Federales presentan orden de cese y desista contra Florida por la financiación de las escuelas de Broward
Un día después que el Departamento de Educación de la Florida retuviera fondos a dos distritos escolares en medio de una batalla por el mandato de uso obligatorio de mascarillas, la administración de Biden presentó el jueves una queja pidiendo a un juez administrativo que bloquee las medidas de la administración de DeSantis.
La queja, presentada por el Departamento de Educación federal ante la Oficina de Jueces de Derecho Administrativo de la dependencia, marca el enfrentamiento más reciente entre la administración de Biden y la Florida sobre la respuesta al COVID-19.
La acción se produce tres días después que la dependencia federal enviara una carta al comisionado de Educación, Richard Corcoran, advirtiendo que habría repercusiones si el estado actuaba para retener fondos estatales para contrarrestar las subvenciones federales concedidas a dos distritos, Broward y Alachua, que aplicaron un mandato de mascarilla obligatoria.
A pesar de la advertencia, el Departamento de Educación de la Florida comenzó el miércoles a retener fondos por una cantidad igual a las subvenciones federales que Broward y Alachua recibieron de la administración de Biden.
Hasta la fecha, el estado ha retirado $526,197 a las escuelas públicas de Broward y $192,000 de las de Alachua, ya que se centra en los salarios de los miembros de la Junta Escolar que votaron a favor de un mandato de mascarilla obligatoria y trataron de contrarrestar las ayudas federales que estaban destinadas a compensar las sanciones estatales.
“El Departamento de Educación de la Florida ha reducido ilegal y explícitamente la cantidad de ayuda estatal proporcionada a los distritos escolares de la Florida en función de su recepción de fondos federales”, según la demanda federal.
La queja dice que el estado ha reducida la ayuda estatal a los distritos “como parte de un esfuerzo más amplio para disuadir a esos distritos de implementar las prácticas recomendadas por los CDC”.
“Pero sea cual sea su motivación, la reducción de ayuda estatal basada en la recepción de los fondos federales es una clara infracción de la Sección 8522 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965”, dice la denuncia.
En concreto, la sección citada en la demanda prohíbe que un estado tenga en cuenta los pagos federales a la hora de determinar la cantidad de ayuda que debe recibir un distrito.
“Creemos que las acciones de la Florida han infringido la ley federal al reducir los fondos estatales sobre la recepción de fondos federales”, dijo un portavoz del Departamento de Educación federal en un comunicado, que indicó que que la queja fue presentada después que funcionarios federales hicieron “repetidas peticiones para trabajar juntos y proteger a los estudiantes, los educadores y las comunidades escolares”.
Corcoran, sin embargo, dice que la agencia federal está “equivocada” cuando dice que el estado ha actuado ilegalmente y, en cambio, afirma que los funcionarios federales son los que han participado en “esfuerzos ilegales para fomentar el incumplimiento de la ley en la Florida” a través de la asistencia federal a los distritos.
Sostiene que las acciones del estado no violan los requisitos federales porque los fondos estatales retenidos a los distritos no son ayudas estatales, sino “sanciones que pueden ser necesarias para hacer cumplir la ley estatal”.
Corcoran argumenta además que la retención de fondos no debe considerarse una reducción de la financiación porque los fondos se distribuirán una vez que los distritos cumplan con las normas estatales por el COVID-19.
Los argumentos de Corcoran, esbozados en una carta enviada el 13 de octubre a Ian Rosenblum, subsecretario adjunto de política y programas del Departamento de Educación federal, ofrecen una idea de cómo el estado puede tratar de argumentar el caso ante un juez de derecho administrativo.
Tras la presentación de la demanda federal el jueves, el portavoz del Departamento de Educación de la Florida, Jared Ochs, dijo que la agencia federal aún no ha respondido a los argumentos expuestos en la carta del 13 de octubre.
“Seguiremos adelante luchando por el acceso de los estudiantes de la Florida a una educación pública y gratuita”, dijo Ochs.
Cómo empezó
La larga batalla en la Florida comenzó cuando varios distritos escolares empezaron a imponer estrictos mandatos de mascarilla obligatoria cuando los estudiantes se preparaban para volver a las clases presenciales en otoño.
En respuesta, DeSantis emitió una orden ejecutiva en julio que llevó a su administración a prohibir los mandatos de mascarilla en las escuelas y dejó en manos de los padres la decisión de si sus hijos debían llevar el rostro cubierto.
En septiembre, su administración emitió una nueva norma que reforzaba la decisión de que fueran los padres quienes decidieran si los niños llevaban mascarillas en la escuela y si debían ser puestos en cuarentena después de haber estado expuestos a alguien que hubiera dado positivo en la prueba del COVID-19.
Para entonces, los distritos escolares, los padres y el Estado se habían enfrascado en luchas judiciales sobre las restricciones estatales en materia de mascarillas.
El Estado también había empezado a retener fondos por un importe equivalente a los salarios de los miembros de los consejos escolares que habían votado a favor del mandato del uso de mascarillas en las escuelas, una medida aprobada por el Consejo Estatal de Educación e impulsada por Corcoran.
Entonces el gobierno de Biden se metió en la pelea.
En septiembre, el Departamento de Educación federal anunció la creación de un nuevo programa de ayudas, el Proyecto SAFE, destinado a cubrir las multas o la retención de fondos a las que se enfrenten los distritos escolares a causa de sus normas por el COVID-19, incluidos los requisitos de mascarillas.
Broward y Alachua fueron los primeros distritos en solicitar con éxito una ayuda federal en el marco del programa. Los distritos están entre los ocho —incluidos los condados Miami-Dade y Hillsborough— que se enfrentan a recortes estatales como resultado de sus políticas de uso de mascarillas.
Cuando el programa de ayudas federal entró en escena, la Junta Estatal de Educación autorizó a principios de octubre al Departamento de Educación de la Florida a retener fondos por una cantidad equivalente a la ayuda federal.
En ese momento, Corcoran dijo que las subvenciones federales estaban alentando a los distritos a violar la ley de la Florida y que los floridanos deberían sentirse “ofendidos” por el uso de los fondos federales por parte de la administración de Biden.
Cuando el gobierno de Biden amenazó con adoptar medidas contra el Estado si seguía con su amenaza de retirar las ayudas federales a los distritos, el Departamento de Educación de la Florida no se retractó.
Dijo que la agencia federal había enviado una “carta acosadora y legalmente vacía”, y añadió que la agencia estatal seguiría “adelante, legalmente, como lo hemos hecho todo este tiempo”.
Dos días después, el estado retuvo los fondos de Broward y Alachua.
¿Qué pasa ahora?
El Departamento de Educación federal está pidiendo a un juez administrativo que determine que el estado ha infringido los requisitos federales al retener la ayuda federal.
La agencia federal también quiere que un juez bloquee al Departamento de Educación de la Florida de la retención de fondos de Alachua y Broward y cualquier reducción futura a cualquier otro distrito, en lo que respecta al Proyecto SAFE.