Universidades de Florida podrían perder la financiación si infringen la ley ‘antiprogresiva’
Los enfrentamientos culturales en la Florida sobre qué enseñar sobre la raza no se limitan a la educación básica. También se están extendiendo al sistema de educación superior del estado.
Desde hace un año, el gobernador Ron DeSantis y los republicanos de la Legislatura han estado luchando contra la influencia de la teoría crítica de la raza y lo que ellos llaman ideologías “progresivas” en el aula.
Su esfuerzo más reciente es una legislación que impondría nuevas restricciones a la instrucción relacionada con la raza en las universidades e institutos superiores públicos, y amenazaría a las instituciones con reducciones de fondos y demandas si violan las nuevas regulaciones.
Estas regulaciones están empaquetadas en el Proyecto de Ley 7 de la Cámara de Representantes, titulado “Libertad Individual”, y están vinculadas al presupuesto estatal propuesto para el próximo año fiscal. Se espera que DeSantis, que ha defendido su propia agenda “antiprogresiva”, apruebe ambos artículos.
La legislación propuesta es de gran alcance, y la Junta de Gobernadores del sistema universitario estatal está trabajando con los prebostes y consejeros generales para entender lo que tendrá que cambiar en las 12 universidades públicas de la Florida si se aprueba la ley. Al menos una universidad –la Universidad de la Florida– ha dicho que está “desarrollando una capacitación” para los empleados con el fin de garantizar el cumplimiento de la nueva ley prevista. Entraría en vigor el 1ºde julio.
¿Qué hace exactamente el proyecto de ley?
Si se aprueba, las universidades e institutos superiores públicos pudieran ser acusados y demandados por discriminar por motivos de raza, color, origen nacional o sexo si un estudiante o empleado se opone a los materiales de instrucción o a las sesiones de capacitación que, en su opinión, no cumplan un nuevo conjunto de principios de “libertad individual” establecidos por los legisladores republicanos.
Por ejemplo, la instrucción escolar constituiría discriminación si la institución “obliga” a un individuo a creer cualquiera de los siguientes aspectos
Que virtudes como el mérito, la excelencia, el trabajo duro, la igualdad, la neutralidad, la objetividad y el daltonismo racial son racistas o sexistas, o que fueron creadas por miembros de una determinada raza, color, sexo u origen nacional para oprimir a los miembros de otra raza, color, sexo u origen nacional.
Que los miembros de una raza, color, sexo u origen nacional son moralmente superiores a los miembros de otra raza, color, sexo u origen nacional.
Que el carácter moral de un individuo o su condición de privilegiado u oprimido está necesariamente determinado por su raza, color, sexo u origen nacional.
Que un individuo, en virtud de su raza, color, sexo u origen nacional, es inherentemente racista, sexista u opresor, ya sea consciente o inconscientemente.
Que los miembros de una raza, color, sexo u origen nacional no pueden ni deben intentar tratar a los demás sin respetar su raza, color, sexo u origen nacional.
Que un miembro de una raza, color, sexo u origen nacional no puede ni debe intentar tratar a otros sin respeto a la raza, color, sexo u origen nacional.
Que un individuo, en virtud de su raza, color, sexo u origen nacional, tiene la responsabilidad y debe sentir culpa, angustia u otras formas de aflicción psicológica por las acciones cometidas en el pasado por otros miembros de su misma raza, color, sexo u origen nacional.
Que un individuo, en virtud de su raza, color, sexo u origen nacional, debe ser discriminado o recibir un trato adverso para lograr la diversidad, la equidad o la inclusión.
Legisladores vinculan la financiación al cumplimiento
Cualquier infracción pondría en peligro la financiación de las universidades públicas.
En concreto, las universidades no podrían optar a lo que se conoce como financiación por rendimiento —dinero destinado a un centro educativo en función de su rendimiento— en el siguiente ejercicio fiscal si se produce una “infracción justificada” de las restricciones contempladas en el proyecto de ley.
Una violación sería determinada por un tribunal, un comité legislativo o la Junta de Gobernadores, un organismo cuyos miembros son nombrados por el gobernador y confirmados por el Senado.
Los líderes legislativos republicanos dijeron que la amenaza de recortes en la financiación serviría de incentivo para asegurarse de que las universidades cumplan la nueva ley. La idea es también enviar un mensaje a las universidades e institutos superiores públicos: No culpen a la gente de los pecados de otras personas.
“Creo que es algo bastante razonable”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Chris Sprowls, a los periodistas en marzo. “Ese es el mensaje que intentamos enviar”.
Pero los opositores ven las cosas de otra manera. Lo ven como un intento de censurar las discusiones sobre temas que incomodan a algunas personas y que restringir la forma de enseñar la historia es un desprecio al pasado racista del país.
‘Esto es una venganza’
A nivel universitario, algunos lo ven como una represalia contra el profesorado que en los últimos meses se ha quejado de que las universidades restringen su libertad académica para evitar reacciones políticas.
Por ejemplo, un profesor de la Universidad de la Florida afirmó en diciembre que los funcionarios de la universidad habían pedido a los miembros del profesorado que no usaran las palabras “crítica” y “raza” en los planes de estudio para proteger la relación de la universidad con el estado. El profesor, Chris Busey, de la Facultad de Educación de UF, afirmó que las autoridades universitarias no querían “molestar a Tallahassee” porque los republicanos pretendían reprimir el concepto de teoría racial crítica y temas similares.
“Esto es una venganza por la gente que se expresa. Esto es una venganza para las personas que disienten de Tallahassee en este momento”, dijo Paul Ortiz, un profesor de historia de la Universidad de la Florida que se desempeña como presidente del capítulo en la UF del sindicato de profesores United Faculty of Florida.
La UF, que recientemente alcanzó una muy buscada clasificación entre las cinco mejores universidades públicas del país, también fue criticada el año pasado cuando prohibió temporalmente a tres profesores de ciencias políticas testificar en un litigio contra el estado. Aunque la UF dio marcha atrás, la agencia de acreditación de la escuela dijo que investigaría sus acciones para determinar si se violaron las normas de “influencia política indebida”.
En respuesta, los líderes legislativos republicanos aprobaron una ley para obligar a todas las universidades estatales a separarse de su actual acreditador, la Southern Association of Colleges and Schools (SACS).
“Creo que estamos un poco cansados de que los administradores de las universidades se escondan detrás del escudo de un acreditador y eso les permita hacer su trabajo sucio, o de que los acreditadores intenten necesariamente dictar cómo hacemos las cosas aquí en la Florida”, dijo Sprowls tras la aprobación de la medida.