Crece polémica por ley para fusilamientos en Utah
La reinstauración del pelotón de fusilamiento para ejecutar a los condenados a muerte en el estado de Utah enfrenta hoy a quienes la respaldan como una alternativa viable a la inyección letal y los que simplemente la consideran una barbaridad.
“El pelotón de fusilamiento es un método de ejecución brutal y bárbaro”, afirmó la directora de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Utah, Karen McCreary, tras su reciente aprobación por el gobernador Gary Herbert.
“Los que se oponen a este proyecto de ley son los mismos que se oponen a la pena de muerte, y esa decisión ya está tomada en nuestro estado”, aseveró por su lado Marty Carpenter, una portavoz de la Gobernación de Utah, en respuesta a la polémica surgida con la nueva norma.
El gobernador de Utah, el republicano Gary Herbert, firmó este lunes la reinstauración del uso de un pelotón de fusilamiento para ejecutar a los presos condenados a muerte en caso de que el estado no disponga de inyecciones letales, cuyos suministros escasean en todo el país.
No es el único estado que ha adoptado medidas similares: Tennessee reinstauró el año pasado el uso de la silla eléctrica como método de ejecución, los legisladores de Arkansas también discuten sobre la posibilidad de volver al pelotón de fusilamiento, mientras que en Oklahoma valoran reinstaurar la cámara de gas.
Todos ellos mantienen como prioritaria la inyección -el método usado en 1,229 de las 1,404 ejecuciones ocurridas en todo el país desde que en 1976 se reinstauró la pena capital-, pero ya preparan un futuro en el que no sean capaces de obtener los medicamentos necesarios para la mezcla letal, cada vez más inaccesibles.
Los problemas con el suministro de las sustancias que se usan en las inyecciones empezaron en el 2011, cuando la empresa estadounidense Hospira dejó de producir el componente esencial de la mezcla. Desde entonces se han probado fórmulas nuevas, que el año pasado fallaron en tres ocasiones provocando sufrimiento prolongado en esos presos antes de la muerte.
Además, muchas empresas farmacéuticas se niegan a vender medicamentos para ejecuciones, ya que no quieren que se asocie su marca con la pena capital.
A causa de las ejecuciones fallidas del 2014, el Tribunal Supremo federal está analizando ahora la legalidad de algunas de estas sustancias utilizadas en los últimos tres años mientras estados como Oklahoma, Florida u Ohio mantienen paralizadas sus ejecuciones.
“Lamentamos que alguien cometa un homicidio agravado que merezca la pena de muerte, y preferimos utilizar la inyección letal con sentencias de este tipo -agregó Carpenter-. Sin embargo, cuando un juez firma una orden de ejecución, cumplirla es una obligación para el poder ejecutivo”.
El pelotón de fusilamiento no es nuevo para Utah, ya que se trata del único estado que ha utilizado este procedimiento de ejecución desde 1976, concretamente en tres ocasiones, la última en el 2010 con Ronnie Lee Gardner.
Aunque en 2004 decretó la inyección letal como único método, los condenados a muerte antes de ese año aún pueden elegir si prefieren hacerlo así o por fusilamiento.
El director ejecutivo del observatorio Death Penalty Information Center, Robert Dunham, relativizó a Efe la trascendencia de la ley aprobada en Utah.
“No se trata de disparar a los presos porque las inyecciones no están funcionando, es el caso de un estado que tiene una historia de ejecuciones con pelotón de fusilamiento y decide volver a su práctica anterior como alternativa”, dijo.
Pese a ese matiz, Dunham aseveró que lo aprobado en Utah es “inquietante” ya se trata de un “método muy violento”.
Esta historia fue publicada originalmente el 24 de marzo de 2015, 8:30 p. m. with the headline "Crece polémica por ley para fusilamientos en Utah."