Juez aprueba acuerdo entre refinería de oro de Opa-locka y bancos en caso de bancarrota

La familia propietaria de una refinería de oro en bancarrota en el área de Miami —que antes estaba entre las más grandes del mundo— acordó pagar $16.6 millones para resolver una larga disputa con un grupo de bancos que perdieron un dineral en préstamos morosos, según un acuerdo judicial aprobado el jueves.

Republic Metals Corp. se declaró en bancarrota en 2018 después de descubrir una enorme discrepancia de $100 millones en su inventario de oro, según registros judiciales. Republic era anteriormente propiedad de la familia del fallecido Richard Rubin antes que el negocio fuera vendido en $25.5 millones a un importante refinador japonés, Asahi. La nueva operación, que incluye la antigua planta de procesamiento de Republic en Opa-locka, se llama Asahi Refining Florida.

En un acuerdo presentado en el tribunal federal de quiebras, el hijo y la hija de Rubin, Jason y Lindsey Rubin Davis, junto con su madre y el antiguo tesorero de Republic, acordaron realizar los pagos del acuerdo a los principales prestamistas bancarios de la empresa. Entre ellos: Mitsubishi International Corporation, la institución financiera holandesa Coöperatieve Rabobank, Bank Leumi y Bank Hapoalim, ambos de Israel, y el banco privado neoyorquino Brown Brothers Harriman.

Los pagos de la familia representan decenas de millones de dólares menos de lo que los acreedores garantizados y otros habían exigido a Republic y a sus antiguos propietarios en el caso de quiebra en el tribunal federal de Nueva York.

No obstante, el juez de quiebras Sean H. Lane calificó el jueves el acuerdo como una “conclusión exitosa”, y el abogado Michael Luskin, que representaba a uno de los bancos, dijo que fue un “logro”.

Sin embargo, no todos están contentos. Un acreedor no garantizado expresó su fuerte oposición al acuerdo porque su negocio de metales preciosos, que tenía oro y plata por valor de $8 millones en Republic Metals antes de la quiebra, no ganaba nada con el acuerdo con los bancos.

“Puesto que sabemos que cientos de millones de dólares en metales preciosos, confiados a los posibles demandados, desaparecieron de alguna manera, los acreedores necesitan saber qué reclamos se hicieron valer, qué pruebas las apoyaron y por qué el acuerdo es razonable”, escribió el abogado Steven Berman en un escrito en nombre de Mitchell Levine, un neoyorquino que perdió sus posesiones de oro y plata en el proceso de quiebra de Republic.

Antes de aprobar el acuerdo, el juez de la quiebra obtuvo documentos confidenciales que mostraban las condiciones económicas de la familia Rubin y su capacidad financiera para pagar a los acreedores del banco. Pero el juez mantuvo esos documentos bajo sello para que el público no pudiera verlos.

En una reciente apelación, los abogados de Levine están tratando de recuperar sus pérdidas de los Rubin, los acreedores bancarios garantizados y otros en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York.

Jason Rubin, antiguo director general de la extinta Republic Metals, no quiso hacer comentarios para este reportaje. Él y su hermana, junto con su madre, Rose Rubin, heredaron el negocio familiar de refinería del padre, Richard Rubin, que murió en 2013. Hasta que tuvo problemas financieros, Republic llevaba casi 40 años en el negocio y se había convertido en el mayor procesador de oro de Sudamérica y México, que se vendía a las industrias de la joyería, la tecnología y la automotriz.

Los problemas financieros de Republic se descubrieron en abril de 2018, cuando la empresa dijo que un inventario interno no podía dar cuenta de una gran cantidad de oro y plata en su planta de Opa-locka. Ese déficit, unido a una grave deuda bancaria, llevó a Republic a intentar venderse a un importante refinador de oro suizo. El acuerdo fracasó, lo que llevó a la empresa a declararse en quiebra según el Capítulo 11 en un tribunal federal de Nueva York.

En su declaración inicial de bancarrota, Republic reconoció que las “discrepancias de inventario” eran el núcleo de sus problemas financieros. Pero la empresa no dijo si el oro y la plata realmente desaparecieron o si cometió un error de contabilidad.

Desde hace años, la proximidad de Miami a América Latina, rica tanto en depósitos de oro como en narcotraficantes que buscan lavar dinero, la ha convertido en un centro de la industria del oro estadounidense desde hace una década.

Republic, junto con otros importadores de Miami, llamó la atención de los agentes federales cuando investigaron el supuesto comercio ilícito de oro, según numerosas fuentes policiales familiarizadas con la investigación. Al final, Republic se libró de la acusación y fue absuelta.

Mientras se llevaba a cabo el caso de quiebra, los fiscales federales de Miami llegaron a un acuerdo con Republic para no presentar cargos penales contra la empresa en 2019. Los fiscales, que estaban investigando avado de dinero e infracciones a la Ley de Secreto Bancario en el multimillonario comercio de oro entre América Latina y Estados Unidos, llegaron a un “acuerdo de no enjuiciamiento” con Republic.

Según los términos del acuerdo, Republic aceptó seguir cooperando en la investigación federal sobre la industria del oro y mejorar su programa de lucha contra el lavado de capitales. Republic no tuvo que pagar una multa, según el acuerdo, que se incluyó en una presentación ante el tribunal de quiebras en el caso de Nueva York.

En la investigación sobre el contrabando de oro en Miami, los fiscales federales han hecho caer a un importante competidor de Republic con sede en Miami, NTR Metals, condenando a tres de sus comerciantes de oro en una trama de lavado de dinero de $3,600 millones. La empresa matriz de NTR, Elemetal, con sede en Dallas, también pagó una multa de $15 millones en un acuerdo separado.

El Herald destacó el caso de NTR Metals cuando publicó una serie de investigación titulada “Oro sucio, dinero limpio”, en la que mostraba cómo la dependencia de Estados Unidos del oro latinoamericano provoca una destrucción medioambiental general, abusos de los derechos humanos y envenenamiento por mercurio. En una visita a un pueblo minero peruano devastado en 2019, el Papa Francisco condenó el oro ilegal como un “falso dios que exige sacrificios humanos”.