Estados Unidos

El 2016 concluye sin una reforma migratoria, pero Trump traerá el cambio

Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos supervisa la repatriación de un grupo de inmigrantes mexicanos indocumentados desde Arizona.
Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos supervisa la repatriación de un grupo de inmigrantes mexicanos indocumentados desde Arizona. AP

Por años, los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes, los legisladores federales y dos presidentes han intentado promulgar una ley de reforma migratoria integral que hubiera legalizado a los 11.1 millones de indocumentados en el país.

Todos han fracasado.


Ahora, la perspectiva de una ley que legalice a millones de indocumentados, dándoles residencia permanente y luego un camino a la ciudadanía, es tal vez más remota que nunca.

¿Que fue lo que pasó?

Lo que pasó fue que Donald Trump fue elegido Presidente, en gran medida por una promesa de campaña de deportar a todos los inmigrantes indocumentados, poner fin a la inmigración ilegal y favorecer ante todo a los ciudadanos de Estados Unidos.

Aunque Trump suavizó su postura hacia los inmigrantes ilegales después de las elecciones, es muy improbable que el republicano vaya a apoyar cualquier retorno a los esfuerzos previos de los presidentes Barack Obama y George W. Bush, quienes respaldaron la legalización de la mayoría de los inmigrantes indocumentados en el país.

De hecho, los activistas que buscan controles de inmigración más estrictos creen que Trump finalmente buscará una revisión de las leyes y políticas migratorias con el propósito de reducir la inmigración legal poniendo fin a lo que los críticos llaman “la migración en cadena”.


Bajo la actual ley de inmigración, los ciudadanos estadounidenses pueden reclamar a cónyuges e hijos menores de edad, así como padres extranjeros, hermanos e hijos adultos solteros. A su vez, después de que esos familiares llegan a Estados Unidos y se conviertan en ciudadanos, también pueden reclamar a sus propios cónyuges extranjeros, hijos menores, padres, hermanos e hijos solteros adultos, y así sucesivamente.

Roy Beck, fundador y presidente de NumbersUSA, dijo recientemente que la inmigración legal podría reducirse en un 50 por ciento si se pone fin a la migración en cadena. Según las cifras oficiales más recientes, por lo menos un millón de extranjeros obtienen visas de residencia permanente anualmente.

A pesar de que Trump es el primer candidato presidencial en hacer de la inmigración la pieza central de su campaña, por ende elevando el perfil del tema, las leyes de inmigración siguieron sin grandes cambios en el 2016.

Cerca de 750,000 jóvenes inmigrantes, conocidos como Dreamers, todavía están protegidos contra la deportación por un indulto temporal renovable que fue promulgado por Obama en el 2012.

Aunque fracasó, Obama quiso extender la protección de los Dreamers a más de cuatro millones de inmigrantes indocumentados cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

Un juez federal en Brownsville, Texas bloqueó la medida y finalmente la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a eliminar la acción del juez.


En tanto, siguen vigentes los memorandos emitidos en el 2010 que ofrecen protección discrecional contra la deportación a millones de inmigrantes indocumentados, al igual que la decisión de las autoridades de inmigración de no obligar agresivamente a los gobiernos extranjeros a aceptar la repatriación de sus ciudadanos deportados.

Entre los gobiernos que se niegan a la repatriación de sus nacionales deportados por Estados Unidos está el de Cuba.

Más de 35,000 cubanos con antecedentes penales han recibido órdenes de deportación a través de los años, pero permanecen en Estados Unidos porque Cuba no acepta su repatriación.

Los únicos cubanos con órdenes de deportación que La Habana acepta son aquellos cuyos nombres aparecen en una lista de 2,746 acordada bajo la administración del presidente Ronald Reagan en 1984.

Otros dos temas migratorios que no quedaron resueltos incluyen los visitantes que llegan con visas de turismo y luego se quedan a vivir y trabajar ilegalmente en EEUU, y los reingresos en repetidas ocasiones de extranjeros previamente deportados.

Los expertos afirman que por lo menos el 40 por ciento de los 11.1 millones de inmigrantes indocumentados en el país se han quedado a vivir y trabajar en Estados Unidos ilegalmente luego de haber llegado con visas de turista.


A principios del 2016, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) publicó un informe sobre el problema de visitantes extranjeros que exceden la estadía autorizada en sus visas que por primera vez proporcionó datos específicos sobre salidas y entradas de viajeros internacionales.

El informe dice que DHS ha hecho un “progreso significativo” en la identificación de las tasas de visitantes extranjeros que violan las condiciones de sus visas y las limitaciones que la agencia confronta como resultado del hecho de que los aeropuertos y puestos fronterizos y portuarios no tienen controles de salida. En otras palabras, cuando los visitantes extranjeros salen de Estados Unidos, su salida no es verificada por funcionarios de control de pasaportes.

El principal hallazgo del informe es que, a pesar de la percepción de que muchos extranjeros con visa de turista se quedan ilegalmente, al menos en el año fiscal 2015 que corrió del 1º de octubre del 2014 al 30 de septiembre del 2015, más del 98 por ciento de los 44.9 millones de personas que llegaron con visas temporales de turismo se marcharon del país antes de que expiraran sus visas.

“De este número, el DHS calculó una tasa de violaciones de visas de 1.17 por ciento, o 527,127 personas”, dice el informe. “En otras palabras, el 98.83 por ciento salió de Estados Unidos a tiempo y cumpliendo con los términos de su estadía”.

Mientras tanto, el tema de los repetidos regresos de deportados es probablemente el que más desafíos representa, porque expone en toda su realidad la porosidad de la frontera y lo defectuoso del sistema de inmigración.


Dan Cadman y Jessica Vaughan del Centro de Estudios de Inmigración (CIS), que han investigado el tema, estiman que alrededor del 25 por ciento de todos los extranjeros detenidos anualmente por las autoridades de inmigración son indocumentados que han sido previamente deportados.

Si esta evaluación es correcta, esto significa que por lo menos 115,597 de los 462,388 extranjeros arrestados en el año fiscal 2015 habían sido previamente deportados. Las cifras para el 2015 son las más recientes que están disponibles públicamente.

Aunque no hubo cambios en la ley de inmigración durante el 2016, el futuro es muy incierto para los inmigrantes-- tanto los legales como los ilegales --debido a la elección de Trump.

El temor se ha apoderado de millones de indocumentados debido a las reiteradas amenazas de Trump durante la campaña-- que suavizó después de las elecciones --de que millones de sin papeles serían deportados.


A pesar de que muchos activistas de inmigración han implorado a los alcaldes de las grandes ciudades a prohibir la cooperación de sus departamentos de policía con ICE en la deportación de inmigrantes, quizás la idea más práctica que ha surgido del llamado movimiento santuario es la de recaudar millones de dólares entre los simpatizantes de los indocumentados para contratar abogados que los defiendan en las cortes de inmigración si los tratan de deportar. Si todos los 11.1 millones de indocumentados contratan un abogado, el proceso bien podría llevar decenas de años en los ya atestados tribunales migratorios.

Siga a Alfonso Chardy en Twitter: @AlfonsoChardy

  Comentarios