Jueza: Ex legislador Rivera debe pagar miles por infracciones electorales

Hace una década, cuando estaba en su mejor momento político, el entonces representante republicano David Rivera canalizó secretamente casi $76,000 en donaciones de campaña a un candidato novato que se postulaba en las elecciones primarias contra el probable contrincante demócrata de Rivera en Miami-Dade.

Rivera, quien finalmente perdió la contienda al Congreso en 2012, ahora debe pagar seis veces esa cantidad, $456,000, en una multa civil al gobierno federal después que una jueza determinara que infringió las leyes de financiación de campañas al “hacer contribuciones a nombre de otra” persona.

La jueza emitió una orden final en su larga disputa con la Comisión Federal Electoral (FEC), que había presentado una demanda contra él en julio de 2017.

La orden de la jueza podría ser la menor de las preocupaciones del otrora político. La firma consultora de Rivera fue demandada por la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana por embolsarse $15 millones en honorarios en medio de denuncias de realizar poco trabajo. Rivera también fue investigado penalmente por los fiscales federales de Miami en relación con ese acuerdo de consultoría.

Rivera, de 56 años, no pudo ser localizado para que hiciera declaraciones, después que un reportero del Miami Herald trató de contactarlo por teléfono y mensajes de texto. Su abogado defensor en el caso de la FEC, Jeffrey Feldman, declinó hacer declaraciones para este artículo.

Al indicar que Rivera debe pagar la sanción civil, la jueza del Tribunal Federal de Distrito Marcia Cooke también exigió que cubriera $927 en costos judiciales por su “reiterada inasistencia” a las deposiciones en el caso de la FEC.

Al final, Cooke rechazó el último intento de Rivera de conseguir la desestimación del caso civil de la FEC. Rivera alegó que la agencia no tenía jurisdicción para llevar a cabo su demanda por infracción de las leyes de campaña debido a que el plazo de prescripción de cinco años había expirado hace mucho tiempo y no le avisaron debidamente antes de presentar la demanda.

‘Huele a hipocresía’

“Es poco sincero y huele a hipocresía que el demandado David Rivera insista ahora en que el tribunal ignore convenientemente sus múltiples y discretas infracciones de una ley federal a favor de su torcida lectura en un estatuto de limitaciones y su interpretación de las reclamaciones de la FEC en su contra”, escribió Cooke en una orden de 12 páginas emitida la semana pasada.

Cooke también señaló que las afirmaciones de Rivera de que no recibió las cartas y los correos electrónicos de la FEC en los que se le notificaba de las infracciones de financiación de campaña “carecen de credibilidad”.

La jueza determinó que Rivera tiene el dinero para pagar la multa y también emitió una orden judicial permanente para evitar que siga infringiendo la ley de financiación de campañas en el futuro, ya que continuó postulándose a elecciones después de perder la contienda en 2012 por el Distrito Congresual 26 de la Florida ante el demócrata Joe García.

Su orden fue el acontecimiento final de una batalla legal de cinco años entre Rivera y la Comisión Federal de Elecciones, que comenzó después que la FEC lo demandara por dinero no declarado que Rivera y Ana Alliegro, asesora política del Partido Republicano, usaron en 2012 para apoyar al falso candidato Justin Lamar Sternad contra García en las elecciones primarias demócratas.

Sternad y Alliegro fueron finalmente condenados por cargos penales debido a su papel en la trama, y cumplieron cortas sentencias de prisión: 30 días y seis meses, respectivamente. Sin embargo, Rivera consiguió evitar el castigo penal, sobre todo porque a la Fiscalía le preocupaba depender de la amiga de Rivera, Alliegro, como testigo contra el político.

Al preguntarle si Rivera estaba directamente involucrado en la estafa, el abogado defensor de Sternad, Rick Yabor, contó al Miami Herald el viernes de un intercambio revelador entre un juez federal y un fiscal cuando Alliegro se declaró culpable en agosto de 2014. Después de algunas insinuaciones, el fiscal reveló el nombre de Rivera como “coconfabulado A”.

“Creo que el comentario del fiscal habla por sí mismo”, dijo Yabor al Herald.

En la audiencia de declaración de culpabilidad de Alliegro, el juez de distrito federal Robert Scola preguntó al fiscal federal adjunto Thomas Mulvihill por qué no nombraba al coconfabulado. “Ya hemos pasado ese momento”, dijo el juez. Mulvihill señaló que la política del Departamento de Justicia federal prohíbe a los fiscales identificar a los coconfabulados no acusados. Pero bajo la presión del juez, Mulvihill hizo la primera de las seis menciones directas a Rivera.

El fiscal nombra a Rivera

“A principios de abril de 2012, la acusada, Ana Alliegro, se reunió en el restaurante Catch of the Day con el legislador David Rivera y otro individuo”, dijo Mulvihill al juez. “En ese momento David Rivera instruyó a Ana Alliegro que se reuniera con Justin Lamar Sternad, y ella luego se reunió con Justin Lamar Sternad”.

Las repercusiones de ese caso penal y de la disputa civil de la FEC dificultaron los intentos de Rivera de volver a ocupar cargos estatales y federales. Rivera, quien había prestado servicio en la Cámara de Representantes de la Florida y compartía lugar con el entonces representante estatal Marco Rubio, nunca fue elegido tras dejar el Congreso a principios de 2013.

Rivera volvió a estar bajo el reflector político en 2020, cuando fue demandado por un contrato de $50 millones por prestar servicios de consultoría a la compañía petrolera estatal de Venezuela, pero luego no hizo casi nada para ganárselos, según la demanda. Rivera, afirma la demanda, fue contratado en 2017 por una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), para ayudar a mejorar su imagen en Estados Unidos mientras las finanzas y la reputación de la firma energética se hundían junto con la economía de Venezuela.

Ese gigante petrolero nacional estaba entonces bajo el control del presidente socialista Nicolás Maduro, quien fue vilipendiado por los políticos estadounidenses de la misma manera que el difunto líder cubano Fidel Castro, quien era cercano al predecesor de Maduro, el difunto Hugo Chávez.

La demanda por incumplimiento de contrato fue presentada ante un tribunal federal de Nueva York por la filial PDV USA Inc. La demanda solicita la devolución de $15 millones por parte de la empresa de Rivera, Interamerican Consulting Inc.; el pago inicial de lo que se suponía era un contrato de tres meses y $50 millones. Los abogados de la empresa consultora presentaron una contrademanda, diciendo que Rivera cumplió con sus obligaciones y se le debe todo ese dinero, según los registros judiciales. El caso se llevará a juicio posteriormente este año o el próximo.

Rivera, mientras tanto, está bajo investigación federal por parte del FBI por ese contrato de consultoría con PDV USA desde el segundo semestre de 2017.

La investigación de la Procuraduría General de Estados Unidos, que se ha centrado en que Rivera no se registró como agente extranjero ante el Departamento de Justicia, así como en cuestiones de evasión fiscal, fraude y lavado de dinero, sigue en curso. Se sospecha que desvió $4 millones del contrato de consultoría de PDV USA a un acaudalado empresario venezolano, Raúl Gorrín, según varias fuentes familiarizadas con la investigación. A finales de 2018, fue acusado en un tribunal federal en Miami en un caso de corrupción no relacionado. Gorrín, quien está conectado políticamente, es dueño de un canal de televisión en Caracas y alguna vez tuvo más de una docena de propiedades residenciales en el Condado Miami-Dade, es considerado un fugitivo.

En los últimos cinco años, las autoridades federales de Miami prosesaron a docenas de funcionarios y socios comerciales venezolanos acusados de malversar miles de millones de la compañía petrolera nacional de Venezuela y de trasladar su dinero al sistema bancario y al sector inmobiliario de Estados Unidos.

Esta historia fue publicada originalmente el 10 de abril de 2022 a las 9:04 a. m..