Nueve venezolanos admiten cargos por trata sexual y lavado de dinero en EEUU
Nueve ciudadanos venezolanos se declararon culpables de cargos federales relacionados con una organización de trata sexual que atraía a mujeres venezolanas vulnerables a Estados Unidos con falsas promesas de empleo para luego obligarlas a prostituirse con el fin de pagar infladas deudas por su traslado, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según documentos judiciales, la organización reclutaba mujeres en Venezuela, organizaba su ingreso ilegal a Estados Unidos y las enviaba a Nashville, Tennessee, donde les informaban que debían grandes sumas de dinero por el costo de su traslado.
Los fiscales señalaron que las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución para saldar esas deudas y que, si se negaban, eran amenazadas con actos de violencia contra ellas y sus familiares en Venezuela.
Los fiscales federales afirmaron que el esquema era dirigido por Yilibeth Carmen Rivero-de Caldera y su hijo, Kleiver Daniel Mota Rivero, quienes se apoyaban en familiares y allegados para operar la red.
Las autoridades indicaron que ambos, junto con el coacusado Ramon De Jesus Velasquez Martinez, utilizaban armas de fuego y amenazas de violencia para intimidar a las víctimas y obligarlas a obedecer. Los investigadores también señalaron que Mota fomentaba la creencia de que tenía vínculos con una banda carcelaria venezolana y hablaba abiertamente de una condena previa por homicidio en Venezuela para reforzar las amenazas.
El Departamento de Justicia indicó que los miembros de la organización se encargaban de prácticamente todas las etapas de la operación, desde coordinar el ingreso ilegal de las víctimas al país hasta publicar anuncios de servicios sexuales en internet, concertar citas con clientes y recaudar las ganancias. Además de beneficiarse económicamente de la prostitución, los acusados cobraban las infladas deudas por el traslado de las víctimas.
Rivero, Mota, Frankyanna Del Valle Romero-Rivero y Endrik Alexander Morales-Rivero se declararon culpables de conspiración para cometer trata sexual, conspiración para introducir inmigrantes indocumentados en Estados Unidos con fines de lucro y conspiración para cometer lavado de dinero.
Jesus Enrique Castillo Rodriguez se declaró culpable de conspiración para cometer trata sexual y conspiración para lavado de dinero, mientras que Ariannys Beatriz Gutierrez-Carrillo, Yuribetzi Del Valle Gomez Machuca y Velásquez se declararon culpables de conspiración para cometer trata sexual. Wilmarys Del Valle Manzano Solorzano se declaró culpable de conspiración para introducir inmigrantes de manera ilegal con fines de lucro y de conspiración para cometer lavado de dinero.
La mayoría de los cargos contemplan una pena máxima de cadena perpetua, mientras que los delitos admitidos por Manzano conllevan una pena máxima de 20 años de prisión. La lectura de las sentencias está prevista para la semana del 16 de noviembre, cuando un juez federal determinará las condenas tras considerar las directrices federales de sentencia.
El fiscal general adjunto A. Tysen Duva afirmó que el caso demuestra la estrecha relación entre el tráfico de migrantes y la trata de personas.
“Las operaciones de tráfico de migrantes y trata de personas representan una peligrosa convergencia entre explotación y ausencia de ley”, dijo Duva. “Estos delincuentes se lucraron del sufrimiento humano mientras socavaban la integridad de nuestra frontera”.
El fiscal federal para el Distrito Medio de Tennessee, Braden H. Boucek, afirmó que la organización “explotó a mujeres vulnerables, se enriqueció mediante la coerción y la violencia y mostró un absoluto desprecio por la dignidad humana y el Estado de derecho”.
La investigación fue realizada por la Homeland Security Task Force en Nashville, una fuerza conjunta integrada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI, la División de Investigaciones Criminales del IRS, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service) y varias agencias federales, estatales y locales.
Los fiscales señalaron que el caso también contó con el apoyo de la Joint Task Force Alpha del Departamento de Justicia, creada para desmantelar organizaciones transnacionales dedicadas al tráfico de migrantes y la trata de personas que operan en todo el continente americano.
Funcionarios federales indicaron que estas condenas forman parte de un esfuerzo más amplio para desarticular las redes criminales que explotan a los migrantes con fines de lucro y perseguir a las organizaciones responsables de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes dentro de Estados Unidos.
