Juicio por corrupción de comisionado suspendido de Miami-Dade se estanca mientras tribunal analiza acciones de jueza

El tan esperado juicio por corrupción de un condecorado policía que pasó de 17 años en la policía a décadas de servicio público en los niveles más altos del gobierno de Miami-Dade se retrasó al menos una semana mientras un tribunal de apelaciones analiza la interacción entre el comisionado suspendido y la jueza que supervisa el juicio.

A finales de la semana pasada, mientras fiscales estatales y abogados de Joe Martínez argumentaban una moción, la jueza del Tribunal de Circuito de Miami-Dade Lody Jean interrumpió el debate y pidió a Martínez que subiera al estrado. Pasó la mayor parte del minuto siguiente advirtiendo a Martínez que se abstuviera de hacer gestos porque podía perjudicar sus posibilidades de ser absuelto por los jurados.

Los abogados Ben Kuehne y Neil Taylor, preocupados por la parcialidad de la jueza, pidieron a Jean que se recusara. Denegada la petición, los abogados de Martínez presentaron una queja solicitando la intervención del Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito. A primera hora de la tarde del miércoles, la jueza suspendió la selección del jurado tras recibir la noticia del tribunal de apelaciones de que la decisión pudiera producirse a finales de la próxima semana.

Comunicó a unos 40 jurados —muchos de los cuales ya habían sido interrogados por los abogados— que el juicio se había interrumpido y que serían actualizados a finales de la próxima semana.

“Hay una razón legal por la que tenemos que detener este proceso. No puedo seguir hablando con ustedes sustancialmente”, dijo Jean a los jurados. “Existe la posibilidad de que no los necesitemos”.

Fuera de la sala, Kuehne dijo que la jueza “pareció crear un sesgo legal” y que la interacción entre la jueza Jean y Martínez “no debería haber ocurrido”.

La reanudación del juicio pudiera complicarse por la reprogramación de las declaraciones de los testigos y porque el principal fiscal estatal, Tim VanderGiesen, tiene otros juicios programados para finales de mes y en mayo.

Martínez está acusado de presuntos sobornos

Martínez, de 66 años, está acusado de un único cargo de compensación ilegal y confabulación por supuestamente haber cobrado $15,000 a un comerciante de su distrito de West Kendall a cambio de patrocinar una ley que habría beneficiado al propietario de la plaza comercial. Los cargos pudieran llevar a Martínez a hasta 20 años de cárcel.

Sin embargo, el comisionado suspendido de su cargo por el gobernador Ron DeSantis después de su arresto en agosto de 2022 por cargos de delito grave, habló en broma de una posible candidatura a jefe de Policía electo de Miami-Dade en noviembre en caso de ser declarado inocente. Se negó a hablar sobre su caso o los cargos de corrupción pública que enfrenta.

“Una vez que esto termine, definitivamente estoy considerando postularme”, dijo Martínez esta semana. “Creo que estoy altamente calificado para ser jefe de Policía electo”.

Fiscales de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade dicen que la medida del condado patrocinada por Martínez por la que supuestamente fue compensado habría aumentado el número de contenedores de carga para almacenar inventario en el centro comercial. Era un problema importante para el propietario del centro comercial, que había sido multado con miles de dólares por los inspectores de código del condado.

Aunque el proyecto de ley no se aprobó y nunca fue considerado por la comisión, eso no importa según la ley siempre que se pueda demostrar la intención. El delito se cometió supuestamente en 2016, justo después de que Martínez fuera reelegido tras pasar los cuatro años anteriores como asesor de seguridad. Martínez calificó los cargos de “falsos” y dijo que tenían motivaciones políticas.

Martínez fue suspendido de su cargo durante su quinto mandato. Consiguió tres mandatos consecutivos de cuatro años como comisionado a partir de 2000. Fuera del cargo durante cuatro años a partir de 2012, recuperó el puesto de la comisión en 2016 y volvió a ganar en 2020.

Una ‘emergencia fiscal’ motivó a Martínez, según el estado

Fiscales estatales creen que los presuntos delitos se cometieron porque Martínez y uno de sus empleadores fuera del Ayuntamiento condal tenían problemas financieros. Y eso, sostienen, tuvo un papel considerable en la decisión del comisionado suspendido de supuestamente participar en el pago del soborno con el propietario del Extra Supermarket en 12890 SW Eighth St.

Según la orden de arresto de Martínez, investigadores recuperaron un correo electrónico escrito por Martínez al propietario de su empleador, Centurion Security, en el que el comisionado afirmaba estar haciendo frente a una “emergencia financiera” y decía que había llegado el momento de cobrar las deudas pendientes. La empresa se había retrasado en el pago de las nóminas.

Martínez se puso entonces en contacto con una persona vinculada con el Ocean Bank y le pidió que “hablara bien” a los ejecutivos del banco para ayudar a Centurion a obtener un préstamo.

Tres pagos de $5,000 a Martínez, dice el estado

Fiscales estatales dicen que Martínez recibió el primero de tres pagos de $5,000 del propietario del supermercado Jorge Negrín dos semanas después de la victoria electoral de Martínez el 30 de agosto de 2016. El supermercado está en una plaza propiedad de un empresario llamado Sergio Delgado, el hombre al que Martínez supuestamente pidió que hablara bien en el banco.

Según la orden de arresto de Martínez, Delgado había sido multado en repetidas ocasiones por los inspectores de código de Miami-Dade por tener más de los seis contenedores de carga permitidos detrás de las tiendas. La orden de arresto dice que Martínez recibió su segundo cheque de $5,000 de Negrín en diciembre de 2016.

Dos meses después, los investigadores dijeron que descubrieron un correo electrónico de Delgado al correo electrónico privado de Martínez que decía “Necesito ayuda en esto” y que ya había pagado miles de dólares en multas.

Martínez respondió, alega el estado, diciendo: “Tranquilo, estamos trabajando en ello”. Un mes más tarde, el 17 de marzo, la jefa de gabinete de Martínez inició una legislación patrocinada por su jefe que habría aumentado el número de contenedores permitidos en determinadas propiedades.

Ocho días después, según la orden judicial, Martínez recibió el último cheque de $5,000 de Negrín. Después de un airado correo electrónico de Martínez a su personal, el tema se incluyó en la agenda de la comisión del condado el 23 de agosto de 2017. Cuatro días después, fue misteriosamente archivado.

La Oficina del Inspector General del condado se enteró de las interacciones y comenzó a investigar. En octubre, Martínez accedió a hablar con los agentes, según su orden de arresto, pero dijo que no recordaba porqué recibió los cheques y se refirió a ellos como préstamos. También afirmó que no conocía a Delgado ni sabía porqué se había retirado el punto del orden del día.

Martínez pasó desapercibido durante dos años, según la orden de arresto, luego reapareció y accedió a otra entrevista en 2019. Para entonces, admitió conocer a Delgado. Y dijo que los pagos eran dinero que le debía Negrín, después de que Martínez lo contactara con un inversionista, en 2013.

La investigación de Martínez por parte del inspector general del condado también condujo al arresto de otro hombre que no tenía vínculos con Negrín o Delgado, pero sí tenía una conexión con Martínez. Los inspectores descubrieron que el empresario de Hialeah Mario Ferro usó donantes testaferros para donar ilegalmente a la campaña de Martínez en 2016. En 2019, Ferro aceptó un acuerdo de culpabilidad por dos delitos menores y libertad condicional y acordó pagar $10,000 a una organización benéfica.

El caso fue sellado más tarde.