Puerto Rico cancela pedido de 1 millón de pruebas del coronavirus
Puerto Rico está tratando de recuperar un depósito de $19 millones que pagó por 1 millón de kits de pruebas del coronavirus y que ahora dice que la transacción nunca fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y que no llegó en la fecha acordada.
La noticia, reportada inicialmente por El Nuevo Día, amenaza con socavar la respuesta de la isla al coronavirus, que ya ha dejado un saldo de 21 fallecidos y 513 contagiados en la isla.
A pesar de aprobar medidas de distanciamiento social agresivas, la isla también tiene uno de los índices de pruebas más bajos en todo Estados Unidos.
Según el diario puertorriqueños, dos compañías pequeñas, Apex General Contractors and 313 LLC, ganaron los contratos para entregar al gobierno los kits de pruebas rápidas.
El domingo ya tarde, la gobernadora Wanda Vázquez reconoció que la isla había ordenado las pruebas, por un valor de $38 millones, y estaba pidiendo que le devolvieran el depósito por la mitad del pedido. Vázquez culpó a un antiguo secretario de Salud por el pedido.
Pero alegaciones de que las compañías en cuestión tienen conexiones políticas y financieras con el Partido Nuevo Progresista (PNP) de Vázquez, pudieran pesar sobre sus esfuerzos para ganar la reelección en noviembre.
El estatus de las pruebas del coronavirus en Puerto Rico ha estado rodeado de dudas desde que autoridades anunciaron el primer caso el 8 de marzo. Poco después, Vázquez dijo que la isla había ordenado 200,000 pruebas rápidas pero las autoridades no ofrecieron información sobre ese contrato.
La semana pasada, el recién nombrado secretario de Salud, Lorenzo González, dijo a la televisora CBS que esas pruebas no fueron aprobadas por el gobierno federal y que quizás nunca se reciban. Sin embargo, horas más tarde, dijo que fueron aprobadas y estaban en camino.
El lunes, González declaró a Radio Isla que los kits de pruebas ya habían llegado y que el viernes llegaron 7,000 kits adicionales.
Casi un mes después de iniciarse la crisis, el Departamento de Salud de Puerto Ruco ha realizado 4,951 pruebas en este territorio de 3.2 millones de personas, el índice de pruebas per cápita más bajo de todo Estados Unidos, excepto Oklahoma, según información del COVID Tracking Project.
El lunes, González no dijo quién había hecho el pedido, pero afirmó en televisión que todavía se necesita una gran cantidad de kits, agregando que el Departamento de Salud dijo que no usaría intermediarios para comprar directamente a los fabricantes “para no crear más inconveniencias”.
Los problemas con las pruebas surgen en momentos que la isla redobla sus esfuerzos en materia de distanciamiento social. Puerto Rico está bajo una cuarentena obligatoria y todos los negocios no esenciales están cerrados desde el 16 de marzo. Esa medida, que ya ha sido prorrogada una vez, se vence el 12 de abril. Pero autoridades de salud de la isla dicen que Puerto Rico no llegará a la cota máxima de casos hasta algún momento entre el 15 de abril y el 8 de mayo, lo que hace probable otra prórroga.
El domingo, la gobernadora Vázquez dijo que todos los negocios, excepto farmacias y gasolineras, cerrarían de viernes a domingo, usando el feriado de Semana Santa para hacer más estricta la orden de quedarse en casa.
La ACLU ha demandado al gobierno, alegando que la orden ejecutiva, que impone multas y condenas de prisión por infringir el toque de queda, es inconstitucional.
Pero las fuertes medidas de recogimiento han sido bien recibidas en la comunidad médica. La Dra. Marina Del Ríos, profesora adjunta del Departamento de Medicina de Emergencias de la Universidad de Illinois en Chicago, dijo que la isla tuvo razón en implementar temprano medidas contra el coronavirus.
Del Ríos es miembro de “Doctoras Boricuas”, un grupo de profesionales de la medicina puertorriqueñas que trabaja como defensoras informales de la isla.
“Se puede criticar al gobierno de Puerto Rico por muchas cosas, pero [Vázquez] hizo esto bien”, dijo Del Ríos sobre la orden de quedarse en casa. “Esa pudiera ser la salvación de Puerto Rico”.
El hecho de que es una isla permite que Puerto Rico aplique las medidas con más efectividad. En territorio continental estadounidense, las diferentes respuestas estatales y municipales al virus pudieran debilitar potencialmente cualquier medida.
Aunque Illinois ha tomado medidas estrictas para asegurar el distanciamiento social, en el vecino estado de Missouri no ha sido así, dijo la doctora.
Pero si en la isla se disparan descontroladamente los casos del coronavirus, pudiera verse en grandes problemas.
Las autoridades de salud puertorriqueñas dicen que en la isla hay unos 500 respiradores operativos, pero pudiera necesitar un máximo de 3,000 si los casos se disparan.
Puerto Rico ha sido abrumada por percepciones de corrupción e incompetencia. Durante varios terremotos a principios de este año, se descubrió un almacén lleno de suministros de primera necesidad, muchos de ellos ya caducados.
Desde que González, el secretario de Salud, ocupó su cargo el 26 de marzo, dijo que ha encontrado al menos dos almacenes llenos de medicinas vencidas y equipo médico por valor de millones de dólares.
Pedro Pierluisi, quien se ha postulado contra Vázquez en la primaria del PNP, dijo que la gobernadora debe investigar y reformar los procedimientos de contratación en la isla.
“Es imperdonable que, en medio de una emergencia, el gobierno le compre pruebas de Covid-19 a personas que le venden a sobre precio y sin garantías de entrega”, dijo en un comunicado.
“Más allá de la negligencia y posible malversación de fondos públicos, esto lacera la imagen del gobierno ante nuestra gente, y ya vemos que las autoridades federales están investigando”, agregó.
La Junta Federal de Supervisión —un panel federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico— dijo que parecía que los contratos se habían firmado “sin tomar en cuenta procesos aplicables o prácticas establecidas de compras” y por lo tanto son “inaceptables”.
“Lo que es más, un análisis de los contratos en cuestión puede concluir que son nulos desde el principio”, indicó la junta en un comunicado. “Como tales, estos contratos deben ser cancelados y se debe solicitar la devolución inmediata de todos los fondos públicos entregados”.
Esta historia fue publicada originalmente el 6 de abril de 2020, 4:28 p. m..