Agencia de acreditación examinó universidades emblemáticas, ahora legisladores republicanos quieren un nuevo proceso
Líderes de la Cámara de Representantes de la Florida presentaron el jueves un proyecto de ley que apunta al organismo de acreditación del sistema universitario estatal después que la agencia cuestionó recientemente la influencia política en dos universidades emblemáticas.
Dos altos funcionarios de las universidades estatales se mostraron a favor de la idea, pero los grupos sindicales del profesorado expresaron su preocupación por “más interferencia política” en el sistema de educación superior.
La iniciativa se presenta después que la Southern Association of Colleges and Schools (SACS) planteó interrogantes sobre posibles conflictos en la búsqueda de un presidente para la Universidad Estatal de la Florida (FSU) e investigó a la Universidad de la Florida (UF) por la posible infracción de las normas sobre “influencia política indebida”.
“Cuando la propia agencia de acreditación interfiere con la gobernanza, hay que empezar a plantear algunas preguntas difíciles sobre su papel”, dijo Alan Levine, miembro de la Junta de Gobernadores del sistema universitario estatal.
Los líderes de la Cámara han comenzado a abordar esas preocupaciones en una medida que prohibiría a las universidades e institutos superiores de la Florida ser acreditados por el mismo organismo durante ciclos consecutivos, exigiendo un cambio cada ciclo de cinco años.
El cambio obligaría a todas las universidades e institutos superiores estatales a buscar una alternativa a la SACS, el acreditador de todas las universidades e institutos superiores en el sur. Hay otros seis organismos regionales de acreditación y docenas de otros acreditadores institucionales en todo el país.
El objetivo de la acreditación es garantizar que las instituciones de educación superior cumplan las normas de calidad de la institución, sus programas y plan de estudios. También es necesaria para que las universidades reciban ayuda federal para los estudiantes. El mantenimiento de los estándares de calidad juega un papel en el sistema de clasificación nacional de universidades, que ha sido un enfoque para el gobernador Ron DeSantis y los líderes republicanos.
El jueves, los demócratas en la Subcomisión de Educación Postsecundaria y Aprendizaje Continuo de la Cámara, donde se presentó la medida, planteó la preocupación de que los cambios en el sistema de acreditación pudieran conducir a una “manipulación del sistema”.
El proyecto de ley (PCB PEL 22-01) también crearía una vía para que las universidades e institutos superiores puedan demandar a una agencia o asociación de acreditación que les haya afectado negativamente tras tomar “medidas de represalia” contra ellos.
Marshall Criser III, rector del sistema universitario, dijo que sería “bueno poder entrar en este proceso con una especie de igualdad de condiciones y no sentir que se puede estar en desventaja contra el acreditador actual”.
Levine coincidió.
“Si la reputación de la universidad se ve perjudicada por la negligencia o la mala praxis de una entidad externa, creo que debería estar en su derecho de exigir responsabilidades a la organización”, dijo Levine. “He estado aquí el tiempo suficiente para ver varias veces en las que sentí que la agencia de acreditación externa estaba interfiriendo en la gobernanza”.
Pero al presidente de United Faculty of Florida, Andrew Gothard, le preocupa que el esfuerzo “intimide a los organismos de acreditación para que permitan una mayor interferencia política en nuestros campus de educación superior”.
A Gothard también le preocupa que los cambios en la forma en que se acreditaría a las escuelas de la Florida tengan el potencial de perjudicar la clasificación y la reputación de las instituciones.
“La calidad del organismo de acreditación que tienes determina lo respetada que es tu institución, o incluso tu departamento, en todo el país”, dijo Gothard.
La SACS responde
Belle S. Wheelan, la presidenta de la SACS, dijo al Herald/Times el jueves que el acreditador planteó preguntas sobre lo que estaba ocurriendo en la FSU y la UF porque estaba siguiendo su política de investigar información no solicitada.
En esos casos, el acreditador se enteró de posibles problemas de incumplimiento a través de artículos de prensa.
Los artículos revelaron que los administradores de UF habían denegado las solicitudes de tres profesores para ser testigos expertos pagados en una demanda sobre el derecho al voto contra el estado, y que el comisionado de Educación Richard Corcoran estaba tratando de llegar a presidente de FSU. Corcoran es miembro de la Junta de Gobernadores del sistema universitario estatal, que en última instancia habría tenido que aprobar al candidato seleccionado por el Consejo de Administración de la FSU.
En respuesta a esos informes, Wheelan dijo que planteó preguntas sobre posibles conflictos de interés en la búsqueda del presidente y posibles cuestiones de “influencia política indebida” en el caso de UF.
“Aunque hay otras escuelas en la Florida que a lo largo de los años han recibido cartas similares, creo que el hecho que las dos instituciones emblemáticas, muy próximas, reciban cartas, les molesta”, dijo Wheelan.
En una entrevista realizada el 15 de mayo de 2021 para el cargo de presidente de FSU, Corcoran dijo que las decisiones de la SACS en medio de la búsqueda de presidente eran “equivocadas”.
“La SACS necesita a FSU y a la Florida más de lo que la Florida y FSU necesitan a la SACS”, dijo Corcoran. “La SACS está yendo por un camino que si lo sigue en los próximos tres, cuatro, cinco años, habrá una reacción contra la agencia de acreditación y otros métodos alternativos comenzarán a destacarse. Y eso no es bueno para el sistema. Creo que deberían ser lo que son, una agencia de acreditación”.
El representante estatal republicano Amber Mariano, republicano de Hudson, no mencionó las instancias en las que el organismo de acreditación se ha enfrentado a los funcionarios de educación del estado al presentar la legislación propuesta el jueves.
En su lugar, Mariano dijo que el proyecto de ley está destinado a permitir a las universidades “elegir la agencia de acreditación que mejor se adapte a sus objetivos”.
“Esto les da más opciones porque ahora mismo están encadenadas a un solo acreditador”, dijo Mariano. “Pueden elegir cuál va mejor con sus prioridades”.
Criser dijo que el proyecto de ley daría “libertad” a las universidades.
“Tienen que estar tranquilos de que no van a tener algún tipo de reacción adversa, lo mismo que cualquier entidad que se mueve en un mercado libre”, dijo. “No debería haber penalizaciones a la hora de ver cuáles son tus opciones”.
Las universidades y los institutos superiores de la Florida tienen ahora más opciones. En 2020, el Departamento de Educación federal revisó las normas federales que permitían a las escuelas buscar la acreditación de grupos sin importar los límites geográficos.
Las universidades no pueden ‘solo seleccionar’ alguna
“Tienen opciones”, dijo Wheelan. “Pero no importa a dónde vayan porque todas están reconocidas por el departamento. Todos tenemos estándares que son mandatos”.
Wheelan dijo que las universidades no podrán “solo seleccionar” el acreditador que quieran. Tendrán que presentar una solicitud, y tendrán docenas de opciones, dijo.
“No creo que sea lo mejor para las instituciones y no creo que se den cuenta de que no se puede ir a otro acreditador sin más”, dijo. “Tienes que solicitarlo y hay un proceso de solicitud ... no obtienes automáticamente la acreditación”.
No está claro cuántas opciones tendrían las universidades y los institutos superiores de la Florida. Según el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, todos los acreditadores institucionales son libres de acreditar escuelas y universidades en todo Estados Unidos, pero los acreditadores tendrían que estar interesados en ampliarse más allá de su área geográfica actual.
Wheelan dijo que nunca había visto una legislación como la que los líderes de la Cámara de la Florida han introducido como parte de un paquete más amplio de educación superior.
En el Senado, todavía no hay un proyecto de ley que lo acompañe.
El vicepresidente de la Subcomisión de Asignaciones de Educación del Senado, Manny Díaz, republicano de Hialeah, no rechaza la propuesta, pero no pudo proporcionar mucha información sobre la opinión de sus colegas al respecto.
“Estoy abierto a ello, solo digamos eso”, dijo.
Mary Ellen Klas, jefa de la oficina de Tallahassee del Miami Herald, contribuyó a este artículo.
Esta historia fue publicada originalmente el 7 de febrero de 2022 a las 4:35 p. m..