Cómo se descarriló un caso de cocaína en Miami. Todo empezó con un préstamo de $250,000

Empezó como una sentencia rutinaria de un contrabandista de cocaína colombiano y acabó como un drama legal desordenado y característico de Miami.

Un joyero local que comercia relojes de alta gama dijo que le cobraron un préstamo de un cuarto de millón al amigo del contrabandista, quien financió su defensa legal.

Un abogado contratado por el joyero para cobrar la deuda presentó su demanda en un caso penal, algo que nunca ocurre en un tribunal federal.

Además, el abogado del joyero presentó una moción que argumenta que el narcotraficante debería ser castigado duramente porque su amigo que pidió el préstamo no ha pagado, que el FBI no ha investigado la deuda impaga y que el abogado defensor del contrabandista debería ser sancionado por varias razones.

Ese abogado defensor, David M. Fernández, no estaba muy contento y lo calificó de táctica para obligarlo a él y a su cliente a enfrentar un préstamo impago que ninguno de los dos había acordado ni del que eran responsables.

“Esto es un intento de extorsión”, declaró al Miami Herald el martes Fernández, abogado con licencia desde 2005 y sin quejas del Colegio de Abogados de la Florida. “Todo fue una gran sorpresa para mí. Es el caso más extraño en toda mi historia de ejercicio de la abogacía”.

La trama de esta historia es sinuosa.

El abogado del joyero, Simon T. Steckel, presentó una moción en vísperas de la vista de sentencia del contrabandista a mediados de abril, exhortando al juez que condenara al convicto por contrabando de cocaína Juan José Valencia Zuluaga más tiempo entre rejas debido a un préstamo impago de $250,000 con el que pagó sus honorarios legales.

Joel Vigo, cliente de Steckel, cuya familia lleva años en el negocio de la joyería en Miami, acusó al prestatario —el amigo de Zuluaga, Manuel Gil— de intentar estafarlo, según la petición de Steckel. El escrito también insinuaba que el contrabandista y su abogado defensor eran cómplices porque el préstamo se usó para pagar la factura legal de la defensa.

“Por lo tanto, este robo de dinero de Vigo se usó para beneficiarlos”, escribió Steckel en la petición.

Steckel, un veterano abogado defensor que reconoció en su escrito que su táctica era “inusual”, también acusó al FBI y a los fiscales federales de no investigar las alegaciones del joyero sobre un préstamo impago antes de la vista de sentencia de este mes.

Fernández argumentó que Steckel no tenía por qué interferir en un caso penal federal para cobrar una deuda y, en la sentencia de Zuluaga, el juez federal de distrito Darrin Gayles concordó, diciendo al abogado del joyero que su cliente debería tratar de resolver su disputa sobre el préstamo en otro ámbito, a saber, el tribunal de circuito estatal. A continuación, condenó a Zuluaga a 14 años de prisión después de declararse culpable de confabularse para distribuir más de cinco kilos de cocaína. El castigo se situaba en el extremo inferior de las directrices de sentencia y fue recomendado por la fiscal federal Ellen D’Angelo.

Pero el juez, por razones no explicadas, también permitió que la presentación de Steckel permaneciera en el expediente judicial, a pesar de la petición de Fernández de suprimir “las afirmaciones irrelevantes e incendiarias”. El juez no abordó la moción adicional de Steckel solicitando sanciones contra Fernández.

Mientras tanto, el FBI, que había investigado las acusaciones del joyero, dirigió las preguntas a la Fiscalía Federal para que hiciera comentarios. Esa oficina declinó hacer comentarios, pero D’Angelo, el fiscal, dijo en un correo electrónico citado en la presentación de Steckel que el FBI no había encontrado ningún “vínculo directo” entre el joyero Vigo y el contrabandista de cocaína, así como ninguna base para investigar el acuerdo de préstamo.

Gil había acordado primero el préstamo de $250,000 con Vigo después de la detención de Zuluaga el año pasado para pagar los honorarios legales del acusado, de acuerdo con el expediente de Steckel.

“Gil acordó pagarle a Vigo ‘de inmediato’, sugiriendo que podría tener los fondos de vuelta a Vigo dentro de las 24 horas de manos de Zuluaga”, escribió Steckel en su presentación. “Vigo estuvo de acuerdo, siempre y cuando hubiera un rastro de papel hasta Fernández que mostrara el pago real de los supuestos honorarios legales directamente a él. [...] Fernández era consciente de este acuerdo e instantáneamente aceptó el dinero de Vigo sin objeción”.

Fernández dijo que sabía que Gil había hecho arreglos para pagar los honorarios legales de su amigo, pero no sabía que Gil había pedido prestado el dinero al joyero. “En absoluto”, dijo Fernández.

Expertos legales dijeron que tales arreglos son comunes en el sur de la Florida, especialmente en un caso de tráfico de drogas en que el acusado puede tener problemas para encontrar dinero limpio de actividades delictivas.

Los expertos también señalaron el giro poco común de los acontecimientos en el caso del contrabandista de cocaína.

Jon Sale, un destacado abogado penal del sur de la Florida, dijo que nunca había visto a un tercero tratar de intervenir en una sentencia federal para resolver una disputa financiera. Sale dijo que la decisión de investigar o no una acusación corresponde estrictamente al poder ejecutivo, al FBI y a la Fiscalía, como “una cuestión de separación de poderes”.

Hay aún más en la historia: también resultó que Vigo y Gil habían tenido diferencias en el pasado.

Se conocían porque habían hecho transacciones de joyería, principalmente compraventa de relojes de lujo, durante la última década, pero, al parecer, su relación comercial es tensa. En marzo, Gil solicitó una orden de restricción contra Vigo en el tribunal de familia de Miami-Dade. Se la concedieron, pero la vista sobre la orden de restricción está prevista para junio, según los registros judiciales.

El abogado de Vigo en ese caso también fue Steckel. El abogado de Gil, Tony A. Haber, no respondió a una solicitud de declaraciones.