Maestros de Miami-Dade iniciaron lucha por mantener el sindicato tras no superar la auditoría de afiliación
United Teachers of Dade (UTD), el sindicato de maestros más grande de la Florida, no cumplió los requisitos de una nueva ley estatal que requiere que al menos 60% de los miembros del sindicato paguen cuotas, lo que puso en marcha un proceso de descertificación que podría dejar a unos 30,000 educadores de las escuelas públicas de Miami-Dade sin representación.
En un comunicado enviado en exclusiva a Miami Herald el martes, el UTD confirmó que una auditoría independiente mostró que el número de empleados elegibles que eran miembros que pagaban cuotas sindicales no alcanzaba el umbral, a pesar de que el UTD añadió más de 800 nuevos miembros elegibles, “un crecimiento sin precedentes en los últimos cinco meses”.
En el comunicado, el UTD condenó los nuevos requisitos, afirmando que “no hemos alcanzado la nueva densidad de afiliación del 60% exigida por la onerosa ley antiobrera”.
El UTD no facilitó el recuento final de sus afiliados cuando Herald se lo pidió, pero, el 10 de noviembre, una semana antes de que el distrito iniciara su revisión, la cifra era del 58.4%.
Los resultados de la auditoría no descertifican inmediatamente al sindicato; en cambio, ponen en marcha una serie de pasos que el sindicato debe tomar para renovar su certificación con el estado. En primer lugar, el sindicato tendrá que demostrar que al menos 30% de su unidad de negociación quiere un sindicato y, a continuación, sus miembros tendrán que votar para seguir adelante con la certificación de UTD de nuevo.
El martes, el UTD confirmó que estaba recogiendo “tarjetas de muestra de interés” para cumplir el requisito inicial del 30%, aunque la dirección del sindicato le dijo a Herald que el esfuerzo había estado en marcha incluso antes de conocer el resultado de la auditoría. El UTD no respondió a la pregunta de cuántas tarjetas había recogido hasta el momento.
De acuerdo con el comunicado, UTD le presentó su solicitud para renovar su certificación sindical al Comité de Relaciones de Empleados Públicos del estado (PERC) el lunes.
Si PERC determina que el sindicato reúne los requisitos para una elección de certificación —después que haya demostrado que al menos 30% de sus miembros quieren representación—, el sindicato celebrará una votación en busca de la recertificación y deberá superar al menos 50% de apoyo para obtenerla.
Sin embargo, el próximo año tendrá que demostrar que alcanzó el umbral dl 60% para seguir certificado, lo que podría alimentar un ciclo interminable.
No obstante, el sindicato le dijo al distrito escolar que su “contrato actual se mantendrá en vigor mientras se celebran las elecciones obligatorias”, según el comunicado. Aún no está claro cuándo se celebrará la votación.
El distrito escolar también le dijo a Herald el martes que los funcionarios mantendrán “el statu quo” en sus relaciones con el sindicato y respetarán el contrato ratificado a principios de este año hasta que se tome una decisión sobre su certificación. (El sindicato negoció con éxito que sus miembros recibieran aumentos salariales de entre 7% y 10% en este curso escolar).
Nueva ley contra los sindicatos
La noticia del martes se produce meses después de que entrara en vigor una nueva ley promovida por el gobernador Ron DeSantis y los legisladores republicanos. La ley, el proyecto de ley 256 del Senado, aumentó a 60% el umbral de los miembros del sindicato que pagan y bloqueó a los sindicatos de sacar las cuotas directamente de los cheques de pago de los maestros.
Los partidarios de la ley dijeron que los nuevos requisitos pretenden aumentar la transparencia sobre los sindicatos. Los detractores de la ley, entre los que se encuentran líderes sindicales y demócratas, sostienen que se trata de un intento de “acabar con los sindicatos” para silenciar a los críticos.
Mientras tanto, los sindicatos de policías, bomberos y funcionarios de prisiones están exentos de la ley, lo que ha llevado a los sindicatos de maestros a argumentar que la ley es una represalia política y una violación de la Primera Enmienda, de la igualdad de protección y de los derechos contractuales.
Los sindicatos de maestros, en particular, criticaron constantemente al gobernador y a los republicanos por los cambios en la política educativa de los últimos años, que han limitado y, en algunos casos, prohibido lo que se puede o no se puede discutir en el aula. (Karla Hernández-Mats, presidenta de UTD, se presentó contra DeSantis en 2022 como compañera de fórmula del candidato demócrata a gobernador Charlie Crist. También es vicepresidenta de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT).
Antes de que la ley entrara en vigor, Hernández-Mats la calificó como “el proyecto de ley más atroz y antisindical presentado”.
El martes, dentro de la declaración, el UTD dijo que “condena enérgicamente las tácticas legislativas empleadas para erradicar nuestro sindicato y, lo que es más importante, para afectar negativamente a la clase trabajadora, en particular a los que ayudaron al mayor distrito escolar de la Florida a conseguir otra calificación A”.
A principios de este mes, las escuelas de Miami-Dade obtuvieron una calificación A para el año escolar 2022-23, la cuarta vez consecutiva que reciben la máxima puntuación.