Derogar la Ley Jones ayudaría a Puerto Rico, pero afectaría a la Florida

En momentos que el debate sobre la Ley Jones suena fuerte en Washington, legisladores de la Florida se enfrentan a una opción difícil.

Al tiempo que legisladores tanto demócratas como republicanos de la Florida exhortan al gobierno federal a hacer todo lo posible por ayudar a Puerto Rico, también son los beneficiarios de una ley que protege a la industria del transporte marítimo de la Florida a costa de la isla, un dilema político en un estado donde viven más de 1 millón de puertorriqueños.

La Ley Jones, de 1920, tiene por fin proteger a los intereses estadounidenses de potencias extranjeras. También conocida como la Ley de Marina Mercante, estipula que los bienes entregados entre puertos estadounidenses deben transportarse en barcos construidos en Estados Unidos, de bandera norteamericana y tripulación formada por estadounidenses o residentes permanentes.

Tratar de derogar permanentemente la ley indudablemente tendría el apoyo de la comunidad puertorriqueña de la Florida y los electores que apoyan los esfuerzos de recuperación en la isla, pero pudiera afectar al sector de transporte marítimo del estado y miles de empleos.

El sector de transporte marítimo nacional es enorme en la Florida, y genera 52,140 empleos y $9,600 millones a la economía estatal, según un estudio de PricewaterhouseCoopers en el 2014. El Puerto de Jacksonville es de donde salen los barcos con destino a Puerto Rico y la Florida ocupa el segundo lugar entre todos los estados con una industria de transporte marítimo nacional.

“Nuestra prioridad es asegurar que el pueblo de Puerto Ruco reciba los recursos que necesita para recuperarse y reconstruir la isla a corto y largo plazos”, dijo el representante John Rutherford, republicano por Jacksonville. “El Puerto de Jacksonville y la industria de transporte marítimo en el noreste de la Florida son de una importancia crítica para estos esfuerzos, y así ha sido desde hace varios decenios. La Ley de Marina Mercante fortalece el comercio mediante la promoción de la inversión en la infraestructura que asegure el transporte fiable y rápido entre Jacksonville y Puerto Rico”.

Los que se oponen a la ley, entre ellos la representante neoyorquina Nydia Velázquez y el senador John McCain, de Arizona, alegan que la ley encarece los bienes en islas como Puerto Rico, lo que dificulta que ese territorio demore más en recuperarse del huracán María.

“Nuestro proyecto de ley exentaría permanentemente a Puerto Rico de la Ley Jones, una ley anticuada y proteccionista que ha hecho aumentar los costos y abrumado la economía puertorriqueña”, dijo McCain en un comunicado tras presentar la semana pasada un proyecto de ley para derogar la Ley Jones en lo relacionado con Puerto Rico. “Durante años he batallado para derogar completamente la Ley Jones, que ya cumplió su cometido de beneficiar a intereses especiales”.

Después de una semana de presión pública intensa, el presidente Donald Trump suspendió el miércoles pasado la aplicación de la ley durante 10 días en lo relativo a Puerto Rico, aunque dijo que “hay muchos transportistas marítimos y personas que trabajan en el sector que no quieren que se derogue la Ley Jones”.

El representante Darren Soto, el primer representante puertorriqueño de Florida en la Cámara de Representantes federal, reconoció las dificultades de derogar la Ley Jones. Soto quiere que el gobierno de Trump implemente una suspensión temporal adicional de la ley, en vez de derogarla completamente.

“A largo plazo, no creo que sea una decisión de todo o nada”, dijo Soto. “Es uno de esos asuntos en que la Florida se beneficia de la Ley Jones y Puerto Rico no se beneficia. No tenemos que eliminarla completamente, pero 10 días de suspensión es muy poco. Yo espero que necesitaremos servicios de emergencia en Puerto Rico durante aproximadamente un mes, de manera que vamos a necesitar un suspensión temporal más prolongada”.

Cuando el huracán María devastó Puerto Rico, la suspensión de la Ley Jones se convirtió en el grito de batalla de legisladores de ambos partidos.

“La Ley Jones... lo encarece todo”, dijo Velázquez. “Uno de los principales problemas que tenemos en este momento es la disponibilidad de combustible en Puerto Rico.”

Intereses del transporte marítimo gastan millones todos los años en cabildear en Washington para proteger la Ley Jones. Según los registros de cabildeo del Senado, 47 grupos han cabildeado en el Congreso sobre la Ley Jones en el 2017.

El sector den transporte marítimo también contribuye a las campañas de legisladores de los dos partidos en la Florida. Por ejemplo, la Asociación de Oficiales Marítimos de Estados Unidos, el mayor sindicato de oficiales de la marina mercante en el país, contribuyó más de $550,000 a legisladores federales durante las elecciones del 2016. Los republicanos por Miami Ileana Ros-Lehtinen y Mario Diaz-Balart recibieron $10,000 cada uno del manos de sindicato, mientras que el senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Bill Nelson recibieron $2,500 cada uno del sindicato.

Nelson, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Transporte del Senado, es desde mucho un defensor de la Ley Jones. En el 2012 escribió una carta en que reafirmó su apoyo a la ley ante la American Maritime Partnership, un grupo de interés que representa al sector nacional del transporte marítimo.

“La Ley Jones fortalece nuestra industria marítima, que hace aumentar nuestra competitividad y nuestra seguridad nacional”, expresó Nelson en la carta . “Yo apoyo esta ley a la industria marítima”.

Los despachos de Nelson y Rubio no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si apoyan la derogación permanente de la ley en lo relativo a Puerto Rico debido al huracán María.

No hay ninguna señal de que el proyecto de ley de McCain para derogar la ley tendrá los votos suficientes en el Congreso. Un portavoz del senador Mike Lee, republicano por Utah, copatrocinador de la iniciativa de McCain, dijo que “no hemos asegurado una votación en el pleno, pero seguimos presionado por eso”.

“Hay dos categorías de personas que se han opuesto: una son las personas que se han opuesto tradicionalmente, representados por John McCain y los libertarios, y legisladores en cuyos distritos viven muchos puertorriqueños y quienes tratan de hacer lo posible por ayudar a Puerto Rico”, dijo un asesor de la industria del transporte marítimo familiarizado con las discusiones sobre la ley en el Congreso. “Esos grupos representan 10 por ciento del Congreso, y el 90 por ciento restante sencillamente trata de entender lo que sucede. Ellos han escuchado que la Ley Jones pudiera ser un impedimento a la recuperación de Puerto Rico”.

El asesor alegó que una transición de la Ley Jones en medio de un desastre afectaría mucho la recuperación de Puerto Rico, y que una derogación permanente afectaría a la Florida a largo plazo.

“Todas las empresas norteamericanas de transporte marítimo que prestan servicio a Puerto Rico tienen su sede en la Florida”, dijo el asesor. “La Florida es el segundo estado de mayor importancia en el país en materia de la Ley Jones y tiene el potencial de ser el primero”.

Pero los que se oponen a la ley alegan que Puerto Rico es afectado desproporcionadamente por los altos costos del transporte marítimo y señalan que las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que también fueron devastadas por el huracán María no están sujetas a la Ley Jones.

“El gobierno federal debe tener uniformidad en materia de los territorios bajo su control”, dijo Velázquez. “Yo apoyo eliminar permanentemente la Ley Jones”.

Esta historia fue publicada originalmente el 5 de octubre de 2017, 3:09 p. m. with the headline "Derogar la Ley Jones ayudaría a Puerto Rico, pero afectaría a la Florida."