Piden a DeSantis no permitir que el estado prive de servicios médicos a personas con discapacidad
En momentos que se intensifica la escasez de respiradores y otros equipos médicos, la agencia estatal encargada de las personas con discapacidades, financiada por el gobierno federal, ha exhortado al gobernador Ron DeSantis que asegure que, enfrentados a opciones inimaginables, los médicos y hospitales no practiquen la “eugenesia” en momentos que racionan los servicios médicos.
La Florida no sería el primer estado en desarrollar directrices para la distribución de respiradores, camas y medicamentos durante una escasez local o estatal.
Alabama, Kansas, Tennessee y Washington ya han provocado la ira de grupos de derechos civiles, quienes alegan que esos estados están adoptando protocolos que permiten racionar servicios a los discapacitados, como la retirada de respiradores, incluso en personas que dependen desde hace mucho de estos equipos.
“En general reconocemos que las decisiones de priorizar el acceso a tratamientos esenciales y equipos clave para salvar la vida pronto pudieran ser una consideración necesaria”, expresa una carta enviada el 30 de marzo a DeSantis por dos líderes de Disability Rights Florida, un grupo de defensa de las personas con discapacidades financiado por el gobierno federal.
“Si la asignación de tratamientos y recursos se hace necesaria, el estado tiene la obligación de asegurar que las prioridades se establezcan de manera ética y respeten los derechos civiles básicos y constitucionales de los discapacitados. Tales decisiones no pueden dejarse en manos de hospitales y médicos encargados de hacer juicios operativos en medio de una crisis abrumadora”.
La controversia sobre planes para negar servicios médicos a los discapacitados surgió inicialmente en Washington, uno de los primeros estados en contemplar una escasez de recursos. Defensores de las personas con discapacidades allí presentaron una denuncia ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) federal el 23 de marzo, después que planes de racionamiento de servicios médicos en el Centro Médico de la Universidad de Washington y el Departamento de Salud Pública estatal se hicieron públicos.
El plan de la universidad, dijeron los defensores, “prioriza el tratamiento a personas jóvenes y más saludables por encima de los mayores y más enfermos”.
“No vamos a quedarnos con los brazos cruzados mientras abandonan a miembros de nuestra comunidad”, expresaron los defensores.
Casi no hay detalles sobre cómo los profesionales de la salud en la Florida puedan distribuir equipos médicos o medicinas si hay escasez.
Ken Goodman, director del instituto de Bioética y Políticas de Salud de la Facultad Miller de Medicina de la Universidad de Miami, dijo que, en general, esas decisiones estará influenciadas por cosas como el protocolo SOFA, un método bien establecido para determinar las probabilidades de muerte de un paciente. El protocolo no toma en cuenta para nada cosas como estatus socioeconómico, religión o discapacidad.
“Todos concuerdan en que la discriminación por discapacidad, raza, clase social y religión es totalmente inadmisible”, dijo Goodman.
Las herramientas de evaluación como la escala SOFA, dijo Goodman, se crean explícitamente para eliminar consideraciones subjetivas en el proceso de toma de decisiones, algo que la mayoría de los médicos y enfermeras desea.
Los profesionales médicos no quieren tener que enfrentarse a este tipo de opciones, agregó Goodman, y tampoco quieren ser demandados por los familiares si una opción difícil resulta en la muerte de un paciente.
El 28 de marzo, la Oficina de Asuntos Civiles del HHS emitió un boletín en que recuerda a los proveedores de servicios médicos que no pueden discriminar en el tratamiento a pacientes enfermos con el COVID-19.
“En estos momentos de emergencia, la meta de entregar tratamiento médico de manera rápida y eficiente debe guiarse por los principios fundamentales de la justeza, la igualdad y la compasión que animan nuestras leyes de derechos civiles. Esto es particularmente cierto con respecto al tratamiento de discapacitados durante emergencias médicas, porque tienen la misma dignidad y valor que todos los demás”, expresa el boletín.
En referencia a la carta enviada el lunes, ninguno de los líderes estatales —DeSantis; el presidente de la Cámara, José Oliva; el secretario de Salubridad, Scott Rivkees; la secretaria de la Administración de Servicios Médicos, Mary Mayhew; la directora de la Agencia sobre Personas con Discapacidades, Barbara Palmer; el secretario del Departamento de Niños y Familias, Chad Poppell, así como representantes y senadores estatales— habían contestado, informó Disability Rights.