Elecciones

Supremo de Florida decide que enmiendas en disputa se quedan en la boleta... y son complicadas

La boleta ya está lista: los floridanos votarán sobre 12 enmiendas en noviembre, después de que el Tribunal Supremo del estado anulara definitivamente una impugnación final a tres enmiendas propuestas.

En una decisión emitida el 17 de octubre (solo tres semanas después de la elección), la Corte Suprema del estado respaldó la retención del trío de enmiendas “agrupadas” propuestas por la Comisión de Revisión de la Constitución (CRC), y rechazó los argumentos de que la práctica de reunir diferentes propuestas en una votación única era ilegal.

Si bien no todos los jueces estuvieron de acuerdo en que la práctica de “intercambio de votos” era sólida, todos estuvieron de acuerdo con la decisión de revertir un fallo de la corte de circuito que había eliminado esos artículos de la boleta electoral.

Eso significa que los votantes decidirán, entre otros temas, si ofrecerán matrícula universitaria a los familiares de los rescatistas y militares muertos en acción y si permitirán que algunos cambios en la ley penal se apliquen de manera retroactiva a los delitos cometidos antes de que se modificara la ley. Tendrán que decidir sobre múltiples temas con un solo voto, como aprobar una prohibición que incluye prohibir el uso de cigarrillos electrónicos en interiores y, además, las perforaciones petroleras en busca de petróleo y gas en aguas estatales, o negarse a los dos.

Si bien no todos los jueces estuvieron de acuerdo en que la práctica de “éxito de carrera” era acertada, todos coincidieron con la decisión de revertir un fallo de la corte de circuito que había eliminado esos ítems de la boleta electoral.

El desafío original abordó las seis propuestas “agrupadas” de la comisión constitucional, pero la decisión del alto tribunal solo afectó a la mitad de ellas, porque ya había dictaminado el mes pasado sobre el estado legal de las otras tres.

Estas son las tres enmiendas que estaban en la disputa:

Enmienda 7, que reuniría tres propuestas, brindando matrícula universitaria a familiares de los socorristas y militares muertos cumpliendo el deber. Requiere que los fideicomisarios de la universidad acuerden una mayoría de dos tercios para aumentar las tarifas universitarias (sin incluir la matrícula) e incluiría el sistema universitario estatal en la Constitución de Florida. Las universidades están en la Constitución del estado, pero las universidades estatales o colleges (también conocidas como universidades comunitarias) no lo están.

Enmienda 9, que requeriría que los votantes aprueben la perforación de petróleo y gas en aguas estatales, además de una prohibición de fumar cigarrillos electrónicos en lugares cerrados, o rechazar ambas.

Enmienda 11, que eliminaría parte de una cláusula de la Constitución que impide a los “extranjeros no elegibles para la ciudadanía” poseer propiedades, así como redactar un texto que apruebe un sistema ferroviario de alta velocidad. También eliminaría la cláusula conocida como “Savings Clause” del estado, que prohíbe aplicar retroactivamente la enmienda de un estatuto penal a la sentencia por un delito cometido antes del cambio, y aclararía que la derogación de un estatuto penal no necesariamente afectaría el procesamiento de ese delito cometido previamente.

Un escrito de quo warranto (para evitar abuso de autoridad) determina “si un funcionario estatal o agencia ha ejercido indebidamente un poder o derecho derivado del estado”, escribieron los jueces. “Los que hacen la apelación no hacen valer ni intentan argumentar en la petición que [el Secretario de Estado Ken Detzner] ejerció indebidamente su poder o el derecho de asignar posiciones de votación a las revisiones del CRC que fueron impugnadas. Más bien, la petición reconoce expresamente, de conformidad con la ley de Florida, que el Secretario posee la autoridad para tomar tal decisión”.

La mayoría de la corte también sostuvo que las enmiendas “no son defectuosas al agrupar medidas independientes y no relacionadas. Finalmente, sostenemos que el lenguaje electoral de la Enmienda 11 no engaña a los votantes con respecto al efecto legal de la enmienda”.

En una segunda opinión concurrente, los tres jueces restantes, Barbara Pariente, Peggy Quince y R. Fred Lewis, no disputaron el fallo porque los peticionarios “no presentaron una reclamación adecuada para emitir un recurso de quo warranto”, sino que enfrentaron la decisión de la comisión de agrupar las propuestas.

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