Le confiscaron un arma por crisis mental, luego se la devolvieron. Ahora es sospechoso de asesinatos en Miami
Más de un año antes que la Policía de Miami Dade declarara a Willy Maceo “presunto asesino en serie”, sus padres llamaron al 911 para informar que su hijo, quien es bipolar, se estaba comportando de forma extraña en su casa de West Kendall. Se negaba a tomar sus medicamentos, divagaba sobre conspiraciones y parecía acariciar repetidamente su pistola Glock .
Citando el peligro potencial para sí mismo y para otros, los agentes de la Policía de Miami-Dade lo llevaron a un hospital para una evaluación psiquiátrica involuntaria. Según un informe policial obtenido por el Herald, los agentes le confiscaron la pistola por precaución.
Pero le devolvieron el arma más tarde, y 18 meses después, la misma Glock se usó para balear a dos indigentes en Wynwood, uno de los cuales murió, según los informes policiales.
Los hechos, de los que no se había informado, son una ventana al estado mental de Maceo, agente inmobiliario sin antecedentes penales cuya detención en diciembre fue noticia en todo el país. Pero también ilustra las dificultades de los policías para tratar de prevenir futuros actos de violencia, incluso con la llamada ley de alarma en la Florida, que otorga a las autoridades un margen considerable para confiscar las armas de las personas consideradas un peligro para sí mismas o para los demás, al menos temporalmente.
Como ilustra el caso de Maceo, el uso de la ley de señal de alarma le sigue faltado uniformidad en toda la Florida, incluso en Miami-Dade, donde la Policía y los tribunales la han usado muchos menos que en Broward.
Según el departamento, un detective de la Sección de Gestión de Amenazas de la Policía de Miami-Dade se llevó la Glock, pero legalmente tuvo que devolverla poco después que Maceo fuera dado de alta del hospital en 72 horas, según la Ley Baker de la Florida. Aun así, como es habitual, el detective consultó con la oficina jurídica del departamento sobre de una “orden de protección contra riesgos” que permitiría a un tribunal mantener el arma alejada de Maceo durante un máximo de un año.
La oficina decidió que no había suficiente razón para ir ante un juez.
“El caso del señor Maceo no cumplía los criterios legales para solicitar una Orden de Protección de Riesgo (RPO)“, dijo el departamento en un comunicado.
Algunos expertos dicen que el caso de Maceo muestra las limitaciones del sistema. Incluso si un juez hubiera despojado a Maceo de su arma, las RPO caducan al cabo de un año, y los disparos se produjeron mucho después de que hubiera tenido derecho a recuperar su arma. También, en uno de los casos de homicidio en los cuales es sospechoso, Maceo ni siquiera utilizó un arma: la víctima fue asesinada a puñaladas.
“Nunca vas a atrapar a todos”, dijo Kendra Parris, abogada de Orlando que representa a propietarios de armas y que critica el amplio alcance y los criterios de la ley. Ella cree que la policía de Miami-Dade probablemente tomó la decisión correcta, dados los hechos del caso de Maceo y la gran cantidad de aplicaciones de la Ley Baker que ocurren en el sur de la Florida diariamente.
“Es una cuestión de recursos. No es una decisión de mala fe decir que esto no parece una situación de RPO”, dijo. “No fue una mala decisión”.
A la espera de la comparecencia
Maceo, de 25 años, permanece en una cárcel de Miami-Dade a la espera de ser juzgado por un cargo de intento de homicidio, mientras los investigadores trabajan para construir los casos y así acusarlo en ambos homicidios. Su comparecencia está prevista para el lunes. No fue posible contactar con el abogado defensor de Maceo para que hiciera comentarios. Su madre no respondió a una solicitud de comentarios.
Tras su detención a finales del mes pasado, el jefe interino de la policía de Miami, Manuel Morales, anunció en una rueda de prensa que Maceo era sospechoso de los dos tiroteos de Wynwood, así como de la muerte a puñaladas en octubre de un indigente cerca del downtown.
Según la policía, Maceo disparó a un indigente en la cabeza el 21 de diciembre en la cuadra del 400 de Southwest Second Avenue. Unas dos horas más tarde, se cree que Maceo se detuvo en un Dodge Charger negro y desde el vehículo disparó y mató al otro indigente, Jerome Antonio Price, de 56 años, mientras dormía en la banqueta en Wynwood, un asesinato grabado en un video de vigilancia.
Las imágenes relacionan el Charger de Maceo con ambas escenas. Cuando los detectives localizaron a Maceo en el auto, encontraron la pistola Glock Modelo 19 de 9 mm, y las balas coincidían con los casquillos encontrados en ambas escenas de los tiroteos, dijo el jefe.
Los investigadores relacionaron entonces a Maceo con el asesinato de un indigente, Manuel Pérez, de 59 años, el 16 de octubre en 27 SE 1 St. Las imágenes de vigilancia del presunto asesino, compartidas previamente con el público, muestran a un hombre exactamente igual a Maceo. A diferencia de los otros casos, a Pérez no le dispararon. Lo mataron a puñaladas.
El motivo de los ataques sigue siendo un misterio y poco se sabe de Maceo más allá de sus perfiles en internet.
Los registros muestran que Maceo es corredor de bienes raíces con licencia sin antecedentes penales en la Florida y tenía un permiso válido para portar armas. Las páginas en redes sociales del graduado de la preparatoria Sunset lo mostraban posando con autos de lujo, promoviendo casas y asistiendo a una reciente conferencia de criptodivisas en Miami.
Sus interacciones con la policía eran mínimas. En 2017, llamó a la Policía de Miami-Dade tras una discusión por mensajes de texto con el novio de la hermana de su novia. En otra ocasión, Maceo entró a la estación de Policía de Hammocks para denunciar que alguien le había robado la calcomanía de placa de su auto.
Según la Policía, compró legalmente su Glock el 18 de enero de 2018. No fue hasta el año siguiente, en octubre de 2019, dijo su familia a la Policía, que Maceo comenzó a “mostrar señales de una enfermedad mental” y a “escuchar voces”.
‘Estado delirante’
Sus problemas se intensificaron la mañana del 30 de mayo de 2020, cuando la Policía de Miami-Dade fue llamada a la casa de West Kendall donde Maceo vivía con sus padres . El informe: una “disputa doméstica con su hijo bipolar”.
Esa mañana temprano, dijo su madre a las autoridades, Maceo comenzó a llamar a sus padres por teléfono “sin hablar y manteniendo la línea abierta”. Durante las llamadas, escucharon “rastrillando un arma de fuego varias veces”, lo que les llevó a abandonar la casa junto con otros familiares porque temieron por su seguridad.
Más tarde, ese mismo día, cuando ya habían regresado a casa, Maceo se acercó a su madre “hablando de forma incoherente, acusándola a ella y a otros familiares conspirar contra él y se puso muy agitado”. Ella llamó a la Policía.
Un agente entró en la casa y encontró a Maceo, que al principio se negó a sentarse. Finalmente se llevó las manos a la cabeza. Los agentes encontraron su pistola Glock en su cintura y descubrieron que estaba cargada con un cartucho en la recámara. El agente observó que decía “cosas incoherentes y parecía estar delirando”.
Maceo no fue acusado de ningún delito. Fue llevado al Kendall Regional Hospital en virtud de la Ley Baker de la Florida, que permite que alguien que puede ser un peligro para sí mismo o para otros sea admitido en un centro de salud mental para una evaluación involuntaria, una estancia que puede durar hasta 72 horas.
Antes de 2018, los agentes no podían, por lo general, incautar el arma de fuego de alguien que estuviera internado en virtud de la Ley Baker, a menos que hubiera sido acusado de un delito. Eso cambió después que Nikolas Cruz, adolescente con un historial de arrebatos violentos y problemas de salud mental, cometió una masacre en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas el 14 de febrero de 2018.
Medir el riesgo
Tras la masacre —17 personas murieron y otras 17 resultaron heridas— los legisladores estatales cedieron a la presión pública y aprobaron varias reformas que fueron aplaudidas por los activistas a favor del control de armas. Entre ellas, la llamada ley de señal de peligro”, que permite a la policía confiscar las armas de alguien que “suponga un peligro potencial para sí mismo o para los demás”. Y la ley estableció el sistema de “orden de protección contra riesgos”, que permite a la policía solicitar a un tribunal que mantenga las armas alejadas de personas potencialmente peligrosas, pero solo durante un año.
Los criterios: la Policía “debe aportar hechos que den lugar a un temor razonable que la persona representa un peligro significativo de causar daños personales a sí mismo o a otros por tener un arma de fuego o munición bajo su control o posesión”.
En todo el estado, el uso de la ley ha variado mucho, según un análisis realizado en 2020 por The Associated Press, ya que algunos departamentos de Policía solicitan las órdenes de forma más agresiva que otros, y también dedican más personal y capacitación al uso de la ley. Los detectives deben tener en cuenta los antecedentes penales, la información médica, a veces incompleta, y los detalles de las amenazas, todo ello sin dejar de equilibrar el derecho de una persona a poseer un arma.
“Cuantificar el nivel de riesgo es siempre un reto”, dijo un veterano detective del sur de la Florida que trabaja evaluando amenazas. “Y el juicio es una gran parte de la toma de decisiones”.
Desde que se estableció la ley, los jueces han emitido 8,286 órdenes de protección por riesgo, según los registros estatales. De esas, 282 fueron en Miami-Dade, el mayor centro de población en la Florida. En Broward, donde ocurrió la masacre de Parkland, ha habido más del doble de esa cifra: 792 casos.
No está claro cuánto se prolonga la orden típica de protección contra riesgos. En la Florida, las personas que han perdido su derecho a comprar o poseer armas de fuego pueden solicitar a un tribunal que les devuelva la capacidad de tener un arma.
No estaba claro cuánto hablaron los médicos del Kendall Regional con la Policía, ni si querían que Maceo fuera enviado a un internamiento involuntario de mayor duración; aunque si eso hubiera ocurrido, el centro de salud mental habría necesitado solicitar permiso a un tribunal”.
“Si una persona no está internada, al ser liberada los policías tienen que solicitar la RPO o devolver el arma de fuego; no hay un punto intermedio”, dijo Parris, la abogada de Orlando.
Las personas en las que aplica la Ley Baker tienen un “riesgo significativamente mayor” de ser arrestadas en el futuro por cometer delitos relacionados con armas de fuego que personas a las que se les impone una orden judicial de atención psiquiátrica de mayor duración, lo que las inhabilita a tener un arma de fuego, dijo Jeffrey Swanson, un investigador de Ciencias Sociales y profesor de Psiquiatría de la Universidad Duke que estudia las leyes.
Swanson dijo que 19 estados han instituido leyes de señal de alarma, que son herramientas valiosas para retirar las armas de las manos de asesinos potenciales y de aquellos en riesgo de suicidio. Pero advirtió que las leyes son solo una pieza en el complejo rompecabezas de las armas y la salud mental en Estados Unidos.
“La gran mayoría de las personas con enfermedades mentales graves no son violentas”, dijo Swanson. “Pero a menudo son estigmatizados por los casos de alto perfil de asesinos en masa”.
Esta historia fue publicada originalmente el 21 de enero de 2022, 6:14 p. m..