operar con recursos limitados y bajo un marco legal cada vez más restrictivo.
Varios de los participantes instaron al Congreso a garantizar que los esfuerzos de reconstrucción fortalezcan las instituciones democráticas al mismo tiempo que la infraestructura física.
Dib dijo que la recuperación de Venezuela requiere reconstruir el Estado de derecho, restablecer la independencia judicial y proteger el espacio cívico. Presentó a los legisladores lo que denominó un “Termómetro de Justicia”, un conjunto de indicadores desarrollado por más de 20 organizaciones para medir el avance en materia de reforma judicial, libertades civiles, rendición de cuentas y transformación institucional.
La trata de personas también ocupó un lugar destacado durante la audiencia.
Smith, autor de la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas, recordó que Venezuela permanece desde 2014 en la Categoría 3 del Departamento de Estado de Estados Unidos, la clasificación más baja en materia de lucha contra la trata. Señaló la existencia de explotación sexual generalizada, trabajo forzado y abusos vinculados a la minería ilegal.
Los testigos afirmaron que la trata se ha agravado como consecuencia de la crisis humanitaria y la migración masiva, e instaron tanto a Caracas como a Washington a reforzar la protección de mujeres y niños, al tiempo que pidieron garantizar que las políticas estadounidenses no beneficien inadvertidamente a las redes criminales que operan en las regiones mineras del país.
No todos los testimonios ofrecieron un panorama pesimista.
Andrés Martínez-Fernández, analista principal para América Latina de la Heritage Foundation, sostuvo que la campaña de presión de la administración Trump ya ha producido avances significativos, entre ellos la liberación de presos políticos, la salida del personal de seguridad cubano que respaldaba al gobierno de Maduro y señales de recuperación económica.
Añadió que la transición venezolana debe centrarse no solo en las reformas democráticas, sino también en la estabilización económica, al señalar que años de pobreza y colapso económico fueron una de las principales razones por las que millones de venezolanos abandonaron el país.
Aun así, el mensaje predominante de la audiencia fue que la salida de Maduro no ha desmantelado, por sí sola, el sistema autoritario que sostuvo su gobierno. Los testigos instaron repetidamente al Congreso a utilizar la influencia de Estados Unidos para impulsar reformas verificables, entre ellas la independencia judicial, garantías electorales, la libertad de todos los presos políticos y la rendición de cuentas de los responsables de años de represión.
Esta historia fue publicada originalmente el 15 de julio de 2026 a las 4:41 p. m..
