Estados Unidos

Nuevas regulaciones migratorias facilitan las deportaciones

Un inmigrante indocumentado entra a un vehículo de la patrulla fronteriza de Estados Unidos después de ser detenido en la ribera del río Colorado correspondiente a California.
Un inmigrante indocumentado entra a un vehículo de la patrulla fronteriza de Estados Unidos después de ser detenido en la ribera del río Colorado correspondiente a California. Getty Images

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) John Kelly ha emitido órdenes definitivas que permitirían a funcionarios de inmigración deportar decenas de miles más de extranjeros que están viviendo en el país.

Las órdenes definitivas, distribuidas a los directores de agencias el lunes, eliminan protecciones implementadas por la administración de Obama que fueron diseñadas para proteger a aquellas personas que estaban aquí ilegalmente pero que no habían cometido otros delitos.

Aunque las directivas establecen que no hay clase protegida alguna de inmigrantes, funcionarios del DHS enfatizaron el martes a los periodistas que las personas jóvenes que fueron traídas ilegalmente al país cuando eran niños conservarían su estatus de protección.

Una de las órdenes exime específicamente de deportación a los inmigrantes que en estos momentos están protegidos por la Ley de Acción Diferida para Personas Llegadas en su Niñez (Deferred Action for Childhood Arrivals) de Obama. Dicho programa se proponía proteger a aquellas personas que fueron traídas a Estados Unidos sin documentación cuando eran niños, y que esencialmente se criaron aquí. De acuerdo con el programa, estas personas no pueden ser deportadas durante un plazo de dos años y se les concede permiso de trabajo.

Las órdenes definitivas son muy similares a borradores con fecha del viernes que McClatchy había obtenido durante el fin de semana, pero que funcionarios de la Casa Blanca insistieron en que no habían recibido todavía la aprobación definitiva de la Casa Blanca.


Las directivas permiten que se saque del país con rapidez a cientos de miles de “extranjeros deportables” sin necesidad de una audiencia judicial. Además, las mismas eliminan las protecciones establecidas para los niños que llegaron a Estados Unidos como “menores de edad no acompañados” pero que luego se reunieron con familiares que vivían en Estados Unidos. Las nuevas órdenes presuponen la posibilidad de llevar a juicio a los padres de dichos niños por pagar a contrabandistas para que los trajeran al país.

“Los padres y familiares de estos niños, quienes a menudo están presentes de manera ilegal en Estados Unidos, pagan a menudo a los contrabandistas varios miles de dólares para que traigan a sus hijos a este país”, reza la orden.

Las dos directivas subrayan la manera en que será implementada la orden ejecutiva dada por el presidente Donald Trump el 27 de enero. Ambas fueron aprobadas por la Casa Blanca y distribuidas a los directores del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, entre otros.

Las directivas presuponen además que México cooperará por medio de recibir a inmigrantes que están detenidos en Estados Unidos pero que tienen derecho a una audiencia judicial antes de ser deportados. En estos momentos, los inmigrantes son puestos en libertad en Estados Unidos en espera de dichas audiencias.

De acuerdo con las nuevas directivas, no obstante, un inmigrante que haya sido capturado y que tenga derecho a una audiencia judicial será enviado de regreso a México, o en raras instancias a Canadá, mientras su caso esté pendiente en los tribunales de inmigración de Estados Unidos.

Ese plan provocó de inmediato las quejas de activistas defensores de los inmigrantes.

“Eso es inconcebible”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva de Centro Nacional de Leyes de Inmigración (National Immigration Law Center). “Supongo que México tendrá que acceder a esto. Y en ese caso me pregunto qué es lo que le van a ofrecer a cambio de, básicamente, ser coaccionado a hacer esto. Tengo la esperanza de que México actúe con más inteligencia”.


Más de 408,000 personas fueron capturadas el año pasado a lo largo de la frontera sur. La mayoría estaban huyendo de la pobreza y la violencia en Honduras, Guatemala y El Salvador, tres de los países más violentos del mundo.

La administración de Trump afirma que la ola de inmigrantes está agotando los recursos federales y creando “una vulnerabilidad significativa en la seguridad nacional”.

Miles de inmigrantes que fueron capturados en la frontera y luego puestos en libertad con fecha fijada para sus audiencias judiciales nunca se presentaron a las mismas. Los tribunales de inmigración están experimentando una cantidad atrasada histórica de casos de deportación. Kelly dijo que en estos momentos hay 534,000 casos de inmigración pendientes en los tribunales, un aumento del 200 por ciento con relación al año fiscal 2004.


Las directivas presuponen asimismo la contratación de 10,000 agentes más para hacer cumplir las leyes de inmigración fuera de la frontera y expanden enormemente la cantidad de personas que pueden ser deportadas de inmediato después de su captura.

En estos momentos, la llamada deportación acelerada solamente se permite en el caso de personas que sean capturadas dentro de una distancia de 100 millas de la frontera y que hayan estado en el país 14 días o menos. De acuerdo con las órdenes de Kelly, ese período se extendería a dos años e incluiría a cualquiera que sea capturado en cualquier lugar de los Estados Unidos.

Abogados de los grupos de derechos de inmigración ya están debatiendo cómo responderán a las nuevas directivas. Hincapié considera que es posible que haya demandas judiciales relacionadas con la expansión de la deportación acelerada, casos de asilo y la dificultad adicional de demostrar la posibilidad de temor creíble en los casos de asilo. Una de las cuestiones que están siendo discutidas es si se deberá comenzar las litigaciones ahora frente a la orden ejecutiva o si se debe esperar a que la administración de Trump comience a implementar medidas que ellos consideren como violaciones.

“Tendremos que tomar una decisión juiciosa”, dijo Hincapié.

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