El plan de Miami Beach para ampliar la represión contra la delincuencia no sale adelante

Un comisionado de Miami Beach reforzó las medidas para parecer duro contra la delincuencia y está proponiendo una ampliación del muy criticado programa de procesamiento municipal de la ciudad, así como la creación de su propio sistema judicial para impartir justicia.

La comisión de la ciudad de Miami Beach considerará las propuestas durante la sesión del miércoles.

Las medidas, que llegan en el momento en que los agentes de policía de Miami Beach están siendo demandados por una detención en el Memorial Day en virtud de una controvertida ordenanza municipal, ya están suscitando la oposición de los activistas de los derechos civiles que creen que perseguir a más personas por los llamados delitos molestos no funciona.

“La tolerancia cero y la vigilancia de ventanas rotas son estrategias fallidas que no hacen más que reforzar los ciclos de pobreza y criminalización. No nos hacen más seguros, ni mejoran la calidad de vida de los residentes”, dijo Alana Greer, directora ejecutiva del Community Justice Project de Miami, añadiendo: “Los sistemas judiciales municipales también son conocidos por lucrar con las disparidades raciales y crear lastres para comunidades enteras”.

Las medidas han sido promovidas por el comisionado de Miami Beach, Steven Meiner, quien ha defendido un enfoque de ley y orden para frenar los delitos menores, incluso cuando otras ciudades del país han adoptado reformas que exigen menos detenciones por delitos menores.

La semana pasada defendió las medidas como importantes para los residentes preocupados por el aumento de la delincuencia. “Están exigiendo visibilidad policial y calles más seguras y controlar la delincuencia que hemos visto y experimentado”, dijo en una entrevista con el Miami Herald.

Entre las medidas que se están considerando son:

▪ Ampliar el programa procesamiento de la ciudad contratando un fiscal adicional, y un asistente legal. Pocas ciudades en la Florida tienen programas de ordenanzas municipales y, en Miami Beach, el fiscal Yoe López tiene jurisdicción solo sobre ordenanzas como beber alcohol en un recipiente abierto u orinar en lugares públicos. El programa, según demostró un análisis del Herald en 2019, se ha dirigido principalmente a la población indigente de Miami Beach.

Meiner se ha quejado de que incluso bajo el programa de procesamiento judicial de la ciudad, más del 90% de esos casos son desestimados. El plan también buscaría permitir que el fiscal de Miami Beach vuelva a presentar cualquier caso de ordenanza que la Fiscalía Estatal de Miami-Dade desestime. El estado a veces se encarga de esos cargos menores cuando están asociados a delitos menores o graves.

La Fiscalía Estatal (SAO) de Miami-Dade no respondió a una solicitud de su posición sobre las propuestas.

▪ Ordenar a la ciudad que cree un plan que amplíe la autoridad del fiscal de la ciudad para manejar más delitos, incluyendo ciertos delitos menores estatales en Miami Beach: agresión, allanamiento, descarga de un arma de fuego, daño criminal y exposición indecente. La resolución propuesta dice que la ley de la Florida permite a las ciudades hacer sus propias ordenanzas “para el mismo acto” que una ley estatal.

Miami Beach quiere tener el control sobre el procesamiento de esos delitos “con el fin de adquirir un mayor control y discreción con respecto al procesamiento de esos delitos menores identificados que ocurren en la ciudad, y para aliviar a la SAO de Miami-Dade de parte de su carga fiscal”, según la resolución.

Meiner, en una entrevista, no llegó a decir que la Fiscalía Estatal sea demasiado blanda, pero dijo que el sistema de justicia es “complejo” y las medidas que propone “aportarían más responsabilidad.”

▪ Pedir a la Legislatura de la Florida que modifique la constitución del estado para permitir que los jueces locales elegidos presidan los casos penales solo para Miami Beach. Esta medida, más desafiante y ambiciosa, también permitiría que jurados solo de Miami Beach supervisaran los juicios penales.

Meiner dijo que quiere jueces que sean residentes de Miami Beach “y que entiendan los problemas a los que nos enfrentamos, y que sean responsables ante nuestros residentes”. Otra resolución también pide al magistrado jefe de Miami-Dade que dedique un grupo de jueces solo para Miami Beach, a pesar de que un juez del condado ya preside los casos de una sección en un juzgado en South Beach.

El magistrado jefe de Miami-Dade, Nushin Sayfie, declinó hacer comentarios sobre las propuestas. También lo hizo el Defensor Público de Miami-Dade, Carlos Martínez, quien solo dijo que “estas propuestas no afectan a la carga de trabajo del Defensor Público, ya que ya defendemos a personas acusadas por Miami Beach de delitos menores”.

Otros no se anduvieron con rodeos.

“Los conceptos expuestos en estas resoluciones son tremendamente erróneos y están plagados de imposibilidades legales y prácticas”, dijo Jude Faccidomo, el presidente de la Florida Association of Criminal Defense Lawyers. “Simplemente, las medidas extremas son el acto de un gobierno desesperado”.

Stephen Hunter Johnson, presidente de la Junta Asesora de Asuntos Afroamericanos del Condado Miami-Dade, calificó el enfoque de Meiner de “mano dura” y dijo que Miami Beach debería recibir el mismo trato que el resto del condado a la hora de impartir justicia.

“Desgraciadamente, hay mucha grandilocuencia política para ganarse el apelativo de duro con el crimen”, dijo Johnson, y añadió: “Parece que el señor Meiner no se conforma con formar parte del Condado Miami-Dade”.

Las anteriores medidas de Meiner en materia de justicia penal han sido objeto de críticas similares.

En mayo, copatrocinó una ordenanza que convertía en delito situarse a menos de 20 pies de los agentes de policía con la “intención de impedir, provocar o acosar” después de una advertencia. Durante el fin de semana del Memorial Day, la policía de Miami Beach detuvo al menos a 13 personas en virtud de la ordenanza, todas ellas afroamericanas, de las cuales al menos ocho utilizaban sus teléfonos celulares para grabar a los agentes.

Dos de los casos fueron desestimados de inmediato por los fiscales de Miami-Dade, que también presentaron cargos de agresión contra los agentes por haber golpeado supuestamente a uno de los hombres. Un tercer caso desestimado fue el de Mariyah Maple, que fue rociada con gas pimienta por un agente de policía y detenida en virtud de la ley mientras grababa en video un control de tráfico.

El caso fue finalmente archivado. El mes pasado, Maple presentó una demanda federal contra los tres policías de Miami Beach implicados en su detención. Alega que la detención fue errónea y que se utilizó fuerza excesiva contra ella. La demanda está pendiente.

A instancias de Meiner, la comisión también aprobó un plan para apelar todos los casos de ordenanzas que sean desestimados por los jueces, una medida que, según el Defensor del Pueblo de Miami-Dade, “se sumará a los casos atrasados que ya atascan los tribunales”. Una revisión del Herald también mostró que la ciudad no había tenido éxito en ninguna de sus apelaciones anteriores.

Meiner defendió sus propuestas, diciendo que está actuando en beneficio de los residentes. También está patrocinando una resolución que pide que Miami Beach trabaje para crear un programa de “desviación previa al juicio” y subrayó que la ciudad no está buscando tiempo de cárcel para todos los delitos menores. Pero cree que hay demasiados delincuentes habituales que se salen con la suya al infringir la ley.

“Tenemos que hacer algo más que detenerlos para luego ponerlos en libertad”, dijo Meiner.