Trump y la detención de inmigrantes, una medida que costará miles de millones extra

Durante su primera semana a cargo del gobierno, el presidente Donald Trump lanzó un ambicioso plan para intensificar la aplicación de las leyes migratorias.

Aunque ha habido una amplía discusión acerca del costo de la construcción de un muro a lo largo de la frontera de 2,000 millas con México, no ha habido el mismo enfoque hacia el impacto financiero que tendría su propuesta de eliminar la política de “atrapar y liberar” (catch and release), lo que significaría que aquellos que han sido detenidos por entrar al país ilegalmente permanecerán detenidos hasta que comparezcan ante una corte.

Para implementar ese programa Trump necesitaría duplicar o triplicar el presupuesto de $2,200 millones que el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) destina para las detenciones, de acuerdo a cálculos hechos por el Servicio de Noticias de McClatchy. El dinero adicional sería necesario para construir más cárceles y contratar más empleados.

“Estamos hablando de miles de millones de dólares”, dijo Muzaffar Chishti, director del Instituto de Política Migratoria de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. “Los estadounidenses se han calado muchas cosas con respecto a la aplicación de medidas migratorias desde el 9/11. El asunto es que la administración de Trump también está tratando de reducir el déficit. Es muy difícil hacer ambos, reducir el déficit y tener una gigantesca expansión de la maquinaria migratoria”.

Trump ha emitido una serie de directrices enfocadas en reducir el número de extranjeros viviendo ilegalmente en Estados Unidos, que está estimado en 11 millones de personas. Esos planes incluyen la construcción de un muro fronterizo y la incorporación de 5,000 agentes a la fuerza policial de fronteras, medidas que costarán dinero.

Acabar la política de “atrapar y liberar” también representa un desafío legal. Las cortes federales han intervenido para limitar las detenciones largas por infracciones migratorias. Basados en una decisión del 2001 de la Corte Suprema de EEUU, la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia del Departamento de Seguridad Interna responsable de hacer cumplir las leyes migratorias, tiene hasta seis meses para deportar o liberar a los inmigrantes una vez que sus casos son decididos. Pero abogados de inmigración han dicho que muy pocas veces la agencia cumple con este requisito.

Además, una decisión de una corte federal en 2015 limita la detención de niños y padres a solo 20 días, muy poco tiempo para resolver sus casos migratorios.

La detención de miles de personas adicionales solo va a agravar la situación de cientos de miles de personas cuyos casos atrasados todavía están siendo considerados por las cortes de inmigración.

El presidente ha caracterizado sus órdenes migratorias como un asunto de seguridad nacional que intenta detener el flujo de drogas, crímenes e inmigrantes ilegales que entran a Estados Unidos. “Vamos a restaurar el cumplimiento de las leyes en Estados Unidos”, dijo Trump ante un grupo de empleados del DHS tras emitir la orden migratoria. “A partir de hoy, Estados Unidos toma el control de sus fronteras”.

Pero cumplir estos objetivos va a requerir más que fuertes discursos. Trump va a necesitar que el Congreso abra la billetera de Estados Unidos.

Los costos anticipados para reformar el sistema migratorio ya llegan a los miles de millones. El muro va a costar entre $8,000 millones y $10,000 millones o quizás mucho más. Contratar agentes de inmigración adicionales también va a costar miles de millones. La propuesta de presupuesto para 2017 del DHS busca obtener $7,000 millones adicionales para pagar más de 40,000 agentes.

Trump ha recibido el apoyo de legisladores clave como el presidente del Congreso Paul Ryan, republicano por Wisconsin, que describió el muro fronterizo como “un asunto de seguridad nacional”.

Determinar el costo total que representa detener a todo sospechoso de violar la leyes migratorias es complejo.

El DHS arrestó a 400,000 personas el año pasado, pero no todos estuvieron detenidos por largos periodos de tiempo. Muchos fueron removidos inmediatamente. Se estima que el número de personas detenidas al mismo tiempo llegó a los 80,000.

“Una instalación para 2,000 personas dentro de nuestro sistema es una instalación gigante. Se van a necesitar 36 de ese tamaño para llegar cerca de la cifra estimada”, dijo Mary Small, directora de política del Detention Watch Network, un grupo de apoyo. “Y eso es si estamos hablando de las que se consideran instalaciones gigantes dentro de nuestro sistema”.

Los cálculos son basados en asignaciones presupuestarias actuales, estimados del Congreso y entrevistas con ex funcionarios del gobierno y expertos que han estudiado la orden y están familiarizados con el complejo sistema migratorio de EEUU.

En Gary, Illinois, cerca de Chicago, líderes de la ciudad solicitaron $80 millones para construir un centro de detención con 800 camas en un terreno de 24 acres frente al Aeropuerto Internacional O’Hare. Se necesitarían 90 de esas instalaciones para tener suficientes camas para el estimado de personas detenidas. Incluso si el gobierno construye 12 instalaciones de ese tamaño, representaría un gasto extra de $1,000 millones.

Trump ya ha tomado medidas para crear más espacio en las cárceles para detener y deportar a miles de personas. ICE firmó un contrato el año pasado para convertir una cárcel con 1,116 camas en el Condado Cibola, Nuevo México, en un centro de detención de inmigrantes. ICE recientemente extendió un contrato con Corrections Corp. of America, ahora conocido como CoreCivic Co., por una instalación de 2,400 camas en Texas. También está en el proceso de transformar una cárcel en Youngstown, Ohio.

En su orden ejecutiva, el presidente descartó la idea de ofrecer categorías de protección de inmigrantes y expandió la definición de quién es considerado un delincuente para incluir a aquellos que no solo han sido condenados de un delito, sino a aquellos que han sido acusados formalmente o incluso son sospechosos de haber “cometido acciones por los que pueden ser acusados de un hecho delictivo”.

La necesidad de tener más centros de detención ha sido vista como una oportunidad por las compañías de cárceles privadas. Después que Trump ganó las elecciones, las acciones en la bolsa del GEO Group, radicado en Florida, subieron 21%. Otra compañía privada de prisiones, CoreCivic Co., ha visto como sus acciones han subido 43% en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Chishti, el director del Instituto de Política Migratoria, mencionó que el gobierno de Obama se alejó de la posibilidad de trabajar con prisiones privadas. Como candidato, Trump dijo que el apoyaría tener más prisiones administradas de forma privada, lo que podría generar un aumento del cabildeo a favor de esta opción en Washington.

“La gente considera que es una industria que está creciendo”, dijo Chishti. “Se puede ver que se avecinan cambios”.

Esta historia fue publicada originalmente el 13 de febrero de 2017, 11:46 a. m. with the headline "Trump y la detención de inmigrantes, una medida que costará miles de millones extra."