Reunión se llena de demandas para que Miami-Dade reduzca fondos que se otorgan a la policía
El martes, el movimiento nacional que busca quitarle fondos y desmantelar a los departamentos de policía acudió a un foro por lo general muy calmado del Condado Miami-Dade, en tanto docenas de participantes le pidieron a los los comisionados del condado que el dinero que se emplea en gastos de la policía se utilice en servicios sociales, viviendas y otros aspectos que mejoren la calidad de vida de la comunidad.
“No vamos a estar más seguros si le damos dinero a gente con armas que instigan la violencia en nuestra comunidad”, dijo el residente de South Miami Morgan Gianola, una de las cerca de 270 personas que se inscribieron para hablar durante una reunión por internet del Comité de Seguridad Pública de la Comisión del Condado Miami-Dade. “Vamos a estar más seguros si le damos a la población viviendas, comida y educación”.
El sinfín de comentarios cambió por completo la orden del día de un panel que supervisa a uno de los mayores departamentos de policía del país, y cuyas reuniones mensuales a menudo son tan breves que la última duró apenas 13 minutos. La del martes, sin embargo, duró más de tres horas, el esfuerzo más reciente de un trabajo activista contra políticas racistas que han estado provocando violentas manifestaciones callejeras en todo el país tras la muerte de George Floyd durante un arresto policial en Minneapolis.
Oficialmente, el asunto era algo seguro de ser aprobado: una resolución que presentó la comisionada Barbara Jordan donde pedía un reporte sobre las tácticas y reglas de la policía, junto con el uso de la fuerza física cuando se arresta a alguien. Sin embargo, los participantes organizados por los Dream Defenders y otros grupos señalaron una causa mayor para cuestionar prioridades fundamentales de gastos de un gobierno condal donde la policía y las cárceles reciben 45 centavos de cada dólar de impuestos a la propiedad y otros fondos generales.
“Nosotros como pueblo tenemos derecho a vivir en una sociedad libre de una policía militarizada”, dijo Victoria Montonaro cuando le llegó el momento de hablar por internet en la reunión que terminó con más de 100 personas expresando sus puntos de vista ante la junta. “Ahora es el momento de invertir en nuestra comunidad, y reducir el dinero que recibe el departamento de policía”.
El aluvión de comentarios tuvo lugar durante una temporada presupuestaria donde los comisionados de Miami-Dade ya han planeado un impulso temporal del sueldo de la policía mediante un suplemento salarial de un uno por ciento que duraría mientras el condado esté bajo la emergencia por el coronavirus. Bajo la propuesta, cinco bomberos y guardias de penitenciarías podrían recibir el mismo aumento.
El condado también está considerando gastar cerca de $400 millones para sustituir centros de detención en mal estado dinero que, según dijeron funcionarios, reduciría los costos operacionales con lugares más eficientes y humanos. Los críticos, en cambio, lo ven como gastos en la fuerza policial a expensas de los residentes de bajos ingresos que suelen llenar las cárceles.
Aunque el gran número de participantes sorprendió a los comisionados —“Normalmente el Comité de Seguridad Pública es algo que manejamos en cinco minutos o menos”, dijo Joe Martínez, presidente de la comisión — no hubo llamadas de los miembros del comité para recortarle al departamento de policía $771 millones del presupuesto.
Los comisionados respaldaron las llamadas para investigar más a la policía, entre otras la propuesta de Jordan para un panel de supervisión integrado por civiles, y dijo que las semanas transcurridas tras la muerte de Floyd han demostrado que Miami-Dade necesita analizar más todo lo relacionado con la policía.
“No podemos desaprovechar este momento para hacer cambios”, dijo la comisionada Daniella Levine Cava, que aspira a la alcaldía en el 2020. “Así es como debe lucir la democracia”.
NINGUNA VOZ A FAVOR DE LA POLICIA
Martínez dijo que los residentes que quieren más protección y servicios de la policía no participaron en la reunión, y podrían dar a conocer sus propios comentarios que reflejarían la otra cara del argumento. “Podríamos tener hasta 10,000 llamadas”, dijo.
Los participantes enfatizaron que no estaban allí para ser respetuosos con los comisionados, y varios criticaron duramente a los funcionarios por no prestar atención cuando los ciudadanos hablan. Un participante dijo que del mismo modo que han salido a protestar a las calles de Miami, y podrían hacer lo mismo afuera de las oficinas de la comisión. Los participantes podrían haber ganado rápidamente una batalla: los comisionados aplazaron la propuesta donde se pedía aumentar las patrullas policiales en los parques.
“Tener la policía en nuestros parques los convierte en más peligrosos”, dijo el residente de Miami Domingo Castilllo. “El dinero sería más útil si tuviéramos trabajadores sociales en los parques”.
El verdadero enfrentamiento podría comenzar este verano cuando el alcalde Carlos Giménez proponga su presupuesto para el 2021 y en septiembre los comisionados voten para aprobarlo o enmendar el plan de gastos. Cerca del 82 por ciento del presupuesto condal para la policía se emplea en salario y beneficios.
El movimiento es un término paraguas que representa una amplia gama de demandas que van desde un drástico desmantelamiento de la fuerza policial hasta imponer recortes presupuestarios con el fin de asignar el dinero de impuestos para otros servicios.
Por todo el país “los intentos de reformar los departamentos de policía han fracasado”, le dijo a los comisionados Sabrina Mujeres, residente de Coral Gables. “Nuestra única opción es comenzar a quitarle fondos a la policía e invertir ese dinero en servicios comunitarios”
NINGUNA DEMANDA ESPECIFICA SOBRE LOS FONDOS
Los participantes no hicieron una demanda específica en la reunión salvo rechazar que Miami-Dade considere construir una cárcel nueva.
La comisionada Sally Heyman dijo que los participantes se aprovecharon de la mala conducta aislada de algunos agentes para condenar a agencias enteras.
Heyman señaló el programa de citaciones civiles de Miami-Dade y otros esfuerzos para reducir la pena de cárcel por delitos menores. “A todo el que ha hablado de quitarle fondos a policía, quiero decirle que hay más cosas buenas que malas en casi todas las profesiones”, dijo. “Aprecio que se haga una reforma. Pero sin desmantelar a la policía. Respaldo a mis agentes del orden”.
La reunión del martes también destacó la gran desconexión que existe entre los manifestantes que buscan investigar con más rigor la mala conducta de la policía en Miami-Dade y los funcionarios electos y autoridades policiales que elogian el departamento como un ejemplo nacional siempre listo para salir de las manzanas podridas.
Amalia Villafane habló bañada en lágrimas sobre su hijo, que en el 2016 fue baleado seis veces por un policía del condado mientras estaba tirado en la acera. El agente pensó que Sebastian Gregory, de 16 años, iba a sacar un arma, pero era un bate que tenía escondido en la ropa. La fiscalía calificó el incidente que dejó a Gregory parcialmente paralizado como justified. Gregory se suicidó en el 2016.
“Mi familia está devastada”, dijo Villafane. “Respaldo el movimiento Las Vidas de los Afroamericanos Importan (Black Lives Matter), y debe conocerse todo lo que en la actualidad está oculto”.